EL GOBIERNO DECLARÓ LA GUERRA A LA PROTESTA SOCIAL
Himelda Ascanio
La Misión internacional de Observación emitió su Informe sobre violaciones de DDHH durante el Paro Nacional iniciado el 28 de abril, allí denuncia que los manifestantes reciben un trato de Guerra y son víctimas de una cacería retaliatoria por parte del Gobierno.
Monseñor Bruno-Marie Duffé Exsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, sostiene que “en Colombia hay una ruptura en la construcción en la solidaridad social y la Iglesia debe ofrecer los espacios para el diálogo para los sectores que quieren vivir y construir un futuro juntos, es necesario un Contrato Social para proteger la vida especialmente de los que están en el movimiento social”.
Monseñor Duffé fue uno de los integrantes de la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, conformada por 41 delegadas y delegados de 12 países, que en su visita del 3 al 12 de julio de este año sostuvo reuniones en once regiones del país, donde escuchó el testimonio de más de 70 organizaciones sociales, plataformas de defensa de Derechos Humanos (DDHH) y 318 testimonios directos de las Primeras Líneas, sindicatos, campesinos, colectivos de LGBTIQA+, mujeres, estudiantes y pueblos étnicos víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y organismos represores del Gobierno [1].
El Informe concluye que el Paro Nacional marca un punto de inflexión en la historia contemporánea de Colombia por el número de personas movilizadas, la persistencia y profundidad en sus demandas, cuyas causas estructurales producto del impacto del modelo económico siguen sin resolver; sofocado por una intensa represión estatal y paramilitar ante la negativa gubernamental de resolver los reclamos básicos de los manifestantes.
La Misión señala que el Gobierno utiliza técnicas de combate para someter y aniquilar la población movilizada y transeúntes bajo la figura del “Enemigo Interno”, cometiendo Crímenes de Lesa Humanidad como estos: 1) homicidios selectivos, 2) desaparición forzada, 3) ejecución extrajudicial, 4) detenciones arbitrarias, 5) tortura y tratos crueles, 6) abuso sexual, 7) violencia basada en género, 8) obstrucción a la labor de defensores, medios alternativos y brigadas médicas, 8) montajes judiciales e implantación de pruebas, 9) ataques y discursos estigmatizantes, 10) ordenes de mandos de Policía y de la Presidencia desconociendo las autoridades locales, y 11) la connivencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) con paramilitares.
Posteriormente al Paro Nacional el Gobierno continuó una política de terror contra la población movilizada, con actos de persecución constante y prolongada, señalamiento, estigmatización y estrategias de miedo a modo castigo con la intencionalidad de romper el tejido social y normalizar los crímenes, tanto por parte del Estado como por la población y organismos no gubernamentales.
El Informe determina como responsables a las FFAA, Ministerio de la Defensa, Presidencia de la República, paramilitares y empresarios que prestaron establecimientos comerciales como centros de tortura, desaparición forzada y/o asesinato, carros y ambulancias de las EPS para llevar armamento a la policía o paramilitares, además de discursos estigmatizantes y despido injustificado de trabajadores por participar en la protesta, así como a los monopolios de comunicación por el discurso de odio, criminalización y deshumanización de los manifestantes señalándolos como “vándalos” y “terroristas”.
El rol de la Fiscalía General de la Nación es la manipulación de datos de homicidios y de desaparición forzada, nula acción para judicializar e investigar a miembros de las FFAA, empresarios y paramilitares, además permitió que la Justicia Penal Militar aborde algunos casos de homicidios lo que perpetúa la impunidad estructural del Estado y la continuidad de los Crímenes de Lesa Humanidad.
La Misión aclara que no tiene el registro total de los casos de violaciones de DDHH por temor de las víctimas a la persecución, y porque la Policía sometió a las personas detenidas ilegalmente a canjear su libertad a cambio de no acudir a Medicina Legal, no instaurar denuncias y firmar un documento de “buen trato”.
La cacería y persecución de líderes y opositores
Patricia Pérez Ríos de 28 años, hacía parte a los procesos de reclamación de tierras en el municipio de Ciénaga, Magdalena, fue asesinada el 2 de octubre en el barrio el Jardín de esa localidad.
Aura Melba López García lideresa y Consejera de Economía y Producción de la organización Unipa, Yurani López Moreano Gobernadora del Resguardo Indígena Nunalbí Alto Ulbí y una integrante de la Asociación Productiva Granja El Maíz, pertenecientes al pueblo indígena Awá de la vereda El Pailón en la vía Pasto – Tumaco, en el municipio de Barbacoas, Nariño, el 2 de octubre fueron víctimas de amenazas.
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) denunció el 9 de octubre que narcoparamilitares amenazaron de muerte a los líderes y lideresas Herminso Vega, Cenen Cardoso, Jaime Tacora, Leonel Campos, Jhoan Machado, Edwin Henao, Orlando Pamo, Luis Eduardo y Flor Múnera, Secretaria técnica del Nodo Centro en el departamento del Tolima.
Andrés Narváez, Gilberto Pérez y Argemiro Lara, líderes campesinos que representan más de cien familias reclamantes de tierra del predio La Europa de Ovejas, Sucre, entre el 20 de septiembre y 3 de octubre han recibido constantes amenazas por narcoparamilitares que están retomando el control de la región de Montes de María; pese a que instauraron varias denuncias la Unidad Nacional de Protección les retiró sus esquemas de seguridad el 21 de mayo.
Rubén Darío Valencia Chico era comunero indígena del Resguardo Las Delicias, fue asesinado el 4 de octubre en la vereda Bello Horizonte de Buenos Aires, Cauca.
Jorge Antonio Loaiza era Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alea y miembro de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (Zrcpa), fue asesinado el 5 de octubre en la comunidad Nuevo Progreso de la inspección de Arizona en Puerto Caicedo, Putumayo.
Duberney Gómez Rodríguez era excombatiente en proceso de reincorporación, fue reportado como desaparecido desde septiembre, el 5 de octubre hallaron su cuerpo sin vida en Leiva, Nariño.
Arnobis Zapata Coordinador Territorial de la Asociación Campesina del sur de Córdoba (Ascsucor), denunció que el 6 de septiembre narcoparamilitares ingresaron a su casa en Tierralta, Córdoba, después de preguntar por él golpearon en la cabeza a su hijo de 14 años con un arma de fuego.
Robinson Jiménes Bautista Presidente de la Asociación de taladreros de Puerto Wilches y afiliado a la Subdirectiva de la Unión Sindical Obrera (USO) de Cantagallo, Bolívar, fue víctima el 6 de octubre de un atentado con arma de fuego donde le propinaron 7 impactos de gravedad, uno de ellos en el área cerebral; la USO había denunciado constantes amenazas contra el dirigente, sin que los organismos correspondientes tomaran medidas.
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[1] Informe Final, Misión SOS Colombia, 07-10-2021.