VIOLENCIA ESTATAL DESBORDADA CONTRA LA PROTESTA SOCIAL
Himelda Ascanio
La colusión entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y los narcoparamilitares dieron trato de Guerra a las legítimas manifestaciones del Paro Nacional iniciado el 28 de abril, Crímenes de Lesa Humanidad que el régimen encubre y mantiene en absoluta impunidad.
El Banco de Datos de Derechos Humanos (DDHH) y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el 23 de septiembre presentó la Revista Noche y Niebla N°63 sobre las violaciones de DDHH, Violencia Política y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el primer semestre del 2021, Javier Giraldo SJ el Director del Banco de Datos afirmó que:
“Pareciera que todos los años repitiéramos el mismo informe, tratamos de registrar los contextos y circunstancias para ilustrar la magnitud de las prácticas genocidas contra poblaciones y sectores sociales determinados; en el Paro Nacional la violencia de Estado se desbordó y desapareció el Estado de Derecho con el desmoronamiento de todas sus estructuras; durante y después de las manifestaciones multitudinarias y pacíficas las Fuerzas Armadas (FFAA) sostienen una cacería de manifestantes, lo que imposibilita recoger y sistematizar todos los casos.
Esta situación es muy preocupante porque cuando se acalla la protesta social resultan nuevas formas de violencia; los jóvenes que se manifestaron son las generaciones sin futuro, se les debe buscar una solución urgente: que exige cambiar las estructuras económicas y militares, no acallarlos con la Guerra como lo está haciendo el Estado.
Hay propagación y mezcla de varios grupos armados como los tradicionales paramilitares e incluso estatales, por ejemplo, en Urabá y el Bajo Atrato se ha podido comprobar que los Batallones y Brigadas del Ejército utilizan brazaletes del ELN, disidencias y del narcotráfico lo que genera gran confusión en las comunidades campesinas” [1].
Las FFAA principales violadoras de los DDHH
La Revista registra que la persecución política y el abuso de autoridad deja como saldo 1.177 crímenes: 276 amenazas, 19 desapariciones forzadas, 395 detenciones arbitrarias, 53 asesinatos, 366 lesiones físicas, 43 torturas, 24 casos de violencia sexual y una judicialización; las Fuerzas Militares son responsables de 1.043 crímenes, 926 fueron perpetrados por la Policía Nacional y 134 sus aliados los narcoparamilitares [2].
En relación a la violencia político social perpetraron 441 agresiones: 85 amenazas, 200 asesinatos, 15 atentados, 101 heridos, 17 secuestros, 19 torturas y 4 casos de violencia sexual.
Las regiones más afectadas son Santander con 304 agresiones, Bogotá con 149, Cauca con 107, Boyacá con 106, Cundinamarca con 97 y Valle del Cauca con 84; los sectores más victimizados fueron el campesino con 63, indígenas 35, comunales 31, Lgbtiq+ 20, defensores de DDHH, las brigadas médicas 20 y 892 manifestantes del Paro Nacional.
Persecución y exterminio de líderes y defensores
Julieth Guzmán coordinadora de la plataforma de mujeres de Tierralta, Córdoba denunció que más de 20 lideresas sociales se encuentran amenazadas de muerte y estigmatizadas de pertenecer a la guerrilla.
El Senador Alexander Maya y otros integrantes del Polo Democrático Alternativo, el 21 de septiembre denunciaron amenazas de muerte por narcoparamilitares.
La Senadora Aida Avella de la Unión Patriótica, el 22 de septiembre denunció que su oficina en las instalaciones del Congreso fue violentada.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev), el 22 de septiembre denunció que cinco de sus integrantes en Palmira, Valle del Cauca, fueron objeto de amenazas por narcoparamilitares.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció una incursión de narcoparamilitares en la comunidad de La Palma, Resguardo de Burujon en San Juan, Chocó el 23 de septiembre, aseguraron que se dirigen hacia las comunidades de San Bernardo, Guarataco, Unión Agua Clara, Buena Vista, Nalde y Tio Cilirio.
Dilio Bailarín era miembro del Resguardo Indígena Alto Guayabito del Pueblo Embera Eyabida, en el 2020 fue amenazado de muerte junto a cinco líderes, el 16 de septiembre fue asesinado en las orillas del río Jiguamiandó en el Carmen del Darién, Chocó.
El 18 de septiembre en el corregimiento de Mateguadua en Tuluá, Valle del Cauca, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales.
Manuel Mena Viveros excombatiente en proceso de reincorporación, fue asesinado el 19 de septiembre en el barrio El Futuro en Quibdó, Chocó.
José Lisandro Cayapú, comunero indígena del Resguardo de Caldono ubicado en la vereda Crucero Rosario del corregimiento de Siberia, fue asesinado el 19 de septiembre en el municipio Caldono, Cauca.
José Luis Pai Taicus y Jovanny Javier García Guanga eran comuneros indígenas del pueblo Awá de los Resguardos Quejuambi Feliciana y Hojal la Turbia en Tumaco, Nariño, reportados como desaparecidos el 19 de septiembre, al día siguiente fueron encontrados sus cuerpos sin vida y con señales de tortura, entre el corregimiento de Junín y El Diviso en Tumaco, Nariño.
David Aricapa de 26 años, era comunero del pueblo Nasa perteneciente al Resguardo de López Adentro ubicado entre Caloto y Corinto, Cauca, fue asesinado el 20 de septiembre el Resguardo Toéz en Caloto.
María Nancy Ramírez Pulgarín de 57 años, pertenecía a la Asociación de Institutores de Antioquia y era educadora en el instituto Porfirio Barba Jacob de la vereda La Lomita, corregimiento de San Pablo en Rosa de Osos, Antioquia, fue asesinada el 20 de septiembre cuando se dirigía al trabajo.
Marco Tulio Chanagá Herrera de 86 años, era afiliado a la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), el 20 de septiembre fue asesinado en su vivienda ubicada en la vereda Nuevo Oriente en Tame, Arauca, por la Fuerza de Tarea Quirón de la Octava División del Ejército estatal.
El 20 de septiembre en Tumaco, Nariño, sicarios perpetraron una masacre que dejó 4 víctimas fatales, Jaison Stiven Angulo Cabezas, José Francisco Mesa Guanga, Luis Carlos Torres y Heider Jackson Cortes.
Ilia Pilcué de 75 años, Mayor indígena del pueblo Nasa perteneciente al Resguardo La Laguna, fue asesinada el 22 de septiembre en el sector La Loma Redonda en Jambaló, Cauca.
Martín Bayona era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cuchilla, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Deportes, Recreación y Cultura y miembro del grupo motor de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Morales, Bolívar, fue asesinado el 22 de septiembre en la vereda La Cuchilla.
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[1] Las ruinas del Estado: presentación de la Revista Noche y Niebla N° 63. Cinep, 23-09-2021.
[2] Revista Noche y Niebla N°63. Cinep, 23-09-2021.