EL RÉGIMEN QUE MÁS MATA LÍDERES AMBIENTALES

Himelda Ascanio

En Colombia mataron el doble de ambientalistas que en México, supongamos que los dos países tienen igual número de Carteles de narcotráfico y de escuadrones paramilitares, de donde se deduce que en Colombia existe el doble de bienes naturales para despojar.

El escritor y activista ambiental George Monbiot afirma que, “las personas defensoras del medioambiente están en la primera línea de una batalla generacional contra el cambio climático, nunca podremos tomarnos en serio la construcción de un planeta más ecológico (…), sino podemos expresarnos cuando los Gobiernos y las grandes empresas colaboran estrechamente para apoderarse a la fuerza de la tierra, desmantelarla, perforarla y cultivarla de forma intensiva” [1].

La Asociación Global Witness (GW) presentó el informe ‘Última Línea de Defensa’ donde documenta el asesinato de 227 activistas ambientales a nivel global, de los 10 países con mayor número de asesinatos 7 son latinoamericanos que concentran el 73 por ciento de estos crímenes, casi tres cuartas partes de los ataques registrados en Brasil y Perú sucedieron en la región amazónica [2].

GW identifica tres causas estructurales que perpetúan el exterminio de los líderes ambientalistas:

1. Impactos desiguales: el 99 por ciento de los ataques se registran en los países del sur Global, un 37 por ciento de las víctimas son de pueblos indígenas pese a que ellos representan el 5 por ciento de población mundial y son protectores del 80 por ciento de la biodiversidad.

2. Las empresas son responsables: la mayoría de amenazas y ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente, ocurren luego de que las comunidades expresan su preocupación sobre el impacto en sus derechos y quedan en total impunidad.

3. Los Gobiernos fallan en la prevención: en muchos casos ejecutan directamente la violencia contra los defensores y son cómplices de las empresas, la pandemia de la Covid-19 fue utilizada para reprimir e impedir la libertad de reunión y asociación.

Régimen matarife de ambientalistas

Colombia por segunda vez consecutiva es el país más letal para los defensores del ambiente con 65 asesinatos en 2020, que representan el 39 por ciento de estos asesinatos en América Latina, seguido por México con 30 y Brasil con 20.

Los indígenas y afrodescendientes fueron víctimas de un tercio de las ejecuciones, mientras que los campesinos de la mitad; la tenencia y uso de la tierra, el extractivismo y la agroindustria siguen desde 2012 siendo responsables del 38 por ciento de los ataques.

En Colombia se registran más de 152 conflictos ambientales por megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales y de infraestructura, por esta razón más de 70 empresas firmaron cerca de 200 convenios por sumas entre 220 millones y 61 mil millones de Pesos con las Fuerzas Armadas y la Fiscalía entre 2004 y 2019 [2].

El brutal silenciamiento de opositores

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció amenazas de muerte por narcoparamilitares contra tres de sus dirigentes en Norte de Santander.

Oneida Pertuz Mestre y Enrique Ruiz González líderes sociales y activistas de la coalición Pacto Histórico y el Partido Colombia Humana, fueron asesinados por narcoparamilitares el 8 de septiembre en Maicao, La Guajira.

Marco Tulio Gutiérrez Mendoza de 62 años, era Secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Albania, fue asesinado el 10 de septiembre en Lusitania, Lejanías, Meta.

El 16 de septiembre en el barrio Los Pinos de Pitalito, Huila, perpetraron una masacre que dejó 3 víctimas fatales, Yeison Andrés Castro Chavarro, Carlos Rojas Ruiz y Marly Julieth Rengifo.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, denunció que durante los operativos de erradicación violenta de cultivos de uso ilícito realizados el 16 de septiembre en Puerto Vega y Teteyé en Puerto Asís, Putumayo, la Policía Antinarcóticos hirió a Estefanía Meza en una pierna y a Yerly Andrea Yunda en el estómago, esta se encuentra en estado de gestación, además ocho niños quedaron afectados por los gases lacrimógenos.

Efrén Bailarín Carupia era Gobernador y Guardia Indígena del Resguardo de Chidima – Tolu del pueblo Embera Eyabida en Acandí, Chocó, fue asesinado el 16 de septiembre por los narcoparamilitares. 

Jesús Alexander Chepe Ulcué era comunero indígena, fue asesinado el 17 de septiembre en la vereda San Pedro, corregimiento Pescador de Caldono, Cauca.