EL PAÍS DONDE MÁS ASESINAN LÍDERES Y DEFENSORES

Himelda Ascanio

El régimen desarrolla este ciclo de Guerra contra sus Enemigos Internos sean líderes sociales, defensores de Derechos Humanos (DDHH) y del ambiente, para destruir las organizaciones sociales opuestas a sus mega proyectos mineros, exterminio que ejecuta en colusión con narcoparamilitares.

En Colombia el 9 de septiembre es el Día Nacional de los Defensores de DDHH, Michel Forst Relator Especial de la ONU afirma que “Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina (…) Están en alto riesgo los líderes sociales que defienden el Acuerdo de Paz, el territorio, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente (…) frente a los intereses estatales y no estatales como empresas nacionales e internacionales (…); son estigmatizados de pertenecer a las guerrillas, ‘el enemigo interno’ o personas antidesarrollo, con un alto índice de impunidad” [1].

Según Indepaz desde que se firmó el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 el exterminio sistemático de opositores políticos asciende a 1.129 líderes sociales y 285 excombatientes, este año han asesinado 114 líderes y 35 excombatientes y han perpetrado 68 masacres; además, durante el Paro Nacional fueron atacados 326 defensores de DDHH que ejercían su labor.

La impunidad cubre la criminalidad policial

El trato de Guerra contra la protesta social es una tradición de este régimen, desde 1999 que se creó el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) hasta el 2019 deja este saldo; 44 manifestantes asesinados, 986 detenciones arbitrarias, 85 heridos y 45 Desapariciones Forzadas [3]; durante el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de este año las Fuerzas Armadas (FFAA) y sus paramilitares asesinaron a 87 personas, hirieron a 1.905, 3.365 detenciones arbitrarias y 60 Desapariciones Forzadas.

La peor tragedia represiva la perpetraron el 8 de septiembre del 2020, cuando varios agentes de la Policía de Bogotá, golpearon hasta causarle la muerte al abogado Javier Ordoñez, esto provocó una sublevación popular los días 9 y 10, sofocada ‘a sangre y fuego’ por parte de la Policía que masacró a 13 jóvenes, hirió a más de 300 y 3 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, las víctimas vivían en las localidades de Suba, Usaquén, Kennedy y Engativá en Bogotá y en el aledaño municipio de Soacha.

La Fiscalía General solo abrió proceso judicial por cuatro asesinatos contra cuatro policías que siguen en libertad y ejerciendo sus cargos, y como es costumbre no imputó cargos contra la cadena de mando, ni a los responsables políticos que ordenaron esta masacre; los abogados de las víctimas señalan que varios casos no fueron denunciados y otros han retirado las denuncias por amenazas [2].

Resucitan las “cooperativas” paramilitares

El 30 de abril Álvaro Uribe escribió en Twitter: “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su “integridad” […]”, el 2 de mayo Carlos Maya Alcalde de Pereira invitó a crear “un Frente Común para recuperar el orden y la seguridad ciudadana articulada entre civiles y FFAA” [4]; el 5 de mayo paramilitares urbanos asesinaron en Pereira al estudiante Lucas Villa y el 8 al trabajador de la saludHéctor Fabio Morales, asimismo, Jorge Iván Ospina Alcalde de Cali propuso la creación de Brigadas Organizadas Privadas [5], las mismas que el 9 de mayo salieron en camionetas blancas a disparar contra la Guardia Indígena.

Recientemente el Ministro de Defensa Diego Molano, planteó crear los “Frentes de Seguridad Ciudadana” [6], ya constituidos por terratenientes de la Costa Caribe, en una réplica de lo que fueron las Cooperativas Convivir en los años 90, impulsadas como arma de Guerra sucia contra el pueblo por parte de Álvaro Uribe. 

El Narcoestado persigue y mata

Ramón Emilio López y Jesús Emilio Mazo líderes y gestores culturales del municipio de Cañasgordas, Antioquia, están desaparecidos desde el 29 de agosto, fueron vistos por última vez en el sector del Alto del Águila de ese municipio. 

Byron Soto Muñoz hacía parte de la Olla Comunitaria de Puerto Resistencia en Cali, falleció en el hospital Carlos Carmona el 8 de septiembre a causa de una brutal golpiza que le propinó la Policía.

El Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca) en Tolima, que lleva más de 8 años luchando contra la explotación minera del proyecto La Colosa de la multinacional AngloGold Ashanti, el 9 de septiembre fue objeto de amenazas.

José Rodvel Collazos es autoridad tradicional y rector del Colegio Elías Troches del Cabildo Indígena de Kite Kiwe, el 9 de septiembre sufrió un atentado con armas de fuego del que salió ileso, en la Puerta Roja cerca al casco urbano de Timbío, Cauca.