COLOMBIA PRIMER LUGAR CON 80.472 DESAPARECIDOS

Himelda Ascanio

La Desaparición Forzada es un Crimen de Lesa Humanidad que durante décadas ha sido utilizado por el Estado en colusión con los empresarios y los paramilitares, para exterminar procesos sociales y políticos opuestos al régimen y su modelo neoliberal.

La ONU define la Desaparición Forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida” [1]; es tipificado como un Crimen de Lesa Humanidad, por tanto no prescribe y en caso de inoperancia de los Estados, será juzgado por la justicia internacional.

Mediante la Resolución 65/209 del 21 de diciembre de 2010 que incorporó la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas en vigencia desde el 2011, la ONU decretó el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

En América Latina existen 245.889 desaparecidos, desafortunadamente Colombia ocupa el primer lugar con 80.472 desaparecidos, el 37 por ciento del continente, seguido por Guatemala con 40.000, México con 37.000, Argentina con 30.002, Nicaragua con 10.000, Salvador con 9.000 y Chile con 3.000 [2].

El país de los desaparecidos

El Observatorio Memoria y Conflicto (OMC) documentó 80.472 desaparecidos entre 1958 y 2018 [3]; sin embargo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) surgida del Acuerdo de Paz en 2016 registra 120.000 y afirma que puede haber un subregistro porque a pesar que el primer caso se dio a conocer en 1977 cuando el Servicio de Inteligencia policial (F2) capturó y desapareció a Omaira Montoya Henao, solo hasta el año 2000 con la Ley 589 la Desaparición Forzada se tipificó como delito en Colombia.

La Desaparición Forzada la han perpetrado en 1.005 municipios de los 1.123 existentes, principalmente está asociado a territorios donde hay usurpación de tierras, explotación de hidrocarburos y minería, y plantaciones para agronegocios; los departamentos más afectado son Antioquia con 19.794 desaparecidos, Meta con 5.280, Magdalena con 3.906, Valle del Cauca con 3.874, Cesar con 3.755, Santander con 3.661 y Caquetá con 3.290 [4].

Desde el 2016 hasta agosto del 2020 el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) registró 466 nuevas desapariciones relacionadas con el Conflicto Armado y la violencia política, de los cuales 15 son excombatientes o familiares de las FARC [5]; la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en el primer mes del Paro Nacional iniciado el 28 de abril de este año registró 471 desaparecidos, de las cuales varios aparecieron muertos y de 60 no se tiene rastro.

La encubren para garantizar impunidad

Los crímenes de Desaparición Forzada tienen una impunidad de 99 por ciento, el informe que la Fiscalía entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dice que solo 337 delitos están en ejecución de penas, 169 sentencias condenatorias a las Fuerzas Armadas (FFAA) por “retención y ocultamiento de personas”, 84 a paramilitares y 22 a miembros de las FARC, y 102 en etapa de indagación.

En 5.849 fosas han exhumado 7.406 cuerpos y solo han identificado y entregado 3.921; 1.080 cuerpos recuperados en al menos 190 ríos y 1.934 en cementerios, y se tiene información de 16 lugares donde hay cuerpos por lo que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) solicitó medidas cautelares para ellos.

Ejecuciones de líderes y excombatientes

El 26 de agosto en operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en Cartagena del Chairá, La Montañita, Solano, El Paujil, Milán y San José de la Fragua en Caquetá, la Policía hirió gravemente a Leidy Rodríguez Aisama en la vereda Comuneros de Cartagena del Chairá y a Carlos Poscue Muñoz en la vereda Yurayaco de San José de la Fragua.

Jesús Albeiro Gutiérrez de 40 años, hizo parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) de El Plateado en Argelia, apoyó labores logísticas del Coordinador Nacional Agrario (CNA) durante el Paro Nacional, desapareció el 21 de agosto en Popayán y el 25 de ese mes su cuerpo sin vida fue encontrado en el sector San José de la Laguna en Cajibío, Cauca.

María Dorfenis López Cordón de 38 años, era integrante de la JAC de la vereda Caño Lindo, fue asesinada el 29 de agosto en el puente sobre el Río Yamanes en El Castillo, Meta; su esposo Rigoberto Crabanzo Arévalo quien se desempeña como Vicepresidente de la JAC de Caño Lindo quedó herido.

Blanca Rosa Monroy excombatiente de las FARC en proceso de reincorporación, fue asesinada el 2 de septiembre en Pereira, Risaralda.

Gustavo Calderón Salamanca docente de la Institución Educativa Técnico Industrial en Florencia, Caquetá, el 3 de septiembre fue reportado como desaparecido por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá (AICA).

Juan Daniel Quintero Lizcano pertenecía a la Asociación Campesina de Inzá, Cauca, en la vereda La Palmera donde lideraba procesos con niños y jóvenes, fue asesinado el 2 de septiembre en el corregimiento El Pedregal de ese municipio.

Jeimar Alberto Rentería Viveros era líder juvenil y jugador profesional de fútbol, fue asesinado el 4 de septiembre en el corregimiento El Mango de Argelia, Cauca.