SILENCIAN Y BURLAN A LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

Himelda Ascanio

Uribe desconoce la justicia transicional derivada de los Acuerdos de Paz de 2016, pero obliga a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) a comparecer ante él, para hacerse un lavado de imagen con el que revictimiza e injuria a las víctimas de Crímenes de Estado.

El 16 de agosto Uribe ante la CEV justificó la conformación del narcoparamilitarismo cuando fue Gobernador de Antioquia (1995-1997) y su expansión al resto del país mientras fue Presidente de la República (2002-2010), además negó su responsabilidad en las 6.402 ejecuciones extrajudiciales de inocentes llamadas Falsos Positivos, afirmó no tener que ver con la narcoparapolítica ni con la entrega de la Agencia estatal de espionaje (DAS) a los Carteles del narcotráfico, entre otros crímenes.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) exige que los victimarios se comprometan con la verdad y acepten su responsabilidad en los crímenes sistemáticos y probados judicialmente, rechazan que el régimen mantenga el discurso negacionista y continúe utilizando la institucionalidad para silenciar, agredir y burlarse de las víctimas, rechazan que la CEV se preste para la revictimización y legitimación de los actores de la Guerra [1].

Por su parte las Madres de Falsos Positivos (Mafapo) esperaban que, “Uribe hubiese tenido los pantalones de decir que esa directriz la creó él, como sí lo han confesado militares ante la JEP, y como no le interesa esclarecer este capítulo de dolor para el país se haga a un lado y no las revictimice más con cada palabra” [2].

Siguen la Guerra contra el pueblo

Tras la llegada de la delegación campesina que participó en el Paro Nacional en Altamira, Huila, el 7 de julio desaparecieron a Dagoberto Giraldo Henao integrante de la Asociación Campesina Cordillera del municipio de Montañita, el 23 de julio asesinaron a José Viannney Gaviria, además amenazaron de muerte a Oime Ochoa y otros miembros de la Zona de Reserva Campesina de las Cabeceras de los ríos San Pedro y Orteguaza en Caquetá [3].

La Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano (Reddhhpac) y la Plataforma Juventud Paz, denunció que el pasado 17 de agosto el Ejército en operaciones de bandera falsa utilizan brazales del ELN, las disidencias y del Clan del Golfo, para incursionar en Istmina, Medio San Juan y Litoral San Juan del departamento de Chocó, donde amenazan la población, roban cultivos de pancoger e intimidan a los jóvenes para integrarlos a sus redes de espionaje, agresiones que confinan a las comunidades indígenas y negras de Nuevo Pitalito, Chachajo, Chamapuro, Puerto Pizarro, Puerto Guadualito, Unión de San Juan, Cabeceras, Cuellar, Malaguita; además  desplazan más de 1.400 personas desde la Comunidad de Dipurdú hasta San Miguel y Unión Waunaan [4].

Darwin Lozano Presidente de Veeduría y Transparencia por el Chocó (Veeduchocó) denunció que el 19 de agosto la narcobanda Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas siembra terror en Quibdó y municipios vecinos, asegura que “existen vínculos para su accionar criminal con dirigentes políticos regionales y con las Fuerzas Armadas” [5].

José David Ortega vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba denuncia que grupos narcoparamilitares en colusión con la Fuerza de Tarea Aquiles continúan asesinando y desplazando los campesinos inscritos en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) [6]. 

Ofénix de Jesús Concha pertenecía a la Junta de Acción Comunal de la vereda Riosucio, fue asesinado el 14 de agosto en la carretera entre La Terminal y La Piedra en Puerto Libertador, Córdoba.

José Alberto Tejada periodista y Director del Canal 2 de Cali, desde el 28 de abril que inició el Paro Nacional ha sido objeto de intimidaciones y amenazas de muerte, el 14 de agosto los jóvenes Diego Fernando Velazco y Marlon David Mejía, miembros de su esquema de protección de la Reserva Activa del Pueblo (RAP) fueron empadronados y despojados de su dotación por parte de la Policía, cuando prestaban seguridad en las afueras de la residencia del periodista en Meléndez, Cali.

Manuel J. Mavisoy Gobernador Indígena del Pueblo Kamënts̈á Biyá del Valle de Sibundoy, Putumayo, el 15 de agosto lo amenazaron de muerte.

Luis Miguel Caviedes Pastor de la Iglesia Colombiana Metodista y denunciante de los crímenes contra manifestantes en el Paro Nacional, el 17 de agosto en el sector Prados del Limonar en Cali fue objeto de seguimiento, como parte de la persecución y hostigamiento que sufre constantemente.

Mauricio Jaramillo excombatiente y Directivo del Partido Comunes, el 19 de agosto fue objeto de un atentado con arma de fuego en Guadalejo cerca de Popayán, Cauca.

Andrés Mauricio Zuluaga excombatiente y Gerente de la Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Económico y Social del Norte de Antioquia y de Confecciones La Montaña, denunció que desde México y Estados Unidos le están haciendo una serie de hostigamientos e intentos de entrampamiento para vincularlo con actividades ilegales.

Eliécer Sánchez Cáceres era Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Punta corregimiento Banco de Arena de Cúcuta, Norte de Santander, el 21 de agosto fue asesinado por narcoparamilitares.