ÚLTIMO AÑO DE DUQUE CON NUEVOS ESTALLIDOS SOCIALES

Raúl Contreras

Duque entra a su último año de Gobierno con una crisis socioeconómica, de polarización y gobernabilidad ascendente, mayor agitación social y política, el uribismo en declive, cambios progresistas en el continente y un pueblo decidido a conquistar un nuevo Gobierno y a cambiar el actual estado de cosas.

La crisis social que viene de atrás se agudizó y se sigue agravando por los efectos económicos y sociales de la pandemia, pero sobretodo por las políticas antisociales del Gobierno, que solo favorecen al sector financiero y a los grandes capitales; siguen negando la Renta Básica reclamada en el Paro Nacional, las ayudas para las Pymes y otras medidas que contribuirían a paliar la difícil situación de los sectores empobrecidos y excluidos.

Todo indica que este mandato para la minoría seguirá igual por lo que la situación social continuará empeorando, excepto que los nuevos estallidos sociales alcancen la fuerza suficiente para obligarlos a hacer concesiones.

La paz exterminada

Por lo que se mostró en los tres años anteriores nada positivo hay que esperar frente a la paz, tampoco habrá cambios positivos en el trato de Guerra que le propina a la protesta social; en este que es el tercer Gobierno de Uribe creció la persecución a los excombatientes de las Farc firmantes de los Acuerdos de Paz de noviembre de 2016, desde entonces han asesinado a 281, de ellos 246 (88 por ciento) durante este Gobierno, exterminio que constituye un nuevo ciclo de Guerra en que además han asesinado a 1.221 líderes sociales, 806 de ellos (66 por ciento) bajo Duque, y desde 2020 han perpetrado 155 masacres [1], a lo que agregan el desconocimiento de estos Acuerdos con la negación de lo básico de su implementación.

Enterraron los Diálogos con el ELN que venían del Gobierno de Santos, propició la expansión del narcoparamilitarismo y estimuló su presencia abierta y pública en las ciudades para agredir a la protesta social, como lo corroboran decenas de vídeos en que la “Gente de Bien” disparan contra los manifestantes en ciudades como Cali.

El régimen da trato de Guerra a la protesta social porque la clasifica como un Enemigo Interno, por esto ejecutó una sanguinaria represión contra el Paro Nacional iniciado el 28 de abril hasta los primeros días de julio, cuando asesinó a 87 manifestantes, desapareció forzadamente a 500, dos de los cuales aparecieron sin vida, hirió a 1.905, causó graves lesiones oculares a 88 y realizó 3.365 detenciones arbitrarias [2]; este ha sido el comportamiento tradicional de las clases dominantes, exacerbado en estos años por la ultraderecha de Uribe y sus seguidores.

Desechada la conciliación crece la resistencia

Después del Paro Nacional el país ha quedado más polarizado, la distancia entre amplios sectores del pueblo y la élite gobernante es ahora más grande y visible al mundo, la dominación oligárquica es menos legitima ante un mayor número de colombianos lo que amplía la crisis de gobernabilidad.

El Gobierno se niega al diálogo con el pueblo movilizado y desecha cualquier negociación, al no haber acuerdos y soluciones todos los problemas siguen creciendo, lo que propicia un mayor descontento y un clima social y político más crítico, que hace prever nuevas y más potentes movilizaciones para los próximos meses, las condiciones objetivas para ello están más que servidas.

Está por verse sí el componente subjetivo se coloca a la altura del momento, es decir que actúen con determinación las fuerzas de izquierda y de oposición, y las organizaciones sociales, sumada a la unidad de acción entre el Comité Nacional de Paro (CNP), la Asamblea Nacional Popular (ANP), las Primeras Líneas y las corrientes de izquierda y de oposición para desatar la potencialidad que representan, alentar al pueblo, darle mayor ánimo y seguridad y hacer más factible la opción de un nuevo Gobierno y de los cambios, propósitos que exigen articular la resistencia, la movilización, la calle, la desobediencia y lo electoral.