EN ITUANGO DESTIERRAN POR EL NÍQUEL

Carmen Tarazona

El proyecto minero de Cerro Matoso en el sur de Córdoba, perteneciente a la multinacional BHP Billington está dedicado a la explotación de níquel desde hace 4 décadas, es la cuarta mina a cielo abierto de níquel más grande del mundo que extrae mil toneladas semanales.

En esta zona en 1940 la familia Burgos con la transnacional Shell comenzaron las exploraciones petroleras, y en 1963 el Ministerio de Minas suscribió un contrato por 25 años para constituir una empresa de capital público-privado dedicada a la explotación de ferroníquel.

En 1979 el Gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) otorgó concesión a las compañías Conicol S.A y Billington Overseas Ltda., para extracción de metales a cielo abierto en Cerro Matoso, en 1982 ampliaron la concesión de 260 a 686 Hectáreas (Ha) y fueron cedidos los derechos del Estado a Richmond Petroleum Company of Colombia; en 2005 la empresa británico-australiana BHP adquirió el 99 por ciento de la empresa, y su planta laboral pasó de 500 a 3.000 trabajadores, solo 500 de estos tienen contrato directo con la empresa [1].

Expansión minera y guerra sucia

La transformación territorial en la región cordobesa en las últimas cuatro décadas guarda relación con las disputas territoriales entre las trasnacionales y los pobladores de la región [2]; en junio de 1997 a través de la Licencia de Exploración 051 la empresa obtuvo permiso para realizar minería sobre 52 mil Ha en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y Planeta Rica en Córdoba, además de Tarazá y Cáceres en Antioquia, que hoy se expanden hasta Ituango.

Diversas investigaciones muestran que el aumento de Ha adjudicadas está ligado al copamiento narcoparamilitar de los territorios y el desplazamiento forzado; entre 1995 y 2010 -el periodo más crítico de violación de los Derechos Humanos (DDHH) en el sur de Córdoba-, incrementaron las actividades extractivas; desde la década de los ochenta hasta principios del siglo XXI esta región concentró el 47 por ciento del total de las masacres del departamento, lo que ocasionó el desplazamiento de 100.000 campesinos [3].

Desde 1998 las comunidades indígenas Zenúes del Alto San Jorge ancestrales de la zona de Cerro Matoso adelantan luchas sociales y jurídicas, para restablecer sus derechos sobre el territorio, por esta razón entre 2004 y 2015 asesinaron a 48 comuneros, 10 de ellos vinculados directamente a la protección del territorio.

Etnocidio del pueblo Zenú

Cerro Matoso lleva más de 4 décadas operando dentro del Resguardo Zenú, en este proceso no se han tenido en cuenta las medidas de protección ambiental adecuadas, lo que ha provocado la contaminación del agua, el suelo y el aire con toxinas que tienen consecuencias devastadoras para la salud de la población [4], afectando principalmente a los habitantes de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.

En 1997 un estudio de impacto de salubridad realizado a 258 trabajadores de Cerro Matoso arrojó hallazgos contundentes, 142 casos de enfermedades nasales, 59 pulmonares y 58 problemas dermatológicos; pese a las afecciones de la salud ese mismo año ampliaron el área de concesión de 545 a más de 52 mil Ha.

En 2001 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) clasificó al Níquel como agente cancerígeno, ese mismo año la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) reveló que el río San Jorge y el aire de la zona tenían presencia de Níquel, Cromo y Mercurio; además, la escoria vertida en la quebrada Zaino Macho tiene un porcentaje de más de 50 por ciento de Silicio por centímetro cubico.

En los Cabildos indígenas aledaños a la mina a cielo abierto se han presentado varios casos de nacimientos con malformaciones genéticas, relacionadas con dicha actividad minera; en el 2011 de 36 embarazos, 14 fueron abortos [5].

En 2012 la Agencia Nacional de Minería (ANM) renovó el contrato a Cerro Matoso hasta el año 2044, sin embargo, la empresa no renovó su licencia y continúo operando con una licencia de 30 años atrás, por consiguiente viola flagrantemente los cambios en materia ambiental estipulados en la Constitución de 1991 y normas posteriores.

Según la Corte Constitucional la operación de la empresa Cerro Matoso S.A. ha causado una grave situación de vulneración de derechos fundamentales en la zona, en la Sentencia T-733 de 2017 amparó los derechos fundamentales de consulta previa, salud y medio ambiente sano de las comunidades étnicas de Bocas de Uré, Centro América, Guacarí-La Odisea, Pueblo Flecha, Puente de Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo y el Consejo Comunitario de San José de Uré, por tanto ordenó realizar una consulta previa antes de expedir una nueva licencia ambiental [6].

Ganan los extranjeros y pierde la Nación

Cerro Matoso produce más de 40.000 toneladas anuales de ferroníquel, y su producción se exporta a 18 países entre ellos Estados Unidos, China, Japón y Taiwán, esto le genera al país regalías anuales apenas de 31,5 millones de Dólares, en las cuatro décadas de operación Cerro Matoso S.A. ha generado ganancias totales por 8,9 billones de Pesos, en 2018 la empresa obtuvo ingresos por 43.000 millones de Dólares [7].

La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y contra Cerro Matoso S.A., por el detrimento patrimonial de 619.000 millones de Pesos; Cerro Matoso no ha pagado todas las regalías que debía girar al Estado por la explotación de níquel y hierro entre 1982 y 2012 [8].

Mientras el agua escasea y se contaminan los canales freáticos de las zonas de explotación, lo que genera daños ambientales irreparables y afecciones a la salud de carácter letal, el Estado colombiano en una actitud vasalla entrega los bienes naturales a las multinacionales, además blinda a estas empresas con exenciones tributarias y provee una legislación a favor del lucro excesivo de aquellas.

Es claro que Colombia necesita urgentemente un cambio es sus políticas económicas y ambientales, lo que obliga a un cambio del modelo económico, desde luego este cambio no será otorgado fácilmente por el régimen, los cambios sociales que necesita el país solo se alcanzaran a través de la lucha social y popular.