DESPLAZAMIENTO FORZADO AUMENTÓ 140 POR CIENTO

Himelda Ascanio

Así como crece el narcoparamilitarismo, crece el desplazamiento forzado, las masacres, el asesinato de líderes sociales y excombatientes, en un plan del régimen de exterminio sistemático que busca limpiar y silenciar los territorios para que las multinacionales saqueen sus bienes naturales.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) informa que en el primer semestre de este año se presentaron 44.647 víctimas de Desplazamiento Forzado, lo que representa un aumento del 140 por ciento, en comparación con las 18.607 víctimas del mismo periodo del año anterior, también supera las 32.000 víctimas registradas en el 2020, los departamentos más afectados son Nariño con 14.707 y Antioquia con 4.200 [1]; el Director de Codhes afirma que:

“Se esperaba que con la firma del Acuerdode Paz en 2016 la institucionalidad saldara las deudas históricas con los diez millones de víctimas del Conflicto Armado, de las cuales más de ocho millones son por desplazamiento forzado; sin embargo, lo que se analiza es un repunte de la crisis humanitaria en cuanto a desplazamiento forzado, masacres, asesinatos de líderes y lideresas sociales y hasta exiliados, todo ello por la falta de compromiso con el Acuerdo” [2].

Por su parte el Movimientos Ríos vivos de Antioquia afirma que, “el destierro de indígenas y campesinos es porque el Gobierno incumple el punto de Garantías para la Seguridad y la desarticulación de los grupos paramilitares [del Acuerdo de Paz], desde finales de 2016 estos grupos vienen imponiendo reuniones a varias Juntas de Acción Comunal (JAC) para captar las tierras de los campesinos y garantizar la entrada de multinacionales mineras en el área estratégica del Nudo de Paramillo” [3]. 

Las Misioneras de la Madre Laura denunciaron la crisis humanitaria y la destrucción ambiental que viven los pobladores de Jericó por cuenta de la explotación de cobre adelantada por el Proyecto Quebradona [4], igual ocurre en San José de Uré y Montelíbano, Córdoba, por la explotación de Níquel en Cerro Matoso y con la expoliación del cobre en el Alto Andágueda del Chocó. 

Monseñor Juan Carlos Barreto Obispo dela Diócesis de Quibdó, Chocó, afirma que, “el incremento de las amenazas a líderes sociales y comunidades, desplazamientos, confinamiento y asesinatos selectivos es producto de la expansión del narcoparamilitarismo en connivencia con las FFAA” [5].

Líderes sociales y excombatientes perseguidos y eliminados

La Comisión de Derechos Humanos (DDHH) del Tolima denunció el 23 de julio la incursión narcoparamilitar en las verederas Montoso en el municipio Prado y en Villa Esperanza en Purificación, y el asesinato de los campesinos Jhon Alexander Agudelo y el menor de edad Juan David Ballesteros.

En la Vereda La Paz de la Inspección Yurayaco del municipio de San José de la Fragua, Caquetá, el 26 de julio perpetraron la masacre de 3 personas, una de ellas Jhon Fredy Lugo Franco de 42 años.

Yeison Andrés Sarmiento de 21 años, excombatiente que fue asesinado el 26 de julio en el barrio El Modelo de San José de Guaviare, Guaviare.

Isabel Cristina Pardo Secretaria Técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en el Tolima, denunció el 27 de julio amenazas de muerte en contra suya y de varios de sus compañeros, y contra Edwin Henao Conde integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (Acit).

Oswaldo Pérez era Presidente al JAC de Mina Piojó en Montecristo, Bolívar, dirigía laFederación Agrominera del Sur de Bolívar, fue asesinado el 26 de julio, su familia y vecinos fueron desplazados. 

Juan Carlos Arias López de 29 años, campesino que fue asesinado el 27 de julio en la vereda Buenavista de Ituango, Antioquia; donde ocurre desde el 21 de julio el desplazamiento de más de 4.000 campesinos por amenazas de grupos narcoparamilitares.

En el barrio Gran Yomasa en la localidad de Usme en Bogotá, el 26 de julio perpetraron una masacre que dejó 3 víctimas fatales.

En La vereda La Marranera de Puerto Rondón, Arauca, el 28 de julio perpetraron una masacre que dejó 3 víctimas fatales, Nelson Eulegelo, Andrés Colmenares Bustamante y Ronald Cabarca.

Jhoan Sebastián Bonilla de 26 años, era uno de los líderes del Paro Nacional en Puerto Resistencia, Cali, Valle del Cauca, el 22 de julio fue víctima de un atentado junto a la periodista alemana Rebecca Sprösser, Bonilla murió el pasado 30 de julio producto de los 13 disparos con que lo atacaron 3 de ellos en la cabeza.