LOS RECLAMOS JUSTOS LOS ACALLAN CON BALAS

Himelda Ascanio

Ante las manifestaciones populares que exigen reclamos legítimos el régimen sigue respondiendo con masacres, atentados y persecución a líderes sociales, periodistas y opositores políticos, buscando silenciar las protestas e infundir miedo.

La Doctrina de Seguridad que ha implementado el régimen durante décadas categoriza al liderazgo social, a la oposición y a la manifestación popular como Enemigo Interno, de esta manera el régimen justifica el ataque sistemático contra la protesta social.

Colusión letal para perseguir y exterminar

La Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, durante su visita concluyó que las Fuerzas Armadas (FFAA) en colusión con los narcoparamilitares utilizó contra la Protesta Social técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población [1].

Durante el Paro Nacional (abril 28 – junio 28) la colusión entre el Estado y los paramilitares perpetró 87 homicidios, 1.905 heridos, 115 con armas de fuego y 88 lesiones oculares graves, 326 agresiones a defensores de DDHH, 106 víctimas de violencia de género y 23 casos de violencia sexual, 3.365 detenciones arbitrarias con tratos crueles, 52 allanamientos ilegales y alrededor de 500 desaparecidos [2].

Desde la Firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 han asesinado 1.217 líderes sociales y 278 excombatientes, en lo corrido de este año han asesinado 101 líderes sociales, 29 excombatientes y perpetrado 53 masacres [3], la mayoría de estos Crímenes de Lesa Humanidad ocurren en regiones con alto grado de militarización.

El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en su Informe ‘El riesgo de defender y liderar’ determinó que las FFAA son las principales violadoras de los DDHH con 402 casos y al menos 324 Ejecuciones de Estado, seguidos por los paramilitares con 223 casos [4].

Matanza selectiva

En la vereda Quinamayó en Santander de Quilichao, Cauca, el 17 de julio se perpetró una masacre que dejó 3 víctimas fatales, John Janer Vásquez, Willington José Larrahondo y Gabriel Lasso quien era esposo de la Presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Quinamayó.

En la vereda La Cruz en Yolombó, Antioquia, el 18 de julio perpetraron una masacre que dejó 4 víctimas, Luis Castrillón Tesorero de la JAC de dicha vereda, María Piedad Ramírez (esposa), Esneyder Castrillón (hijo), Fray Zapata (joven con discapacidad cognitiva).

Jesús Danilo Mora Londoño excombatiente que realizaba su proceso de incorporación en Puerto Leguízamo, Putumayo, fue asesinado el 21 de julio en la vía que comunica el casco urbano con el corregimiento de la Tagua.

En el barrio Libardo Alonso de Ocaña, Norte de Santander, el 21 de julio perpetraron una masacre que dejó 3 víctimas fatales, John Fredy Ascanio Bayona, Jesús Alberto Ascanio Bayona y Valmes García León.

Juana Iris Ramírez era Secretaria de la JAC del barrio Luis R. Calvo en Santa Marta, Magdalena, fue asesinada el 21 de julio en el sector Alto Delicias. 

El Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) denunció el 23 de julio la participación de un miembro de la Policía en la desaparición forzada, tortura y asesinato de Andrés Córdoba Tamaniza de 17 años, minguero del pueblo Embera Chami del resguardo Totumal en Belalcázar, Caldas; Córdoba desapareció el 23 de mayo y fue encontrado sin vida en el río Cauca 7 días después.

Yeison Fabián Muñoz Nárvaez se encontraba en las manifestaciones del 20 de julio en Bogotá, cuando la Policía lo trasladó al Centro de Reclusión San Nicolás, su madre denuncia que desconoce su paradero.

Rebbeca Sprößer periodista alemana que reporta sobre la Protesta Social en Cali, el 22 de julio sufrió un ataque de narcoparamilitares del que salió ilesa, pero su compañero de trabajo quedó gravemente herido por 13 impactos de bala, 3 de ellos en la cabeza.

Jhon Mario Muñoz campesino asesinado el 22 de julio en la vereda La Perla de Argelia, Cauca.

Cerca de 2.000 campesinos e indígenas fueron obligados a desplazarse de 9 veredas de Ituango, Antioquia, cabe recordar que esta región tiene 18 títulos mineros en solicitud por la empresa Minerales de Córdoba.

En la vía que comunica a La Montañita con Milán y San Antonio de Getuchá sector denominado El Triángulo, el 23 de julio perpetraron una masacre que dejo tres víctimas fatales aún sin identificar.

José Vianey Gaviria era fiscal de la JAC de un barrio ubicado en el corregimiento de Unión Peneya; el 23 de julio fue asesinado en la vereda Los Andes en La Montañita, Caquetá.

En barrio Bolívar de Balboa, Cauca, el 24 de julio perpetraron una masacre cuyas víctimas fatales fueron Rubiela Adrada de 32 años, Brandon Mesa de 14 años y Maikol Cabrera de 11 años.

Jean Carlos Rodríguez Díaz era Presidente de JAC de la vereda Las Águilas en El Carmen, Norte de Santander, fue asesinado el 25 de julio en límites entre Convención y El Carmen.

Yorbis Valencia Carabalí, excombatiente y lideraba proyectos productivos en el ETCR Carlos Patiño de La Elvira en Buenos Aires, Cauca, fue asesinado el 25 de julio en cercanías al casco urbano.