QUIEREN TAPAR CON UN DEDO EL GENOCIDIO

Himelda Ascanio

El trato de Guerra que el régimen propina al Paro Nacional está bajo investigación de instituciones de la Comunidad Internacional, que en diferentes Informes denuncian las modalidades de represión y persecución que sufren los manifestantes.

La Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia conformada por 41 comisionados entre estos de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y el Vaticano, realizó una visita de campo del 3 al 12 de julio para verificar las graves violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) cometidas en el marco del Paro Nacional [1].

La Misión dialogó con más de 70 organizaciones sociales y constató que las Fuerzas Armadas (FFAA) en colusión con los grupos narcoparamilitares perpetraron sistemáticamente diversos Crímenes de Lesa Humanidad, como homicidios selectivos, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, entre otros; además evidenciaron que estos crímenes cuentan con un alto nivel de impunidad.

La Comisión aseguró que, “la coalición de Gobierno ha cooptado la Procuraduría y la Fiscalía por tanto incumplen su función constitucional y reproducen una concepción estigmatizante” de la protesta social. 

El Parlamento británico cuestionó las mentiras de la Vicepresidenta en la ONU

Kate Osborne Diputada por el Partido Laborista, el 15 de junio convocó en el Parlamento británico un debate sobre las violaciones de los DDHH en Colombia durante el Paro Nacional, con participación de 13 Diputados y la Ministra para las Américas del Departamento de Asuntos Exteriores.

El Diputado Ian Lavery en su intervención afirmó que, “el Gobierno de Colombia se ha negado a aceptar su responsabilidad por la violencia ejercida por la Policía, en cambio ha tratado de engañar a la comunidad internacional, en el Consejo de Seguridad de la ONU la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez extrañamente afirmó que ‘el asesinato de manifestantes fue consecuencias de infiltrados’” [2].

La Diputada Mary Kelly Foy afirmo que, “hemos sido testigos de violaciones generalizadas de DDHH desde abril de este año, además la represión violenta de la protesta pública ha sido un tema constante durante el Gobierno de Iván Duque”.

Las víctimas de esta semana

Alquimedes Santana era un manifestante activo del punto ‘Puente de Mil Luchas’ en Cali, Valle del Cauca, el 27 de mayo fue reportado como desaparecido, su cuerpo sin vida fue identificado el 8 de julio en Medicina Legal de Santander de Quilichao, Cauca.

María Cecilia Lozano víctima de desplazamiento forzado y despojo de tierras en Mapiripán, Meta (1997-2002), y Directora de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (Asomudem), el 10 de julio fue víctima de hostigamientos y amenazas.

En el sector de Piedras de Moler en Alcalá, Valle del Cauca, el 12 de julio perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales, Wilmar Antonio Mejía Morales, Wilder Salazar y un niño de 6 años. 

Wilson Ferney Rivera Pilcue de 35 años, era un comunero de la vereda La Susana del Resguardo indígena de Tacueyó en Toribío, Cauca, fue asesinado el 12 de julio en el casco urbano de Tacueyó.

Duvan Felipe Barros Gómez de 17 años, participó de las manifestaciones en el Portal Resistencia en Bogotá, el 5 de junio fue víctima de desaparición forzada por parte del Esmad, el 11 de julio fue identificado su cadáver en Medicina Legal de Bogotá.  

Juan David Cuervo de 24 años, fue desaparecido entre el 19 y 20 de junio en Usme, Bogotá, el 13 de julio fue encontrado sin vida en el caño de Yomasa de esa localidad.

Marcos Tenorio Soto era líder indígena del pueblo Nasa del Tolima, había sido reportado como desaparecido el 25 de junio, el 12 de julio fue hallado sin vida en la vereda El Cóndor corregimiento Santiago Pérez en Ataco, Tolima.

Alexander Enrique Escobar Molina de 43 años, era el Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Nuevo Amanecer en Aguachica, Cesar, fue asesinado el 13 de julio en el barrio Los Campanos en Sabanalarga, Atlántico. 

Yeisi Campo de 37 años, era lideresa del Consejo Comunitario Afro de La Fortaleza, el 12 de julio fue reportada como desaparecida, el 14 de julio fue hallada sin vida en el sector del Crucero de Altamira de Morales, Cauca.

Oscar Iván Suárez Riascos de 32 años, era Edil de la Comuna 15 en Cali, el 10 de julio quedó gravemente herido producto de un atentado y el 14 de julio falleció.

Rubén Darío Melo de 44 años, era Concejal por el Partido Alianza Social Independiente (ASI), fue asesinado el 15 de julio en el barrio El Popular en Armenia, Quindío.

Rodrigo Ramírez defensor departamental de DDHH en Sucre, denunció el 15 de julio que narcoparamilitares están amenazando a líderes sociales y demás pobladores de los municipios de San Onofre y Palmitos, para ejercer control en el territorio, persecución que ejecutan en colusión con las FFAA [3].