EL RÉGIMEN PATEA A LA CIDH

Himelda Ascanio

El 7 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) entregó el Informe sobre la verificación de las violaciones de los Derechos Humanos (DDHH), cometidas por las Fuerzas Armadas (FFAA) durante el Paro Nacional que fue de inmediato rechazado por el Gobierno.

La Cidh resalta el uso excesivo de la fuerza y del empleo de armas letales por policías, militares y civiles, la utilización de la figura “traslado por protección” para intimidar a más 7.020 personas, además de los casos de torturas, desmembramientos y desaparición forzada, 23 casos de violencia sexual, montajes judiciales y más 236 ataques contra la prensa [1].

El Informe afirma que “observa con preocupación la persistencia de lógicas del Conflicto Armado en la interpretación y respuesta de las FFAA a la actual movilización social; en el marco de la visita recibimos información sobre graves y reiteradas violaciones a los DDHH y distintos obstáculos para garantizar la protesta social”; de este documento se derivan 40 recomendaciones al Estado colombiano, siendo las siguientes las de mayor realce:

1.- Respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población.

2.- Los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra los manifestantes.

3.- Implementar de manera inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal contra las manifestaciones públicas.

4.- Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de DDHH, y evite toda posibilidad de perspectivas militares.

5.- Asegurar que la Procuraduría General de la Nación no pueda procesar ni sancionar con destitución o inhabilitación a autoridades de elección popular.

6.- Reformar el Decreto 575 de 2021 a fin de asegurar que la intervención de las FFAA esté compatible con el Derecho Internacional.

7.- Abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los Cortes de Ruta como modalidades de protestas.

8.- Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos y el respeto de la independencia de los medios de comunicación.

Erika Guevara Directora para las Américas de Amnistía Internacional manifestó que “la CIDH ha conocido de primera mano los testimonios de cientos de víctimas que reclaman verdad, justicia, y reparación por las violaciones de DDHH; además el Estado no puede prohibir todos los bloqueos o cortes de ruta y equipararlos con actos delictivos, porque muchas veces estas modalidades están protegidas por el derecho a la protesta pacífica de acuerdo a los estándares interamericanos” [2].

El terror que azota a los líderes y comunidades

Alirio Martínez y Dalila Bernal eran líderes campesinos de la vereda La Guacamaya en Inspección La 14 en el municipio de Cumaribo, Vichada, el Primero de julio fueron asesinados en su vivienda.

José Gregorio Luguez era integrante del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Usos Ilícito (PNIS), fue asesinado el 3 de julio en la vereda La Chica de Tierralta, Córdoba. 

Fernando Vela Lozada era médico y líder ambiental que investigaba conflictos ambientales en la Amazonía, fue asesinado el 3 de julio en Florencia.

Maritza Liliana Palomino de 28 años, integrante de la organización de Mujeres Afro de Calamar (Niara), sufrió un ataque con arma de fuego el 5 de julio en Calamar, Guaviare.

En la vereda Trinidad del corregimiento Chicoral del municipio Espinal, Tolima, el 4 de julio perpetraron la masacre de tres personas; dos de las víctimas eran de nacionalidad venezolana.

Yeison Stiven Yule de 17 años, indígena del resguardo Altamira de la vereda La Esperanza de San Vicente del Caguán, murió después de un bombardeo del Ejército contra disidencias de las FARC.

Organizaciones defensoras de DDHH denunciaron que el 7 de julio la Policía militarizada del Esmad disparó indiscriminadamente contra manifestantes en el sector del Sena Norte en Popayán, Cauca, hiriendo a más de diez jóvenes, dos de ellos de con heridas oculares graves.

Hermes Pete Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció el 8 de julio un atentado con arma de fuego contra la Tesorera del Resguardo de Cofradía, Cajibío, Cauca.

Derly Pastrana era la coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, murió el 7 de julio luego del atentado que sufrió el 15 de junio en el barrio Cuarto Centenario, Neiva.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció el 8 de julio del plan sicarial para atentar contra Alberto Tejada director y periodista del noticiero del Canal dos en Cali, Valle del Cauca; información que coincide con las denuncias previas de seguimientos y amenazas de muerte contra el periodista.

En la vereda San Isidro, límites de los municipios Mesetas y La Uribe, Meta, el 6 de julio fueron hallados los cuerpos de Karen Sulay Garay Soto funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Jhoan Steven Cogua era su conductor y las reclamantes de tierras Yadmil Cortés y Sandra Milena Cortés, estas personas habían sido reportadas como desaparecidas el 27 de mayo.  

Pedro Pablo Silva de 32 años, Uriel González Sánchez de 51, Carlos Antonio Daza Pérez de 28 y Leonardo González Tabares de 30; fueron las víctimas de la masacre perpetrada el 8 de julio en Ambalema, Tolima.

Higinio Bailarín de 23 años era guardia indígena del pueblo Embera, murió el 5 de julio cuando prestaba auxilio a Eulalia Bailarín de 34 años, quien resultó herida al pisar una mina antipersona en el Resguardo de Amparradó Medio en Dabeiba, Antioquia.

Gertrudis Hernández Leal era fundadora de la Asociación de Mujeres de Palmarito (Asomupal) y Tesorera en la Junta Directiva de la Cooperativa de madera del corregimiento Palmarito, fue asesinada por narcoparamilitares el 9 de julio en la vereda El Suspiro de Cúcuta, Norte de Santander.

En la vereda El Corozo de Cravo Norte, Arauca, el 10 de julio perpetraron la masacre de 4 miembros de una misma familia, las víctimas fueron Juan Garcés, Raúl Garcés, Joaquín Garcés y Ángel Garcés.