UNA GUERRA EXITOSA PARA UNOS Y FRACASADA PARA OTROS

Omaira Sáchica

Durante 5 decenios Estados Unidos (EEUU) ha impuesto la Guerra contra las drogas con la que crece el consumo y la producción de narcóticos, mueren más adictos y las cárceles las llenan con gente pobre, mientras los grandes capitalistas monopolizan las ganancias del narcotráfico.

El 17 de junio de 1971 el Presidente Richard Nixon (1969-1974) decretó la Guerra de EEUU contra las drogas, que impuso a los países donde el imperio norteamericano tiene injerencia; desde luego este modelo coercitivo no ha logrado disminuir el consumo ni mucho menos la producción de narcóticos; pero sí produce billones de narcodólares que son lavados en los grandes bancos internacionales y en los Paraísos Fiscales.

El más reciente informe de la Oficina de la ONU contra la Droga reporta que en el 2020 en Colombia los cultivos sembrados con coca disminuyeron en un 9 por ciento (159.000 Hectáreas), sin embargo, la producción de cocaína aumento 3,5 por ciento [1].

David Restrepo el Director de Desarrollo Rural y Economías Ilícitas del Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga (Cesed) de la Universidad de los Andes afirma que, “la Guerra antidrogas no solo no ha servido para disminuir el consumo, sino que pareciera que la prohibición fomenta el consumo porque genera un mercado ilícito controlado por el crimen organizado, cuyo incentivo es vender la mayor cantidad posible y controlar los territorios donde opera” [2].

Glifosato letal, costoso e inútil

Durante décadas el Estado colombiano ha basado su política antinarcóticos en la persecución de los campesinos cultivadores y la aspersión aérea con Glifosato, que es un herbicida no selectivo de amplio espectro que es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un agente cancerígeno, que además produce otras afecciones graves a la salud [3].

En 2015 la Corte Constitucional prohibió la utilización del Glifosato y obligó al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) a frenar las aspersiones aéreas con este herbicida; años después esta Alta Corte ratificó dicha prohibición a través de la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de julio de 2019.

En diciembre pasado un Informe de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental (Whdpc, por sus siglas en inglés) del Congreso de EEUU concluyó que “la erradicación forzada y la fumigación aérea con Glifosato no sirven, al contrario causan más daño, por lo que se debe implementar la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, que debe ir acompañada de programas para el desarrollo de las zonas más afectadas por el empobrecimiento, la exclusión violenta y el narcotráfico” [4].

La aspersión aérea con Glifosato es perjudicial para la salud y el ambiente, además de ser ineficiente, según el experto de la Universidad de Los Andes en erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito el PhD Daniel Mejía, “por cada hectárea (Ha) asperjada los cultivos se reducen en un 2 por ciento, por tanto para erradicar una Ha de coca es necesario fumigar 33 Has, lo que hace a la aspersión con Glifosato completamente ineficiente, ineficaz e irrentable” [5]; en otras palabras la aspersión con Glifosato tiene una efectividad del 2 por ciento y un costo de 80.000 dólares por hectárea erradicada, mientras la erradicación manual tiene un costo de 2.200 dólares y una efectividad del 95 por ciento.         

Mejía afirma que “la hoja de coca contenida en una Ha sembrada tiene un costo promedio de 500 dólares, por lo cual no tiene sentido centrar la estrategia antidrogas en el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, se debe concentrar los esfuerzos en el lavado de activos y la producción de clorhidrato de cocaína”.

Una política antidrogas alternativa 

La crisis económica y la inexistente presencia integral estatal obliga a los campesinos a la siembra de coca como única opción para conseguir el sustento diario; si realmente se quisiera desmantelar el narcotráfico, los esfuerzos deberían centrarse en bloquear sus finanzas y atacar los laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína que es donde el alcaloide adquiere su valor comercial.   

El país está en mora de pensar su política de drogas desde otro enfoque, desde lo social y la salud pública, para lo cual el adicto debe ser tratado como un enfermo, y los campesinos en vez de ser perseguidos se les debe brindar asistencia social y técnica integral que vuelva viable y sustentable la producción agrícola de las regiones.