LOS MANIFESTANTES ASESINADOS SON 83, NO 24

Himelda Ascanio

La brutal represión contra los manifestantes prosigue por parte del régimen y recibe un contundente rechazo en el Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU y en diversos países donde se solidarizan con los legítimos reclamos del Paro Nacional iniciado el 28 de abril.

Michelle Bachelet Alta Comisionada de la ONU para los DDHH el 21 de junio en la 47ª Sesión del Consejo de DDHH en Ginebra, Suiza, dijo sobre Colombia: “hemos recibido denuncias de graves violaciones de DDHH por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado y agentes no estatales (paramilitares) pese a que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas; desde 28 de abril al 16 de junio hay registro de 54 manifestantes asesinados principalmente en la ciudad de Cali y 49 víctimas de violencia sexual”, también cuestionó los incumplimientos del Gobierno al Acuerdo de Paz de 2016, con el que se podrían solucionar algunas de las causas que generan el inconformismo social.

La declaración de la Alta Comisionada no incluyó prácticas de terror de Estado como la tortura, el desmembramiento y la decapitación de las víctimas de desaparición forzada que aparecen en ríos, basureros y calles, que la Liga Contra el Silencio analiza como consecuencia de los 7.020 “traslados por protección”, una modalidad ilegal de retener a los manifestantes por parte de la Policía [2], tampoco menciona los más de 1.677 heridos -80 de estos presentan lesiones oculares graves-, 84 personas desaparecidas y el asesinato de manifestantes que asciende a 83 según Defender La Libertad [3]; cifras muy distantes de los 24 asesinatos que reconoce la Embajadora de Colombia, quien cuestionó el Informe presentado por Bachelet.

En rechazo a los sistemáticos Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por el régimen numerosas organizaciones sociales y políticas, iglesias, de defensa de los DDHH de Canadá, realizaron el 22 de junio la jornada del Día de Acción por los DDHH en Colombia, en la que denunciaron que el Primer Ministro Trudeau es cómplice del tercer Gobierno de Uribe para mantener las inversiones canadienses en minería, y exigieron recortar las licencias de exportación de equipos militares utilizados para reprimir la población colombiana [4].

Los últimos Crímenes de Lesa Humanidad

En el sector El Chamito en la vereda El Noral de Copacabana, Antioquia, el 13 de junio fue hallado el cuerpo de Wilson Alfonso Zapata Guisao en una bolsa negra y a kilómetros de allí en el sector de La Navarra en Bello, de manera similar los cuerpos de Nubia Isleny Pérez Cárdenas y Diana María Jaramillo Henao, esta última era lideresa social del Barrio 5 Estrellas de La Gabriela en Bello.

Dagoberto Bayona Santiago era docente en el Instituto Agrícola Región del Catatumbo de San Pablo en Teorama, Norte de Santander, fue asesinado el 19 de abril en la vía que de Venadillo conduce a Río de Oro, Cesar.

Santiago Ochoa de 23 años, fue capturado por la Policía militarizada del Esmad el 19 de junio en el corregimiento Aguaclara en Tuluá, Valle del Cauca, fue torturado, decapitado y partes de su cuerpo aparecieron el 20 de junio en el barrio Callejón El Delirio de ese municipio. 

Kevin Andrés García de 16 años, su cuerpo desmembrado fue encontrado el 20 de junio en el barrio Alfonso López de La Virginia, Risaralda.

Hernán David Ramírez de 25 años, fue reportado como desaparecido el 10 de junio, su cadáver lo encontraron el 20 de junio en el río Tuluá en la urbanización San Francisco, Valle del Cauca.

Ángel Miro Cartagena Correa pertenecía al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial y a la Asociación de Productores Campesinos de Dabeiba, Antioquia, el 14 de junio el Proceso de Garantías para los Defensores de DDHH en Antioquia (PSG) denunció que los narcoparamilitares lo secuestraron en Llano Grande de Urama cuando se dirigía hacia Camparrusia, el 20 de junio su cadáver fue hallado en el Río Urama de Dabeiba.   

Carlos Alirio Rodríguez y Jaime Alonso Fandiño Arias fueron las dos víctimas mortales del ataque criminal del Esmad el 21 de junio en Suba y el sector de Yomasa y la Marichuela en Usme; según la Red Popular de DDHH hay un saldo de 40 heridos, dos con lesiones oculares y otras dos son defensoras de DDHH que estaban verificando 10 casos de detenciones ilegales.

Nelson Enrique Lopera el 21 de junio fue retenido de forma ilegal por la Policía en San Judas cerca a la Calle 25 en Cali, Valle del Cauca, lo golpearon y le despojaron el teléfono, maletín, carnet y chaleco que lo identifica como defensor de DDHH.

Luis Miguel Caviedes Moreno Pastor de la Iglesia Metodista denunció seguimiento, hostigamiento y amenazas de muerte por su labor de apoyo a las comunidades de Siloé y Paso del Comercio en Cali, durante el Paro Nacional.

El 22 de junio narcoparamilitares perpetrarron una masacre que dejó 3 víctimas fatales identificadas como Nohelia de Socorro Muñoz, Cristian Yalí Montaño y Carlos Viloria Albornoz en Segovia, Antioquia. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) el 22 de junio denunció amenazas de muerte contra los periodistas Rafael Gómez y Édgar Astudillo del medio de prensa La Piragua, y contra Organis Cuadrado y Rafael Moreno de la emisora Voces de Córdoba, en retaliación por sus denuncias sobre narcoparamilitares y corrupción en Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador.

Norelia Trompeta Hachacué ex combatiente en proceso de reincorporación, fue asesinada el 25 de junio en la vereda El Palmar de Timba en Buenos Aires, Cauca.

En la vereda La Sierra de Los Pozos en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 26 de junio perpetraron una masacre de 5 campesinos.