TPP CONDENA AL ESTADO POR EL GENOCIDIO CONTINUADO

Himelda Ascanio

El sucesor del Tribunal Russell acaba de dictar Sentencia contra el Estado colombiano por el exterminio sistemático que perpetra contra sus opositores y contra la protesta social, condena que se suma al repudio mundial que recibe por el trato de Guerra que da al Paro Nacional.

Ente el 25 y el 27 de marzo el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sesionó en Colombia, donde escuchó el testimonio de centenares de organizaciones y víctimas del terror de Estado; el pasado 17 de junio dictó Sentencia en la que “condenó al Estado colombiano por su participación directa o indirecta, por acción u omisión en un Genocidio continuado, en Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad contra población civil por razones políticas” [1]. 

El TPP considera que en este Genocidio están implicados los Estados Unidos (EEUU) por la exportación de la Doctrina de Seguridad que considera a la población como Enemigo Interno, además las empresas nacionales y transnacionales que han participado de manera directa y activa o como instigadores, financiadores y cómplices de la violación de los Derechos Humanos (DDHH), y son las principales beneficiarias con la perpetuación de las prácticas genocidas del Conflicto Interno colombiano.

Philippe Texier Presidente delTPP afirma que “la Doctrina del Enemigo Interno destruye el principio del Derecho Internacional Humanitario (DIH) de distinguir entre combatientes y no combatientes, el derecho a la vida, la libertad sindical, a la tierra y la participación del pueblo colombiano ha sido vulnerado sistemáticamente”.

Ángela Buitrago e Iván Velásquez Fiscales de este Tribunal ético y de opinión valoran las recomendaciones de los jueces del TPP, al afirmar que “la impunidad es la garantía que ofrece el Estado para la permanencia y la repetición de las acciones criminales, imposibilitando las transformaciones sociales impulsadas desde los movimientos populares, asimismo insisten en la urgencia de la desarticulación del paramilitarismo como herramienta de preservación del control que tiene el poder y que debe incluir la restitución de tierras” [2].

Pese a esta Sentencia del TPP, de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y los pronunciamientos de diversas organizaciones internacionales continúa el Genocidio, recrudecido desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, cuando han asesinado 1.190 líderes sociales -75 este año-, 276 excombatientes firmantes de este Acuerdo -27 este año-, y 72 manifestantes durante el Paro Nacional en curso, además solo este año han perpetrado 42 masacres [3].

Las últimas víctimas del terror de Estado

Yessika Hoyos Morales integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) representante de las víctimas de la masacre Mondoñedo cometida el 6 y 7 de septiembre de 1996, el 11 de junio fue amenazada junto a Alfonso Mora León padre de una de las víctimas.

Harold Angulo Vencé conocido como Junior Jein, era líder cultural de Buenaventura, pionero en la música y el movimiento urbano, trabajaba en solidaridad con las víctimas de la masacre de Llano Verde y a través de actividades artísticas apoyaba a los jóvenes en resistencia durante el Paro Nacional, fue asesinado el 14 de junio en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

José William Mayoral Castillo era gestor cultural, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esmeralda y militante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), fue asesinado el 15 de junio en el barrio Paker del municipio Valle de Guamuez, Putumayo.

Derly Pastrana Yara de 46 años, lideresa de la Coordinación de la Mesa Departamental de Víctimas y la Consejería para Mujeres del Huila, el 15 de junio en Neiva, fue víctima de un atentado con arma de fuego que la mantiene en estado crítico.

Diego Otavo corresponsal del medio de comunicación Noti Adentro, el 16 de junio en las inmediaciones de la calle 27 con 10 Sur en Bogotá, mientras cubría las manifestaciones fue atacado por la Policía y recibió una herida en la cabeza.

Yinner Quigüantar líder estudiantil y vocero en la Mesa de Diálogos con los delegados de la Fiscalía, el 17 de junio denunció amenazas e intimidaciones contra el movimiento estudiantil y juvenil de Popayán.

Juan David Muñoz de 21 años, fue asesinado por el Goes y la Policía en la represión contra la movilización del 17 de junio en el Paso del Aguante (Puente del Paso del Comercio) en Cali, además un saldo preliminar de afectados deja 20 heridos y ocho detenidos.

José Cuellar defensor de DDHH, el 17 de junio recibió un impacto a quemarropa con un gas lacrimógeno lanzado por el Esmad en el sector San Luisito en Cali.

Eloy Mata Díaz, fue asesinado el 18 de junio por paramilitares que ingresaron en una camioneta disparando indiscriminadamente contra los manifestantes en el Punto de Resistencia Las Mil Luchas en Cali.   

Abilio José Soto Guevara de 19 años, fue asesinado el 19 de junio en un puesto de control policial entre Manaure y Sabanas de León, Cesar, la población protestó ante el cuartel de la Policía quienes respondieron con disparos asesinando a Luz Helia Solarte Martínez aspirante al Concejo Municipal en las elecciones pasadas.

Gustavo Solís Ramos pescador de 48 años, integrante del Consejo Comunitario del Río Mayorquín y del Proceso de Comunidades Negras (PCN), fue asesinado por narcoparamilitares el 18 de junio en el barrio Pueblo Nuevo a plena luz del día en medio de una fuerte militarización de Buenaventura, Valle del Cauca.