LA GUERRA PERPETUA DE EEUU EN COLOMBIA
Paula Sandino
Si desde antes, Colombia era un portaviones que ejecutaba la guerra perpetua del imperio, ahora que Trump por la fuerza busca subyugar aún más a Latinoamérica y el Caribe, las tropas colombianas y la Bases Militares gringas, tienen mayor peso en los planes neocoloniales del desgastado imperio norteamericano.
La política de Estados Unidos hacia el gobierno colombiano es ambivalente, manteniendo una férrea conducción desde Washington sobre las tropas colombianas, mientras ejerce presión sobre el gobierno de Petro, cada vez que éste toma distancia de algunas de las políticas imperialistas de Trump. Presión que ha ido en ascenso durante el 2025, pese a que el núcleo central del plan antisubversivo de EEUU en Colombia, ha sido mantenido y fortalecido desde 2022, cuando Petro llegó a la presidencia.
Los EEUU buscan refugio y madriguera
La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de Trump, reconoce que el imperio occidental decae y por tanto la hegemonía global es un «objetivo indeseable e imposible», mientras emergen potencias autónomas que buscan un ordenamiento mundial multipolar respetuoso de las leyes internacionales.
Para enfrentar este retroceso, los EEUU se repliegan hacia el hemisferio occidental (América Latina y el Caribe), a quienes considera “países de mierda” (shit hole), apenas dignos de ser neocolonias, a las que les exige privilegios para las empresas estadounidenses, para explotar sus materias primas y mercados.
Para imponer este plan neocolonial, fortalecen el Comando Sur del Ejército de los EEUU, con el que perpetran agresiones, como la del recién pasado 3 de enero, contra la hermana República Bolivariana de Venezuela; al tiempo que injieren en toda la política interna latinoamericana, con el fin de imponer gobiernos sumisos a su plan de guerra y saqueo.
Las Bases Militares de EEUU en Colombia siguen cumpliendo la doble función de amenazar a otros países, mientras garantizan el control y continuidad del viejo régimen, encabezado por la oligarquía pro imperialista. Desde estas Bases militares despliegan miles de asesores, que en el terreno comandan las operaciones de las Fuerzas Armadas (FFAA) estatales y sus brazos narcoparamilitares; así como mantienen equipos que asesoran todas las Brigadas del Ejército estatal, destacan grupos de asesores para conducir bandas como el Clan del golfo, para que cumplan con el plan anti subversivo.
Un brazo de la contrainsurgencia en Colombia, sigue apareciendo como una prótesis de la OTAN en el continente, que envía a miles de mercenarios colombianos a Sudán, Yemen, y Ucrania, además de conformar las bandas con las que ejecuta la guerra proxy dentro de Colombia y contra los Estados vecinos; al tiempo que en los cuarteles de las FFAA colombianas, siguen adiestrando miles de soldados y policías de otros países, en todas las tácticas de guerra sucia, contra el Enemigo Interno.
El ascendente presupuesto militar
Para sostener la maquinaria de guerra colombiana, el Estado gasta cada año 10.700 millones de dólares, siendo el tercer gasto militar de Latinoamérica, ubicado entre los 15 más altos del mundo; que devora el 15 por ciento del presupuesto estatal y en los últimos 20 años, ha consumido en promedio 3,3 por ciento de la producción anual de riqueza del país (Producto Interno Bruto -PIB-).
Los gastos del plan de guerra trazado por el imperio y aplicado por el régimen dominante, los han aumentado un 18 por ciento, entre 2014 y 2025. Comparando los dos últimos gobiernos, el de Duque (2018-2022) y el de Petro (2022-2026), el de este llega a magnitudes nunca vistas antes en Colombia:
En este gobierno, el 80 por ciento del gasto militar se destina al pago de la tropa. Y con Petro, desde 2024, inició un plan de crecimiento del pie de fuerza, con 16.000 militares y 20.000 policías.
El inframundo del conflicto
La Doctrina de Seguridad impuesta por el imperialismo norteamericano, está dirigida a perseguir y exterminar el Enemigo Interno, que son todos los luchadores por los derechos humanos y derechos del pueblo; fue aplicada entre 1947 y 1980, por las Fuerzas Armadas estatales; entre 1980 y 1995, se aliaron con los Carteles de la cocaína de Medellín y Cali para ejecutar el genocidio de luchadores populares; y entre 1995 y 2005, a los grupos narcoparamilitares denominados AUC, les encargaron seguir perpetrando la matanza del liderazgo social y demás luchadores.
En los últimos 20 años, toda clase de bandas, carteles y clanes mafiosos, hacen la guerra sucia contra los rebeldes y la protesta social, dirigidos como siempre, por el plan antisubversivo ordenado por las oligarquías gringa y colombiana.
Medio siglo de alianza bélica entre las FFAA y todo tipo de bandidos, ha resultado en la progresiva degradación del brazo represivo estatal y en el desarrollo de una estructura mafiosa al interior de las FFAA, en una simbiosis delincuencial, que va más allá del tradicional rol complementario, que tienen las mafias frente a lps Estados; para en Colombia, llegar a ser la maquinaria de guerra hegemónica, subordinada completamente a las órdenes gringas.
Llegado el gobierno de Petro en 2022, no solo prosigue el plan imperialista de guerra, sino que le agrega una política pública de dar estatus político a los narcobandidos, que vienen en alianza con las FFAA, usando una “puerta giratoria” que abre mesas de negociaciones con ellos; con la justificación de lograr lo que llaman una Paz Total territorial, que empodera a las bandas y las fortalece, como mecanismos de disputa y control territorial.
Durante el gobierno de Uribe (2000-2010), negociaron y acordaron la desmovilización de las AUC, en premio por el genocidio que perpetraron; los capos legalizaron capitales y todos siguieron al servicio del plan de guerra sucia, adoptando nuevos nombres. Este ‘guión de reciclaje de la violencia’, por parte de las oligarquías dominantes, se repite tras la desmovilización de las Farc en 2016; y parece que llegará a ser el destino de las negociaciones de Petro, con el cartel del Clan del golfo y demás bandas y microbandas.
La disputa en las regiones
Bajo Duque, las FFAA en alianza con las llamadas “disidencias”, que quedaron de la desmovilización de las Farc, arremetieron contra las comunidades del departamento del Cauca; llegó Petro con el plan de desalojarlas y otra vez las FFAA, simulan que combaten con ellas, mientras otras bandas de la región, simulan entrar a negociaciones para desarmarse.
Más al sur, en Putumayo y Nariño, este gobierno le crea una disidencia a la disidencia del otrora jefe de las Farc, Iván Márquez, que junto al grupo que opera en el Catatumbo, también los mantienen delinquiendo, al tiempo que los sientan a negociar con Petro.
El principal cartel exportador de cocaína del país, el Clan del golfo, mantiene sus rutas de exportación de droga en el norte del Chocó e intentan expandirlas hacia el sur, en alianza con las FFAA. Lo más significativo de esta alianza ocurre en el sur de Bolívar, nordeste y bajo Cauca de Antioquia, región en la que el despliegue en el terreno ordenado a los bandidos, multiplica por 4 al que hace el Ejército estatal, quien mayoritariamente mantiene quieto en los cuarteles; y como es costumbre, no solo no hay combates del Ejército contra el Clan del golfo, sino que los refuerzan, cuando se encuentran en apuros.
En 2025, en la frontera con Venezuela, hubo momentos críticos de confrontación, en enero contra la banda 33 en el Catatumbo y en agosto en Vichada y Guainía contra la llamada Segunda Marquetalia. Todo el año, el Cantón del Ejército de Puerto Jordán en Arauca, siguió al frente de dirigir la banda de Medina y Pescado, que al final fue forzada a replegarse hacia el vecino departamento de Casanare.
En varias ciudades hubo ataques a cuarteles de policía y también a Bases Militares, desde donde dirigen bandas que asolan las regiones; ataques que van más allá de solo combatir a las bandas y afectan a los Cantones y Bases Militares, desde donde las dirigen a perpetrar la guerra sucia contra el Enemigo Interno.
El genocidio en curso
La persecución y eliminación del liderazgo social por el imperialismo y las clases dominantes, persigue sofocar levantamientos populares y reprimir la protesta social contra el sistema, para evitar que vuelva a ocurrir un Estallido Social, como el de 2021. Por esto, el plan contrainsurgente, encarga a las bandas narcoparamilitares el descabezamiento de las organizaciones populares, que luchan por la vida y el territorio.
Entre enero de 2016 y el 30 de junio de 2025, han documentado 1.577 asesinatos de líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional. Solamente en 2024 asesinaron 173 líderes y lideresas sociales en Colombia; a los que hay que sumar el asesinato de 31 excombatientes firmantes de acuerdos de paz, los que estaban ejerciendo como defensores de DDHH en sus comunidades. En 2025 la cifra de asesinatos contra el liderazgo social ascendió a 187.
Según el Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado, entre agosto de 2024 y agosto de 2025 ocurrieron 13.817 homicidios en el país; en este mismo periodo, Indepaz registra la ocurrencia de 76 masacres, con alrededor de 250 víctimas y 187 líderes sociales asesinados.
Contrasta la cantidad de homicidios ocurridos en el transcurso de un año, con la cifra de bajas anuales que sufren las FFAA. El 2025 fue el año más violento para las FFAA en la última década, con 202 integrantes asesinados, 106 policías y 96 de las Fuerzas Militares.
La violencia debida al conflicto social, político y armado, es ínfima frente al resto de homicidios que se perpetran en el país. Porque cada dos días dan de baja a un integrante de las FFAA, asesinan a un líder social y matan a otros 74 colombianos. Estas cifras son resultado de los efectos criminógenos del capitalismo, a las que se agrega el genocidio en curso, contra las fuerzas populares adversas al sistema dominante.