MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA EL MODELO EN CAMPOS Y CIUDADES

MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA EL MODELO EN CAMPOS Y CIUDADES

Lena Velasco

En el 2025, el pueblo colombiano se mantuvo en las calles y carreteras exigiendo transformaciones, cambios, reformas, con iniciativas autónomas y otras promovidas por el gobierno nacional, contra un modelo económico y político, que este gobierno no ha modificado en lo esencial.

Las razones de la movilización social y las protestas son múltiples, permanecen e incluso algunas se recrudecieron en este gobierno, instalado con promesas de cambio que fueron quedando postergadas, olvidadas o simplemente incumplidas.

 

Guerra soterrada al liderazgo social

La crisis humanitaria en las regiones fue en aumento por la acción paramilitar, que no la confrontó el gobierno nacional, pues su planteamiento al respecto es negar el paramilitarismo como realidad actual, aunque reconozca las víctimas del pasado; niega el conflicto, reduciendo, minimizando y/o descaracterizando a estas bandas como economías ilícitas organizadas.

El resultado de la aplicación del modelo de Paz Total se tradujo en la multiplicación y complejización de la guerra, como estrategia principal para el despojo en los territorios. El deterioro de la situación de derechos humanos en varias regiones del país, como Catatumbo, Cauca, Nariño, Chocó, Magdalena Medio y Oriente del país está registrado y denunciado por organizaciones defensoras de DDHH y hasta la propia Defensoría del Pueblo lo reconoce, afectando principalmente a las comunidades campesinas, indígenas y afros que habitan y defienden los territorios rurales.

Como consecuencia de esta crisis de derechos humanos, la movilización y las protestas en contra del capitalismo, como modelo económico y político que condena a millones a la miseria, al hambre, a la guerra, para que una minúscula minoría viva en la opulencia y el derroche, fueron una realidad concreta en este año que culmina: jornadas diversas como marchas, plantones y paros de carácter regional y nacional, por reivindicaciones concretas en salud, servicios públicos, educación, acceso a tierras, vivienda urbana, el cumplimiento de los acuerdos en cuanto a derechos de comunidades indígenas, campesinas y negras; la exigencia de acciones directas y efectivas del Estado contra el paramilitarismo y el genocidio contra el liderazgo social, pero también con demandas políticas por soberanía, contra la injerencia gringa en el continente, especialmente en Venezuela, contra el genocidio del pueblo palestino.

Marchan por un lado y por otro estigmatizan

El gobierno, valiéndose de su imagen y aura social y popular, también convocó movilizaciones, como medidor de su respaldo social, lo cual también puede entenderse como una especie de manipulación y apropiación de la movilización, más aún cuando en los discursos se ha planteado el antiimperialismo, la resistencia y la lucha de clases, pero en la práctica gubernamental se mantienen formas tradicionales de hacer y ejercer la política.

La estrategia de estigmatizar y criminalizar a quienes se movilizan y luchan por sus derechos, fue parte de la política del gobierno del cambio, sin que en esto haya demasiadas diferencias con los gobiernos anteriores, manteniendo la amenaza permanente contra las organizaciones sociales y populares; sus líderes siguen siendo asesinados sistemáticamente, con el fin último de debilitarlas y exterminarlas. Claro ejemplo de las diferencias entre movilizaciones y discursos: cuando no es pro o convocado por los sectores gobiernistas, entonces son señalados, estigmatizados o reprimidos.

Flaco favor le hace al movimiento social y popular la diferenciación de causas, formas y objetivos de la movilización. O dicho de otra forma, la utilización que hace el gobierno de la movilización popular, pues la propia experiencia de este gobierno ponen en evidencia que por la vía de los escenarios estatales, tal y cuál existen hoy, ha sido imposible generar cambios, más allá de algunas mejoras en indicadores económicos básicos.

Minoría privilegiada opuesta a reformas democráticas

A Petro le han bloqueado cualquier tipo de reforma, aun siendo superficiales y tibias. Vía el Congreso de la república no ha podido hacerlas, ni negociando con las mafias politiqueras regionales de los partidos tradicionales, más bien derivó en los escándalos, que hoy lo someten a parecerse en las tramas de corrupción de los anteriores gobiernos.

El poder del aparato de justicia se ha mostrado férreo en la defensa del statu quo y los intereses del régimen oligárquico, demostrando que no basta con lograr el gobierno, si el poder del establecimiento sigue forzando las formas para la continuidad del modelo.

La reacción fascista de la derecha ha venido organizando escuadrones violentos contra la movilización social, con ejemplares como el denominado Guri en Medellín, Andrés Escobar en Cali, y desde gobiernos locales y departamentales con Frentes de seguridad de reservistas de las Fuerzas Armadas, ante los cuales debe haber medidas de protección y defensa por parte de las organizaciones sociales y el pueblo en general.

Que no hacer

Este gobierno dejó varias disyuntivas que miradas con un lente positivo pueden proyectarse como experiencias del “que no hacer”. Justamente uno de los abismales errores del gobierno es la negación del conflicto social y político, con lo cual lanza un discurso anti rebeldía, cuyo peligro está no solo en la negación de la guerrilla revolucionaria como realidad política del país, sino en el intento de sofocar la resistencia popular al sistema dominante.

El llamado Gobierno del cambio en lugar de profundizar los objetivos de cambio vía la organización y movilización popular, le quita capacidad y su poder, reduciéndola solamente a ser el apoyo de una administración. El ejemplo más claro y más detestable, fue la negociación hecha con los sectores oligarcas y mafiosos, en búsqueda de una supuesta gobernabilidad que nunca llegó, pero peor aún, es el mantenimiento de esa misma estrategia, acentuada por la presencia irrestricta, incuestionable e impositiva dentro del gobierno, de connotados representantes de este régimen mafioso y corrupto.

El papel jugado por el presidente Petro ha sido peligroso, porque no ha promovido la profundización de la lucha social para lograr los cambios y empoderar al pueblo, sino que la utiliza como discurso disuasivo, como ‘moneda de cambio’ para negociar su gobernabilidad con la oligarquía, tal es el caso de la convocatoria a la Constituyente por la que convocó a la gente a movilizarse, pero desde el mismo gobierno no hay interés real en que se avance en su concreción.

Los delirios de personalidad o los secuestros morales del presidente, hacen que pretenda minimizar y negar el calado de las búsquedas transformadoras del campo popular. El ejemplo de lo ocurrido con el Estallido Social del 2021, que en lugar de impulsarse la crisis de gobernabilidad, se hicieron llamados para amainar la movilización y captaron gran parte de ese proceso, que si bien logró la presidencia, hoy la realidad nos muestra que no es suficiente.

Lecciones aprendidas

Como enseñanza, deben retomarse las propuestas que apuntan al objetivo de fondo, al debate y cambio de los modelos político y económico, al cambio de la Doctrina de Seguridad, retomando la autodeterminación nacional, la soberanía real y el anti colonialismo, contra la ofensiva del decadente imperio estadounidense; que permitan las transformaciones de fondo de las causas que generan la desigualdad, la pobreza, la violencia y la perpetuación del conflicto interno.

El movimiento social fue comprendiendo que lograr los cambios por los que ha luchado históricamente, no es un asunto exclusivamente institucional, que la llegada de un gobierno alternativo así esté impulsado por un Estallido Social, no puede limitarse a un ejercicio de gestión pública y cabildeo, de hecho no puede perder de vista que este impulso debe ser sostenido, para exigir que sus demandas sean atendidas, por la voluntad de quienes están en el poder del Estado, sino por la voluntad del mismo pueblo movilizado, por la construcción de escenarios propios de poder popular autónomos con capacidad de transformar la realidad de injusticia y construir escenarios realmente alternativos al modelo capitalista.

De tal dimensión fue la intensidad de la lucha social que se expresó en movilización popular. La lucha antiimperialista debe marcar una nueva fase desde el campo popular. Las jornadas de movilización convocadas por las organizaciones sindicales y sociales en contra del injerencismo de EEUU, por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos seguirán marcando la pauta de la dinámica social, en la medida en que se comprende que, esta es una lucha global que está gestándose como respuesta a la agresión imperial en todo el planeta.

En esta disposición se encuentra el movimiento social colombiano y como es evidente también en ello el debate con el gobierno debe ser capaz de acompañar lo justo y deslindar de los atropellos, pues no es coherente por parte de Petro terminar aceptando, sosteniendo e imponiendo las órdenes de los EEUU en materia de Doctrina de Seguridad, para el sostenimiento, reconocimiento e impulso de bandas narco paramilitares, para la guerra proxy que impulsa Washington. Con todo y ello el imperio norteamericano ha humillado a este gobierno, en su afán de concretar un cinturón de derecha servil y lacaya en sur América. El imperio ha decidido que es el momento de lanzarse contra el territorio de América Latina, esto no se confronta con discursos y grandilocuencias vacías. Sino con acciones y lucha popular.

La acción coherente en defensa de la soberanía, es el retiro de las Bases y asesores militares de EEUU. El 2026, será un año electoral en Colombia y en EEUU, clave para los planes del imperio, pero también para fortalecer la resistencia popular y en tal sentido la apuesta es cerrar filas contra la derecha pro imperialista, avanzar en los procesos de unidad de la izquierda, de los sectores sociales organizados, del amplio campo popular en todas las regiones, en los territorios urbanos y rurales, por la democracia popular y contra el fascismo, para acrecentar las capacidades del poder de las mayorías, en función de concretar los cambios y transformaciones que requiere el país, y avanzar en la construcción de un modelo post capitalista y en el que la solución política del conflicto social y armado y la paz, sea una realidad y no retórica electoral.

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