LOS NEGOCIOS ILÍCITOS DE LAS ALTAS CORTES
Sergio Torres
La Corte Suprema de Justicia se apunta otro caso de corrupción evidente, en la designación de un magistrado de la Corte Constitucional, en un caso más de devolución de nombramientos. Misma Corte que avaló de manera fraudulenta la libertad del condenado Uribe Vélez.
El Estado colombiano tiene 3 ramas del poder, supuestamente independientes entre sí, de ahí deriva el manipulado y convenientemente utilizado principio de la “independencia de poderes”. Sin embargo, la absoluta corrupción dentro de todo el sistema estatal, ha hecho de ese principio más que una farsa, una caricatura. Con ello, la justicia colombiana es inexistente, está tomada y a merced de las mafias corruptas que manejan el poder.
Las tres altas cortes del poder judicial: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Consejo de Estado, lejos de ser faros del rigor, la ética y la justicia, son el primer ejemplo de la corrupción. En un país en el que los máximos órganos de justicia son corruptos y mafiosos, simplemente evidencia el fin de su normatividad legal. Y las principales víctimas son las comunidades y los pueblos.
El poder de estas ramas es tal, que dentro de sus funciones está juzgar al presidente de la República y altos funcionarios del gobierno, en el caso de la CSJ. El Consejo de Estado hace las veces de rector de lo contencioso administrativo. Esto les ha permitido ser los encargados de tumbar reformas. Así como garantizar impunidad en decisiones sobre funcionarios o ex-funcionarios. Estos organismos con tanto poder, fueron tomados por las mafias narcotraficantes, desde hace varias décadas.
Casos de corrupción graves, como el ocurrido en 2017 con el denominado Cartel de la Toga, en el que miembros de la CSJ estaban vinculados a una red criminal experta en la desviación de casos y pruebas, cohecho (igual soborno) y concusión (cobrar favores), siguen siendo parte del sistema de “justicia” de Colombia.
Esta vez el caso que pone en evidencia la corrupción en las Cortes, es la reciente elección del ex Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, como magistrado de la Corte Constitucional. Desde un principio se sabía que dicha elección pasaba más por el sostenimiento de la corrupción al interior de esta Corte. Ahora las denuncias admitidas por el Consejo de Estado, dan cuenta de inhabilidades en los magistrados, dados los nombramientos que sus familiares recibieron de la Defensoría del Pueblo, cuando Camargo era su Director. En concreto, quienes eligieron a Camargo estaban impedidos. Y para elegirlo incluso burlaron sus propias leyes de quorum y número de votos para elegir. Una clara y corrupta devolución de favores de un círculo mafioso.
El nivel putrefacción de estas instancias es tal, que como bien lo mencionó un periodista, tienen al Consejo de Estado juzgando las trampas que la Corte Suprema de Justicia cometió, para nombrar un magistrado de la Corte Constitucional.
Bastarían estos casos para revisar todo el modelo de justicia del Estado y desmontar esos entramados corruptos.