MEDICAMENTOS: OTRO ESLABÓN DE LA CRISIS DE LA SALUD
Chavela Villamil
El capitalismo neoliberal que rige en nuestro país, entregó la mayoría de servicios públicos a grandes empresarios; esto llevó a que derechos fundamentales como la salud los convirtieran en un negocio, donde el acceso está determinado por el poder adquisitivo.
La Teoría de Libre Mercado la implementaron con mayor fuerza en nuestro país en la década del 90 del siglo anterior, cuando implantaron la política de Apertura Económica que dio pie a la privatización de derechos fundamentales como salud, educación, energía, comunicaciones, entre otros; así surgió la Ley 100 de 1993 -cuyo ponente fue Álvaro Uribe Vélez-, que originó el Sistema General de Seguridad Social (SGSS), dando apertura a que las empresas privadas se apoderaran de la prestación de los servicios de salud y pensiones; desde entonces la prestación de los servicios de salud la realizan las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en su gran mayoría de origen privado, que funcionan como negociantes intermediarios entre las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) -hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros-, y los pacientes.
El SGSS ha permitido lograr una Cobertura de la prestación de salud del 98 por ciento referido solamente a las IPS donde se prestan servicios de salud, sin embargo, el Acceso a salud medido como el número de personas que logran hacer uso de los servicios de salud, solo es del 46,27 por ciento, mientras que la Oportunidad (rapidez y efectividad de la atención en salud) apenas es del 36,45 por ciento [1]; además, es lamentable e indignante que el 38,2 por ciento de los pacientes deben recurrir a Acciones de Tutela para acceder a procedimientos complejos como exámenes especializados, cirugías, entre otros.
Un sistema que vela por las utilidades y no por los pacientes
Las EPS cobran un porcentaje -no por prestar los servicios-, sino por asignar de su red de oferentes una IPS que preste los servicios; esto hace al sistema deficitario e ineficiente, además que la existencia de negociantes intermediarios genera un sobre costo en el servicio y un déficit en la atención oportuna de los servicios requeridos. En este modelo hay un eslabón que entrelaza las Promotoras con las Prestadoras, que son las Gestoras Farmacéuticas (GF) encargadas de dispensar los medicamentos y que en las últimas semanas se han convertido son el centro del debate, sobre las grietas que tiene el SGSS.
Las guerra mediática sesgada que han desatado los medios de comunicación desde la presentación de la Reforma a la Salud hasta su hundimiento en el Congreso, obedece a intereses de los súper ricos dueños de las EPS, quienes a su vez son los dueños de los grandes medios de comunicación, por lo tanto hay un abierto conflicto de intereses y en esta medida la información suministrada al país carece de objetividad y por el contrario, tiene como intencionalidad que la población favorezca y apoye un sistema de salud, que no solo es deficitario en términos de costos sino en términos de atención y oportunidad.
Parte de la disputa involucra el monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que según las EPS es inferior a la demanda y a esta le atribuyen la desatención del sistema y el déficit; por esta razón las EPS han venido solicitando y presionando al Gobierno para que se recalcule la UPC, con el sofisma de que resolviendo los supuestos problemas financieros de las EPS, por defecto mejora el sistema de salud; sin embargo, aumentar la captación de recursos que perciben las EPS, deja intactos los problemas que afronta actualmente el sistema de salud, por ser estos de orden estructural; solo por citar algunos casos, la demora en la atención de citas médicas especializadas, la entrega oportuna de medicamentos y exámenes de alto costo, la proliferación de Tutelas para garantizar servicios y procedimientos esenciales, son de corte estructural y no de orden pecuniario, salta a la luz, que según cifras oficiales el 64,35 por ciento de los procedimientos en salud se hacen por acción judicial vía Tutela.
En los últimos años se ha venido presentando un déficit de dispensación farmacéutica, inicialmente en medicamentos especializados y de alto costo, pero en los últimos años, este déficit se ha diseminado a todo tipo de orden farmacéutica, por estos días medicamentos básicos y de bajo costo como por ejemplo el acetaminofén. Según cifras oficiales a corte de enero de este año, la deuda de las EPS por concepto de medicamentos e insumos similares supera los 907.850 millones de pesos; de acuerdo a los datos de la SuperSalud, gran parte de la deuda se focaliza en tres entidades, Famisanar, Mutual Ser y Salud Total -de naturaleza privada-, que acumulan el 55,4 por ciento de la deuda.
Un modelo estatal y sin intermediarios
La Ley 100 de 1993 privatizó el Sistema de Seguridad Social que trajo un trágico retroceso en la Salud Pública, además el problema principal sigue siendo las políticas de Estado que contribuyen a la inequidad social. Modificar el SGSS en términos de anular los negociantes intermediarios de las EPS para la prestación del servicio, requiere la derogación de la Ley 100 y esto implica una Reforma Constitucional que obliga a tener mayorías en el legislativo y respaldo popular; desde luego, esta modificación traería alivio a las finanzas del sistema, ya que las utilidades quedarían en la administración estatal, lo que permitiría reinvertir en las IPS, para mejorarlas en términos de cobertura, oportunidad y eficacia.
La fortaleza del Sistema Público de Salud es vital para que un país afronte satisfactoriamente enfermedades prevalentes y pandemias, pero esto solo se puede lograr en la medida que las políticas públicas estén encaminadas al bienestar social y no a la generación de utilidades para los negociantes, por esto Colombia requiere con urgencia un cambio de modelo económico que realice la estatalización del SGSS, que traerá beneficios a toda la población y contribuirá a ir pagando la Deuda Social.
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[1] Indicadores Básicos de Salud 2024. Ministerio de Salud, 10-11-2024.