¿AGONIZA LA DEPREDACIÓN EN LA GUAJIRA?

Omaira Sáchica

Durante décadas nos han dicho que la explotación de minerales trae desarrollo y progreso; sin embargo, sólo falta mirar las condiciones de vida de la comunidad Wayúu y de su territorio depredado para darse cuenta que es una falacia, porque los réditos son solo para unos pocos.

La península de La Guajira está ubicada al norte de Colombia sobre el mar Caribe, allí habita la etnia Wayúu y posee una gran riqueza natural y mineral que contrasta con la desigualdad imperante en la región, la cifra de pobreza es de 53,7 por ciento, la pobreza extrema del 26,7 por ciento, y el índice de desigualdad Gini del 0,55 [1].

Décadas de ecocidio

Desde 1970 las multinacionales carboneras se establecieron en La Guajira y en 1976 iniciaron la explotación de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que en 2019 produjo 26,3 millones de toneladas y aportó 0,34 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) [2], y en el primer trimestre de año anterior produjo 9,8 millones de toneladas y aportó 0,11 del PIB [3]. 

Las actividades propias de la minería han afectado el suelo del departamento, la cobertura vegetal ha sido manipulada en un 90 por ciento [4], lo que provoca la desaparición de la biodiversidad; además, la calidad del aire está altamente comprometida por las emisiones de CO2 generadas por El Cerrejón, afectando gravemente la salud de los Wayúu.

El impacto ambiental más representativo son las afecciones a los acuíferos, en una región donde el agua potable escasea; El Cerrejón ha influido en la desviación y manipulación del curso de varios arroyos importantes como El Bruno, Tabaco, La Puente, entre otros, que empeora el ya precario acceso al agua en esta región.

A pesar de los fallos judiciales el etnocidio continúa

La Corte Constitucional a través de las Sentencias SU-698/2018 y T-614/2019 protegió los derechos del pueblo Wayúu y ordenó a El Cerrejón adoptar medidas para proteger dicha comunidad, garantizar el “acceso a un mínimo de agua potable suficiente para cubrir sus necesidades personales y domésticas, de conformidad con el principio de razonabilidad y la jurisprudencia constitucional” [5]; paradójicamente, a la fecha el Estado no ha tomado medidas efectivas que garanticen los derechos fundamentales de estas comunidades.

Recientemente las ONG internacionales Global Legal Action Network y AIDA, junto al CINEP/PPP y el CAJAR presentaron ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tres denuncias contra las empresas multinacionales accionistas de la mina El Cerrejón: BHP, Glencore y Anglo American.

Las denuncias instauradas se fundamentan en los múltiples impactos sociales y ambientales ocasionados por esta mina, que afectan la vida y los Derechos Humanos (DDHH) de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de La Guajira, así como el incumplimiento de los lineamientos de la OCDE [6].

Gearóid Ó Cuinn director de Global Legal Action Network afirma que, “lo que se busca es cerrar progresivamente la mina El Cerrejón, detener inmediatamente las operaciones en el pozo de Patilla y cumplir con todas las sentencias judiciales colombianas, además revertir el Arroyo Bruno a su curso original y restaurar el medioambiente en La Guajira” [7].

Luis Misael Socarrás líder de la comunidad La Gran Parada afirma que, “es urgente que el cauce del arroyo Bruno regrese a su estado natural, porque ya está demostrado que su caudal ha bajado y ya no hay pescado, y no queremos que le pase lo mismo que les ha pasado a los otros arroyos que El Cerrejón ha desviado” [8].

Defender el agua es defender la vida

Mientras el agua escasea y se contamina en las zonas de explotación y miles de personas en regiones apartadas pese a sus riquezas naturales, no tienen ningún beneficio o mejora en su calidad de vida, sólo ven cómo las multinacionales expolian los bienes comunes, sin que el Gobierno tome medidas al respecto.

Es claro que Colombia necesita urgentemente un cambio es sus políticas socio ambientales, y que esto requiere un cambio de modelo económico, que se logrará si la sociedad se une y exige los cambios sociales que necesita el país.