MIENTRAS PERSISTA LA VIOLENCIA POLÍTICA NO HABRÁ DEMOCRACIA

Himelda Ascanio

El uso de la violencia para mantenerse en el poder la usa el régimen para enriquecerse y para eliminar a sus opositores, terror de Estado que dirigen contra dirigentes populares y defensores de Derechos Humanos y del medio ambiente.

Stefan Peters Director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz) afirma que, “la violencia contra los líderes sociales en Colombia es un problema sistémico que requiere una solución sistémica, las cifras de los asesinatos es solo la punta de iceberg, porque detrás del asesinato consumado están los intentos de asesinatos, el desarraigo, el desplazamiento y hasta el exilio” [1].

Peters es enfático al afirmar que la banalización de las masacres, la estigmatización y la impunidad acelera la violencia hacia los líderes sociales, quienes representan la democracia desde las regiones empobrecidas, además es urgente que el Gobierno escuche a los defensores del ambiente y los que piden una distribución justa de la tierra.

Terrorismo de Estado para despojar

El paramilitarismo es una política de Estado en connivencia con terratenientes, empresarios, narcotraficantes y Fuerzas Armadas (FFAA), que le permite a la élite gobernante incrementar sus privilegios y propiedades.

En 1962 el General William Yarborough Comandante del Special Worfare Center de Fort Bragg en Carolina del Norte (EEUU), asesoró al Gobierno colombiano para crear grupos contrainsurgentes que eliminaran los opositores políticos, legalizados con el Decreto Legislativo 3398 de 1965 [2].

Esta política de Estado favoreció el despojo de más de 6 millones de hectáreas de tierra y bienes, que luego fueron legalizados impunemente a través de la Ley de Justicia y Paz durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010); por ejemplo, sobre esta base el año anterior la Unidad de Restitución de Tierras incluyó en el registro de tierras despojadas los terrenos donde se construirá el Puerto Internacional de Pisisí en el Urabá Antioqueño, concesión otorgada a la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisi S.A. en el 2018 [3].

Detrás de cada asesinato hay un proceso social asediado

La Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar denunció amenazas de muerte contra dirigentes sociales del corregimiento de El Salado, en su mayoría víctimas de desplazamiento forzado. 

Jesús Bailarín líder del pueblo Embera yGuardia ambiental de Nuevo Cañaveral, el 17 de enero fue secuestrado por narcoparamilitares del Clan del Golfoen el puente dePavarandó, Mutatá, Antioquia, en dirección al poblado de Uradá, Jiguamiandó, Chocó,a cinco minutos de la Estación de Policía, cuatro horas después fue dejado en libertad.

El 17 de enero en el barrio El Recuerdo en la Comuna 6 de Popayán, Cauca, perpetraron una masacre que dejó 3 víctimas fatales, Daniel Mauricio Fuly, Deybi Zúñiga y Joan Moreno Chimunja.

Oscar Yesid Zapata vocero del Proceso Social de Garantías en Antioquia, el 17 de enero denunció que los narcoparamilitares declararon objetivo militar a 19 jóvenes de los municipios de Remedios y Segovia, entre ellos al líder social Juan Camilo Vásquez miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Aporreado, Segovia, Antioquia.

Yubitza Robira Monsalvo Directora de la Fundación Tejiendo Cultura Caribe, denunció que el 18 de enero sujetos armados llegaron a su vivienda ubicada en la Sierra Morena en el corregimiento Palmor de Ciénaga, Magdalena y le exigieron abandonar la región. 

El 18 de enero en el sector El Morro del barrio Santa Elena en Tarazá, Antioquia, perpetraron una masacre que dejo 4 víctimas fatales, Jhon Cuello Jaramillo, Deivinson Jaramillo, Darley González Gómez y el menor de edad Brayan Duván Tapias.

Linda Díaz Romero era líder campesina y pertenecía a la Asociación de Campesinos y Agricultores de Villa San Roque, fue asesinada el 19 de enero en el barrio Villa San Roque en el corregimiento Guarumo en Cáceres, Antioquia.

Yuli Andrea Velásquez ambientalista e integrante de la Federación de Pescadores de Barrancabermeja,el 20 de enero denunció que fue víctima de un atentado cuando se encontraba en su vivienda junto a su familia, en zona rural de Barrancabermeja, Santander.

El Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero en Santander de Quilichao, Cauca, el 21 de enero denunció amenazas de muerte contra sus dirigentes.

José Abadía Parra de 56 años, era víctima de desplazamiento forzado del municipio El Dovio, e integrante de la Fundación Nuevo Amanecer con sede en Cartago, Valle del Cauca, fue asesinado el 20 de enero en La Ye del corregimiento Puerto Caldas en Pereira, Risaralda.

Janeth Zapata pertenecía a la Junta de Acción Comunal de la Comuna 9 y realizaba trabajo social en el barrio Bombay 3 en Dos Quebradas, Risaralda, fue asesinada el 21 de enero en esa localidad. 

Juan Carlos Correa Restrepo de 35 años, era ex combatiente de las FARC, el 23 de enero mientras se desplazaba en moto del corregimiento el Valle de Toledo al municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, fue secuestrado y horas después encontraron su cuerpo sin vida. 

El 24 de enero sicarios perpetraron una masacre en el corregimiento Cerro Rico en Buga, Valle del Cauca, que dejó 5 muertos y 2 heridos.