UNA MALDICIÓN QUE CONTINÚA
Himelda Ascanio
La paz y la vida son ideales falseados sobre los que han naturalizado su utilización espuria. Todos y todas queremos vivir en paz, esto quiere decir, en condiciones de bienestar, sosiego y armonía. Donde los conflictos no sean dirimidos violentamente, y quienes piensan diferente no sean asesinados.
Cuando el Estado mismo es quien impulsa la violencia y la muerte, es absolutamente legítimo defenderse y pelear por la vida. Por ello es importante determinar las causas que generan el conflicto, determinar el origen de este ciclo de violencia que completa 8 décadas. Así como los niveles de responsabilidad, ya que un Estado que no garantiza lo fundamental, que es la vida, no tiene legitimidad, ni legalidad para administrar una sociedad y habrá fracasado. En consecuencia, la rebelión no solo es un derecho, sino una obligación.
Colombia durante toda su historia republicana ha estado caracterizada por la violencia, ninguna generación en más de un siglo ha logrado superar esa situación. No ha existido un Estado, ya que nunca este ha cumplido sus funciones y obligaciones como referente de autoridad política y garante del bienestar de la población. Ese remedo de administración ha sido secuestrado por mafias oligárquicas que, a través del ejecutivo, legislativo y la administración de justicia, han generado una histórica desigualdad, exclusión y muerte.
El cambio posible
La única novedad en la historia política colombiana fue la elección de Gustavo Petro como presidente, que por primera vez arribó al máximo cargo del poder político, un líder que no provenía de las mafias oligárquicas. El pueblo que se movilizó, creyó en esta posibilidad y le entregó un mandato popular por los cambios, que además refrendó en las urnas. Fue el pueblo movilizado quien desequilibró el balance conveniente de la arruinada democracia del sufragio.
Lastimosamente, esta primera e histórica posibilidad de cambio en la política colombiana, se va diluyendo y girando hacia ‘más de lo mismo’. Dos grandes enemigos han tenido el Gobierno de Petro; uno, el establecimiento, manejado, direccionado y sostenido desde los Estados Unidos. Y dos, el mismo presidente, que prefirió aliarse con representantes de esas mismas mafias dominantes, antes que asumir la ruptura que suponía el mandato por los cambios.
Un fiel reflejo de estos dos males que impiden los cambios, la paz y la superación de la violencia, se condensan justamente en la llamada Paz Total y la figura del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Nada más distante de la idea de superar las causas y de al menos querer pasar la página de la violencia.
Como si se tratara de una maldición, desde Estados Unidos y a través del comisionado, Otty Patiño, están reciclando e impulsando paramilitarismo. Desde esta alta posición avanzan solapadamente los mayores enemigos de la paz, lo cual redunda en la continuidad del genocidio contra líderes y lideresas sociales, por medio de la articulación de Fuerzas Armadas y bandas narcotraficantes, para el arrasamiento de territorios.
A más de la mitad de su mandato, al presidente Petro le quedaría jugarse a fondo para no defraudar más. Una gran cosa sería parar el genocidio en curso contra los liderazgos populares. Pero esto no es posible si, por el contrario, se está impulsando la configuración de nuevos grupos paramilitares, como pasa en Nariño, donde las comunidades ya se han hecho públicas las denuncias de paramilitarismo en el marco de la llamada Paz Territorial que promueve e impulsa el comisionado Patiño. Cuya nefasta consecuencia ya se mide por la perpetración de un mayor número de masacres y ejecuciones de líderes sociales en este departamento.
Una publicación del diario El País de España, del pasado 6 de diciembre [*], menciona que alguien cercano al establecimiento en Nariño dijo que: “también tenemos certeza de que varios nuevos jefes de zona de las Autodefensas son los mismos antiguos jefes guerrilleros de esas zonas”. Van saliendo a la luz pública estos entuertos denunciados por el ELN desde el principio.
Sería muy triste y nefasto, que el gobierno Petro pasara a la historia como el que fundó un “nuevo” paramilitarismo en Nariño, justo en el departamento que más lo apoyó electoralmente.
Asesinatos de la semana
El primero de diciembre cuatro personas fueron asesinadas al interior de un establecimiento público ubicado a menos de 100 metros del puente sobre el río Mayo en el sector de Remolinos, en límites entre los departamentos del Cauca y Nariño.
Luis Armando Nene Orozco, era un firmante del acuerdo de paz, quien adelantaba su proceso de reincorporación en el departamento del Cauca; fue asesinado el 2 de diciembre en la plaza de mercado del corregimiento de Siberia en el municipio de Caldono, Cauca.
El 2 de diciembre tres personas fueron asesinadas en horas de la tarde en el barrio Barranco Colorado al oriente del municipio de San José de Guaviare.
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[*] De guerrilleros a paramilitares: líderes sociales de Nariño denuncian que las disidencias del ELN cambian de bando mientras negocian la paz. El País, 6-12-2014