CRECE LA POBLACIÓN QUE NO PUEDE PAGAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Chavela Villamil

La energía eléctrica es un servicio público esencial y un derecho fundamental, sin embargo, sus altos costos nacen de la codicia de empresarios privados, que lo convirtiendo en un servicio costoso, al que cada día más personas no pueden acceder.

El modelo económico fomenta la exclusión, la desigualdad y la pobreza (monetaria y multidimensional), toda vez que se centra en la acumulación de capital para un grupo plutocrático reducido; a su vez plantea que la enajenación de activos estatales es favorable para la productividad, y esto ha llevado a la privatización de diferentes empresas de orden estatal y de interés estratégico, un ejemplo de ello es la energía eléctrica que actualmente casi en su totalidad es un servicio operado por entes privados, manejado por la lógica de libre mercado, que lo hace cada día más costoso,  convirtiéndolo en un lujo inaccesible para gran parte de la población, que se ve relegada de su servicio por no poder sufragar su costo.

Una ecuación que elevó la tarifa eléctrica

En la década del sesenta del siglo pasado integraron todos los sistemas eléctricos del país, para crear el Sistema Interconectado Nacional (SIN), que agrupa todas las líneas de transmisión de energía y subestaciones, dando lugar a que las centrales no atiendan la demanda de energía de la región donde están ubicadas, sino que su producción hidroeléctrica es centralizada en el SIN y luego es distribuida; el SIN lo componen más de 30 compañías públicas y privadas de generación, transmisión y distribución de energía, junto con 209 plantas de generación y 26.333 kilómetros de redes de energía.

El SIN es administrado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) -una unidad administrativa autónoma sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que regula la distribución equitativa, masiva y al menor costo posible de la energía eléctrica, el gas natural y el gas licuado, entre otros-; sin embargo, esta entidad no es la encargada de fijar los precios ni del kilovatio hora (KWh) -producción-, ni mucho menos de la distribución o la comercialización del fluido eléctrico.

El KWh es fijado por las empresas generadoras que establecen su valor por los estándares comerciales internacionales (valor cambiario en Bolsa de los combustibles), a este precio inicial se deben indexar los costos operacionales de transmisión, distribución y comercialización, esta sumatoria determina el valor final del KWh, al valor final del recibo se le suma que en muchas regiones del país es cargado en la factura de electricidad los costos operacionales de aseo público, lo que da como resultado un servicio extremadamente costo y de calidad defectuosa -región Caribe-, que lo hace casi que impagable y a su vez incrementa ostensiblemente el costo de vida de más del 50 por ciento de los colombianos.

Un reciente estudio de Accenture y Energy Consumer revela que cerca del 47,3 por ciento de los colombianos durante este año tuvieron o han tenido problemas para pagar la factura del servicio eléctrico, además muestra que nuestro país tiene una de las tarifas más elevadas del continente [*]; esta situación ha llevado a que cerca de 9,6 millones de colombianos padezcan pobreza energética -Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE)-, que equivale al 18,5 por ciento de la población, de los cuales resalta que el 31,25 por ciento de los departamentos tienen el IMPE por encima del 52 por ciento.

Necesitamos nuevos paradigmas económicos y energéticos

La privatización de las empresas del sector eléctrico ha conllevado a que el suministro de este servicio indispensable tenga altos costos, que muchas personas no pueden pagar; en otras palabras, el principal responsable del déficit energético o la IMPE que afronta el país es el modelo económico neoliberal que dio cabida a que los servicios públicos fueran de orden privado, dejando estos bajo la lógica capitalista, donde el principal fin es la obtención de utilidades desmedidas.

El problema de fondo del costo de los servicios públicos es que al regirse por el libre mercado su precio es oscilatorio y determinado por ecuaciones globales que tienen como tasa de medida estándares de economías fuertes, que al ser aplicado en países como el nuestro tornan impagable este servicio esencial; disminuir o regular el precio de los servicios públicos requiere un nuevo paradigma económico que no se rija por la política de libre mercado, situación que es difícil de resolver en lo inmediato, por esta razón, en el mediano plazo lo factible es sacar de la ecuación tarifaria el Índice de Precios  del Productor (IPP), que las comercializadoras asuman las perdidas por defraudación, y generar un sistema que no tase los precios por la oscilación del mercado bursátil.

___

[*] El 47 por ciento de la población colombiana tiene problemas para pagar la factura de la luz. Valora Analitik, 19-09-2024.