ESPIONAJE ESTATAL CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Himelda Ascanio
En la noche del miércoles 4 de septiembre, el presidente Petro dio una publicitada alocución, en la que denunció la compra ilegal de Pegasus, un programa de espionaje telefónico producido en Israel, durante el gobierno de Duque (2018-2022).
La denuncia pública hecha por el propio presidente le da una mayor connotación y abre un caso que tiene muchas víctimas y muchas personalidades implicadas. Petro ha señalado directamente al gobierno de Iván Duque de utilizar instituciones para la compra y utilización ilegal de un programa de espionaje, además puso en duda la procedencia de los 11 millones de dólares, que habrían pagado a la empresa israelí NSO Group en 2021.
Espían y persiguen al liderazgo social
Pegasus es otra de las armas de ciberguerra, guerra tecnológica y comunicativa. Un programa espía que, inoculado en teléfonos o computadoras a través de enlaces y máscaras, accede a la información personal que las víctimas tengan en sus dispositivos, incluso permitiendo que estos sean controlados por los atacantes. Es decir, que desde el propio teléfono puedan grabar audio y vídeo o acceder a información personal y sensible, sin que la víctima se entere y sin ninguna autorización.
En el mundo se han documentado casos de este tipo de utilización de este programa de espionaje, en operaciones de vigilancia ilegal a opositores políticos. En Colombia, desde siempre el viejo régimen mafioso y paramilitar ha realizado operaciones similares sobre líderes y lideresas sociales y políticos. En este caso, vincula los liderazgos del Estallido Social de 2021, muchos de los cuales fueron asesinados y desaparecidos.
Culpables del genocidio
Este proceso, que se había mantenido oculto y que ahora se abre públicamente, tendría la posibilidad de vincular una larga cadena de irregularidades en contra de los procesos sociales y políticos. Encontrar las responsabilidades no solo de la compra y utilización del espionaje ilegal, sino la cadena de utilización de la información, que claramente ha llegado a manos de los medios voceros de estas mafias y a los verdugos del pueblo que han perpetrado el genocidio a líderes y lideresas sociales.
Lo que Petro señaló en su alocución presidencial, vincularía a Iván Duque, al Ministerio de Defensa, a la Dirección de Inteligencia de la Policía, a la Dirección Nacional de Inteligencia, al Comando Conjunto Cibernético y a Generales de las Fuerzas Armadas, es decir, buena parte de la cúpula de seguridad del Estado colombiano.
Por ello mismo, significa la prueba de la amenaza que el Estado colombiano ha significado para los líderes y lideresas sociales y su responsabilidad con el Genocidio en curso. Petro tiene una posibilidad de cobrar a los responsables y modificar estas líneas de la Doctrina de Seguridad Nacional, impartida desde EEUU y seguidas a pie juntillas por el régimen mafioso, narco paramilitar y genocida que ha gobernado a Colombia por tantos años. Ojalá esta denuncia del presidente, no sea solo una advertencia para sus detractores de la derecha uribista.