LA ECONOMÍA A DOS AÑOS DEL NUEVO GOBIERNO

Chavela Villamil

El nuevo Gobierno habla de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población; sin embargo, no ha modificado la política económica y hasta ahora los cambios no van más allá de incrementar levemente el asistencialismo, ¿es posible suplir el déficit socioeconómico basándose únicamente en la ayuda asistencial?

La recesión económica que sufre la economía global y que afecta con mayor fuerza a las economías dependientes del capital externo, han decrecido el Producto Interno Bruto (PIB) y el poder adquisitivo per cápita. En el caso de nuestra economía, además de los fenómenos macroeconómicos globales, se debe tener en cuenta que el nuevo Gobierno recibió un déficit fiscal superior a los 83 billones de pesos; una economía con saldo en rojo y un desarrollo desacelerado que el año anterior cerró en 0,6 por ciento, en otras palabras, una economía endeudada y con un PIB asfixiado por los altos intereses del déficit de cuenta corriente (Deuda Externa -DE-) y con menor percepción monetaria que en años anteriores.

Una de las primeras iniciativas que trató de desarrollar el Gobierno para resolver su insolvencia de caja, fue una Reforma Tributaria que se planificó en un monto inicial de 50 billones, pero al momento de ser aprobada fue inferior a los 20 billones de pesos, que la hace deficitaria y obligó al Gobierno a incrementar aún más la DE, para poder suplir el gasto de funcionamiento y el gasto corriente (burocracia, guerra, pago de intereses de DE). Otra medida implementada para paliar el déficit fiscal, fue el desmonte gradual de los subsidios a la gasolina, sin embargo, está medida también resultó inocua, ya que más del 70 por ciento del déficit ocasionado por los subsidios a los combustibles, es causado por el diesel y este hasta la fecha no se la ha hecho ningún desmonte a sus subsidios.

Además, durante este Gobierno se le ha dado continuidad a la nefasta política económica de pagar la DE adquiriendo más DE, para sostener e incrementar el gasto corriente; según el Banco de la República, en el primer semestre de este año el gasto de DE tuvo un incremento de 1.674 millones de dólares, llevando este pasivo a los 198.034 millones de dólares, que equivale al 56,1 por ciento del PIB, desde luego esto asfixia el PIB e incrementa el déficit de gasto corriente.

El desempleo y el empleo informal, un lastre de nuestra economía

En el mes de junio el índice de desempleo fue de 10,3 por ciento, 0,9 por ciento por encima del mismo periodo del año anterior; la cifra de desocupación se elevó en 248.000 llegando a 2,62 millones y los colombianos que salieron de la fuerza laboral fueron 459.000 llegando a 14,55 millones; por su parte el índice de empleo informal -rebusque- llegó a 73,45 por ciento, es decir de cada 10 personas que laboran siete lo hacen de manera informal. Estos datos infieren una burbuja especulativa que muestra una falaz estabilidad del mercado laboral, mientras decrece el poder adquisitivo per cápita.

En términos de solidez económica basar la economía en la proliferación del empleo informal es cuando menos un riesgo, aunque el comercio informal garantiza fluctuación de masa monetaria no permite generación sostenida de poder adquisitivo per cápita, además pauperiza las condiciones laborales. Desde este punto de vista, la proliferación del empleo informal genera una economía volátil y nos hace proclives a caer en una recesión económica.

Debemos transformar el paradigma económico

La desaceleración económica, la Recesión Técnica declarada por el Banco de la República, la inflación, el incremento constante de la Deuda Externa, entre otros, exige una política de austeridad que permita mitigar estos fenómenos; es inaplazable un cambio de fondo en el modelo económico, que disminuya los pasivos estatales, fortalezca y desarrolle integralmente la producción nacional y equilibre la balanza comercial, disminuyendo la importación de materias primas y productos con valor agregado.

El principal problema de nuestro país es que tenemos una política económica que centra sus esfuerzos en sostener el pago continuado de la DE, que además de ser onerosa es constantemente sobregirada, convirtiéndola en un pasivo incremental al que mes a mes aumenta su valor y los pagos realizados solo sirven para amortizar los intereses, pero la deuda de capital continúa intacta; lo que convierte a este pasivo en un círculo vicioso que asfixia el PIB e imposibilita pagar la Deuda Social.

La política económica y financiera del Gobierno de Petro se ha concentrado en incrementar el gasto corriente para ampliar la cobertura de algunos programas de subsidios e incrementar estamentos estatales, como es el caso del Ministerio de la Igualdad; pero lo hace de manera aislada o sin tener en cuenta el momento financiero que atraviesa el país, en otras palabras, aumenta considerablemente los pasivos en un momento en que los activos decrecen hasta llegar a indicadores negativos.

El nuevo Gobierno tiene el reto de dinamizar la economía, lo que tiene implícito un cambio en la política económica, desde luego esto requiere nuevos paradigmas que se centren en medidas que a la par que disminuyen el gasto corriente incrementen el poder adquisitivo per cápita, lo cual lleva a la necesidad imperante de una política de formalización y estabilidad laboral, que permita a las capas sociales medias y bajas sufragar sus gastos básicos.

Superar la actual crisis económica y el déficit de poder adquisitivo, implica instaurar una política económica fundada en la formalización del empleo y la mejoría de las condiciones salariales, además debe generar una tributación redistributiva que permita subsidiar capas bajas de la sociedad, el sistema actual no genera ni inclusión social ni sostenibilidad ni mucho menos crecimiento y productividad, por tanto, se requiere un modelo que fomente el desarrollo integral de la producción nacional, y que a su vez disminuya el Gasto Corriente e incremente de manera integral el Gasto Social.