SE GRADÚA COMO DICTADURA

Omaira Sáchica

Este tercer Gobierno de Uribe nació patrocinado por la mafia del Ñeñe Hernández, con sus fichas copó todos los entes de control y con reformas supuestamente ajustadas a la ley los perfecciona como brazos de eliminación de opositores, ¿todavía los EEUU dicen que esta no es una dictadura?

La Constitución Política de 1991 afirma que “Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista” [1].

Para llegar a ser un Estado Social de Derecho (ESD), el Estado debe fortalecer los servicios públicos y garantizar los derechos fundamentales para proveer a cada persona el nivel de vida necesario para desarrollarse como miembro pleno de la sociedad.

Con innumerables reformas las élites dominantes han inhabilitado a la Constitución del 91 y ahora los seguidores de Uribe buscan convertir a la Procuraduría en un brazo de persecución política, dejando a un lado su función de velar por los derechos del pueblo; así la dictadura mafiosa contaría con nuevas armas de persecución, además de las que ya tiene con sus policías, militares y narcoparamilitares.

Blindaje internacional contra la persecución política

En 2013 el entonces Procurador Ordoñez extralimitó sus funciones al destituir a Gustavo Petro como Alcalde de Bogotá e inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos; ejecutando un rotundo acto de prevaricato y persecución política.

El caso de Petro fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien condenó al Estado colombiano por considerar ilegal tal actuación; la CIDH consideró que Colombia violó el Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (DDHH), que establece que ningún elegido por voto popular puede ser removido de su cargo sino por decisión de un órgano judicial [2].

La CIDH en su fallo es categórica al plantear que Colombia debe cambiar su decisión de sancionar por medios administrativos a los funcionarios elegidos popularmente, ya que las autoridades administrativas no pueden limitar derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular, sino que eso solo procede por una condena de un juez en un proceso penal.

Perseguir y eliminar al opositor

Aprovechando el despliegue mediático del Paro Nacional en curso, en silencio el pasado 3 de junio las Comisiones Primeras del Congreso aprobaron una Reforma al Código Disciplinario [3]; este Proyecto de Reforma Constitucional en vez de garantizar los derechos políticos de los electos, abre aún más las posibilidades para que estos sean condenados por la Procuraduría, sin importar la decisión judicial que hubiera por una falta disciplinaria.

Expertas en Derecho Internacional de los DDHH como Silvia Serrano afirma que, “es erróneo concebir que sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios de elección popular sean impuestas por autoridad administrativa” [4], y Catalina Botero afirma que, “es evidente que el proyecto que pretende habilitar a la Procuraduría para limitar derechos políticos de funcionarios electos viola a la Convención Americana sobre DDHH; cada Congresista que lo vote a favor y cada Procurador que lo aplique, debería pagar con su propio patrimonio todas las condenas futuras contra el Estado colombiano por violación del artículo 23 de la Convención” [5].

A las nocivas consecuencias políticas y jurídicas de esta Reforma hay que agregar la carga de burocracia y derroche que ella implica, según la Procuradora Cabello “se requerían como mínimo 80 nuevos Procuradores Delegados, los cuales tendrán un costo mensual de 17,8 millones mensuales cada uno” [6]; a esto se le debe sumar 500 nuevos cargos, con salarios entre 2,5 y 3,5 millones de Pesos mensuales cada uno.

Este tercer Gobierno de Uribe se caracteriza por monopolizar todos los entes de control, como la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y la Contraloría, por medio de colocar en sus cargos directivos a personajes subordinados al caudillo, junto a reformas en su normatividad que le permite criminalizar y perseguir opositores contando con un supuesto manto de juridicidad, que va en contravía de Leyes Internacionales, lo que convierte a este Narcoestado en un Estado delincuente.