LIDERAZGOS SOCIALES, MUCHOS DIAGNÓSTICOS PERO NADIE HACE NADA

LIDERAZGOS SOCIALES, MUCHOS DIAGNÓSTICOS PERO NADIE HACE NADA

Himelda Ascanio

El pasado jueves 4 de julio se realizó la Audiencia Pública organizada por la Comisión Quinta del Senado de la República, el tema central fue la situación humanitaria que viven los líderes y lideresas sociales y políticos.

Nuevamente se presentaron las alarmantes cifras sobre desplazamiento, amenazas, persecución y asesinatos a los liderazgos sociales en Colombia; así las estadísticas sobre la situación humanitaria en el país, pero no se plantea dicha situación como un genocidio continuado y en curso, que hace parte de una estrategia y doctrina para arrasar los campos e impedir que el pueblo se organice y proyecte una propuesta de país desde sus miradas y visiones.

En este escenario de audiencia pública, participaron varias de las agencias de Naciones Unidas, todas ellas plantearon sus cifras y estadísticas sobre las agresiones y vulneraciones a comunidades y liderazgos, con una aparente y falsa preocupación, pues a la hora de las acciones no hay nada más que diagnósticos que no representan más que justificaciones para legalizar recursos. Un organismo como ese y sus agencias, operan bajo parámetros que permiten y son cómplices de estas situaciones de violencia y genocidio en Colombia.

Cifras oficiales e inacción

Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en 2023 se reportaron 54.100 desplazados o confinados, y en lo que va del 2024 van 122.000 personas en 342 situaciones registradas. Por su parte, desde la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, durante el 2024, han recibido 94 denuncias sobre asesinatos de líderes y lideresas sociales, así como 38 masacres. Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en el suroccidente colombiano (Cauca, Valle del Cauca, Nariño) y Chocó registran el 70 por ciento de las situaciones de desplazamientos masivos.

Es más que evidente que el problema de la persecución a quienes lideran procesos de organización social, a quienes defienden los Derechos Humanos o hacia quienes se organizan para promover modelos de desarrollo comunitarios y cooperativos, es parte de una política estructural que el Gobierno de Gustavo Petro no ha podido detener.

Este tipo de espacios confirman que no hay desinformación, ni desconocimiento de la situación y continuidad del genocidio; hay cierta complicidad de estos organismos. En últimas, la doctrina del enemigo interno y las estrategias de guerra perpetua, han sido permitidas, difundidas e incluso auspiciadas desde estas agencias. Ante lo cual, la única respuesta desde el pueblo es la resistencia, la organización y la defensa de la vida.

Asesinados esta semana

Yeri Gaitán, era presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Villa Colombia, Jamundí; fue asesinado el primero de julio de 2024 en Jamundí, Valle del Cauca.

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