Claudia Julieta Parra
La crisis socioeconómica existente y al insistir en políticas económicas que basan la productividad en el favorecimiento del sector privado y el incremento del Gasto Corriente, disminuyen el poder adquisitivo per cápita, con lo que millones de personas no puedan solventar ni siquiera la alimentación básica.
La inseguridad alimentaria crece aceleradamente a nivel global, según el Informe Global de Crisis Alimentarias (GRFC, por sus siglas en inglés), aunque mejoró marginalmente en comparación con el año anterior, sigue siendo crítica en comparación con los niveles prepandémicos. Actualmente más de 300 millones de personas enfrentan desafíos agudos para asegurar una nutrición adecuada; el Informe destaca que durante 2023, casi 24 millones más de personas enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.
Según el GRFC en países con datos comparables entre 2022 y 2023, la inseguridad alimentaria aguda se agravó en 12 de ellos, es decir en 2023 surgieron 13,5 millones de personas adicionales que necesitaban urgentemente asistencia alimentaria y de subsistencia; de estas personas, dos tercios estaban ubicadas en Sudán. Mientras tanto, en 17 países la seguridad alimentaria mejoró, lo que significó que 7,2 millones de personas menos enfrentaran altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.
El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estableció la línea de pobreza monetaria per cápita en 396.864 mil pesos, para un grupo familiar de 4 personas su umbral sería de 1.587.456 pesos –cifra 36,84 por ciento superior al salario mínimo vigente–; la línea de pobreza extrema per cápita fue fijada en 198.698 pesos y para un grupo familiar de 4 personas sería de 794.792 pesos.
Recientemente el Presidente Petro y la Ministra de Agricultura Jhenifer Mojica, firmaron el decreto que reglamenta los Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam), el cual tiene por objeto reconocer la territorialidad de las comunidades campesinas; según la Ministra Mojica este decreto ordena crear un Plan de Vida Digna, lo que sentará las bases para superar las necesidades a mediano plazo y la transformación de los conflictos para el desarrollo agropecuario.
Es loable la intención del Gobierno al decretar los Tecam, pero dada la actual orfandad estatal en la que están inmersos los campesinos, la incompetitividad de nuestros productos con relación al mercado externo y el decreciente poder adquisitivo de más de la mitad de la población, evidencia que este decreto es insuficiente para mitigar la crisis económica y salvaguardar la seguridad alimentaria. Desde luego estas iniciativas deben estar acompañadas del decremento del Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de intereses de Deuda Externa) y la inversión integral que permita el desarrollo técnico y tecnológico del campo y la industria nacional.
El déficit alimentario obedece a la marcada pérdida de poder adquisitivo per cápita que vienen experimentando las familias, en 2023 este índice osciló en 34,9 por ciento; es decir, por cada 10.000 pesos de ingresos recibidos su capacidad de compra decreció en 3.490 pesos. Acabar la inseguridad alimentaria implica cambios trascendentales en el modelo económico y productivo del país, que deben empezar por renegociar los TLC e invertir de manera integral en la producción nacional, para poder solventar el consumo interno y disminuir importaciones; también se requiere de la formalización del empleo y crear nuevas plazas laborales formales.
La reactivación económica depende del incremento del poder adquisitivo per cápita, y tiene implícito una política económica centrada en la formalización del empleo, una tributación cargada sobre los grandes capitales, de orden redistributivo y sin destinarla al Gasto Corriente; solo de esta manera es posible incrementar el capital liquido circulante y frenar la caída abrupta de la demanda, que desacelera la economía y desembocaría en una inevitable estanflación.
