Sergio Torres
El hundimiento en el Congreso de la reforma a la salud propuesta por el gobierno, es una muestra más de lo corrupto que es el poder legislativo colombiano y evidencia la mentalidad delincuente enquistada en el Congreso de la República.
El pasado miércoles 2 de abril la Comisión Séptima del Senado votó el hundimiento de una de las principales reformas propuestas por Petro, con la que buscaba modificar el actual sistema de salud colombiano. En dicha comisión, 9 senadores votaron archivarla y no darle continuidad a su trámite, solo 5 votaron lo contrario. Ahora bien, más allá de esta “dinámica democrática”, lo alarmante del asunto es que la negativa a la reforma radica en la compra prepagada de las multinacionales de la salud a un alto número de congresistas.
Extranjeros compran conciencias
El grupo Keralty es una multinacional de la salud con 30 años de operaciones en Colombia, han sido pioneros en el modelo de medicina prepagada. Lo que se pudo conocer a partir del trámite de la reforma, es que lo aplican no solo en temas de salud, pues utilizando este modelo prepago, en el que se paga un servicio concreto por adelantado, Keralty ya había comprado los servicios de estos mal llamados partidos políticos y sus congresistas.
Así entonces, ya estaban comprados los votos de: Norma Hurtado del Partido de la U, Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín del Partido Conservador, Honorio Henríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático, Lorena Ríos Cuéllar de Colombia Justa Libres, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Ana Paola Agudelo de Mira y Berenice Bedoya de ASI. Todos estos partidos recibieron dinero a manera de “aportes” para sus campañas políticas, toda una inversión de este grupo multinacional, dueños de Sanitas EPS y de Salud Bolívar EPS (grupo Bolívar).
Quiere decir esto que el poder legislativo colombiano está tomado por la mafia, que no tiene nada que ver con el desarrollo, debate o proyección de la política del país. Su único interés es la recaudación de dineros a cambio del mantenimiento del saqueo, desconocimiento y violación de los derechos de la gente. Este es quizá uno de los peores actos criminales, pues se está vendiendo la vida de millones de personas que, en este caso, están obligadas a padecer y morir bajo un perverso sistema de salud.
Las respuestas tendrán que venir del pueblo
Fue la segunda vez que el gobierno Petro presentó esta reforma, esta vez la reacción ante el hundimiento del proyecto vino a través de la Superintendencia de Salud, que decidió intervenir Sanitas EPS y Nueva EPS.
Petro en la primera intención, quiso lograr la reforma por vía de una coalición con estas mafias, obviamente no lo iban a secundar, ni a permitir la más mínima reforma que afecte sus jugosas ganancias. En este segundo intento, el presidente se habrá podido dar cuenta de cómo operan estas mafias, con esa certeza debería ser claro también que no se pueden pensar en vías institucionales, cuando las instituciones son la fachada y el fortín de delincuentes de corbata.
Se ha empezado a hablar de una constituyente que busque cambiar muchas de las prácticas que hoy impiden la formulación de, al menos, mínimas reformas en función del pueblo. La construcción de un escenario real de participación y legislación en pro de las mayorías pobres del país, pasa porque estas nuevamente demuestren en la calle su capacidad y su convicción. El mandato popular por los cambios posibilitó la llegada de un gobierno progresista, pero no la posibilidad de cambios de fondo por esa vía. Tendrá que ser una nueva demostración del poder constituyente movilizado, es decir, del pueblo, la que posibilite reales transformaciones estructurales. Nuevamente quedó claro que las vías “institucionales” están agotadas.
