Claudia Julieta Parra
El hundimiento de la Reforma a la Salud, exacerbaron las diferencias entre el Gobierno y las EPS privadas, y visibilizaron aún más los problemas que tiene el sistema de salud, desde que la Ley 100 de 1993 permitió su privatización.
En Colombia la salud es un derecho fundamental, su cuidado y administración es de orden estatal (público); sin embargo, en el marco de la Apertura Económica la ley 100 de 1993 dio cabida a que el sector privado pudiera administrar los servicios en salud, dando origen a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) -en su mayoría privadas, ninguna de orden estatal y una sola de orden mixto (La Nueva EPS)-; ninguna EPS presta servicios de salud de manera directa, son las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) las encargadas de la atención de los pacientes.
En el modelo actual las EPS funcionan como un intermediario financiero del sistema de salud, que cobra no por prestar los servicios de salud sino por administrar y disponer una red de IPS que prestan el servicio; esto genera sobrecostos a la prestación del servicio y hace que éste no sea rentable para el Estado, quien debe asumir el costo de los pacientes, en cambio para las EPS el nivel de rentabilidad es alta en comparación con el gasto de inversión primaria. Al disminuir los intermediarios en las transacciones comerciales se reducen los costos de producción, desde luego esto se aplica en cualquier mercado incluyendo nuestro sistema de salud, por lo tanto, es pertinente para las finanzas del Estado y la mejora en la prestación del servicio de salud, acabar con la intermediación de las EPS y realizar el pago directo a las IPS.
Las guerra mediática sesgada que han desatado los medios de comunicación desde la presentación de la Reforma a la Salud hasta su hundimiento en el Congreso, obedece a intereses particulares, ya que muchos de los propietarios de las grandes EPS a su vez son los dueños de los grandes medios de comunicación, por lo tanto hay un abierto conflicto de intereses y en esta medida la información suministrada al país carece de objetividad y por el contrario, tiene como intencionalidad que la población favorezca y apoye un sistema de salud, que no solo es deficitario en términos de costos sino en términos de atención y oportunidad [*].
En aras de enriquecer el debate, se puede partir de que el Unidad de Pago por Capitación (UPC) es inferior a la demanda, lo que implicaría recalcular su costo; sin embargo, esto resuelve los problemas financieros de las EPS -mejora sus utilidades-, pero deja intactos los problemas que afronta actualmente el sistema de salud por ser estos de orden estructural; solo por citar algunos casos en que beneficia o como resuelve el incremento de la UPC la demora en la atención de citas médicas especializadas, la entrega oportuna de medicamentos y exámenes de alto costo, entre otros; no se pude dejar a un lado el hecho tangible de que según fuentes oficiales, el 64,35 por ciento de los procedimientos en salud se hacen por acción judicial vía Tutela.
El problema de la salud en Colombia radica en que el modelo implementado es de corte neoliberal y se rige bajo la teoría del libre mercado, mientras esta política no sea modificada, la salud seguirá siendo un negocio lucrativo y los pacientes seguirán siendo tratados como clientes. Necesitamos con urgencia una Reforma a la Salud de carácter estructural, donde gran parte de los cambios deben girar en torno a la eliminación de los intermediarios y en la estatalización de este servicio. En otras palabras, lo que se requiere es la democratización del servicio de salud, y que ha este se le restituya su carácter de derecho fundamental, que exige desprivatizarla para que esté al servicio de todos los colombianos y no a favor de los intereses plutocráticos de los grandes capitales.
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[*] Tiempo transcurrido entre el servicio solicitado y la prestación del mismo.
