Sergio Torres
El drama de los menores que mueren de hambre en La Guajira no paró; la corrupción sigue teniendo como blanco a la infancia, ahora un aparente choque de versiones revela que la plata de los niños y niñas de Colombia, se la siguen robando de norte a sur.
El año arrancó con el escándalo de la falsificación de familias en un programa dirigido a la atención y prevención del maltrato infantil en Nariño; en el cual, la Unión Temporal Mi Familia UT, compuesta por IPS Afrosalud Colombia y la Corporación Colombia en Paz y Social, fue descubierta en irregularidades en la atención del programa ‘Mi Familia’, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
Para tal programa, el contrato iniciaba desde agosto de 2021 con un monto de 8.399 millones de pesos y una duración de 12 meses. El objetivo era la prevención del maltrato infantil en cerca de 4.000 familias de varios municipios de Nariño. Sin embargo, lo que se conoció fue la estafa en la que más del 50 por ciento de las familias reportadas como beneficiarias, no existían.
Para este caso el jefe del consorcio ejecutor del programa y principal responsable del robo, es el político nariñense, Otoniel Vergara, del partido Cambio Radical, vanguardia de la corrupción y los torcidos en Colombia. Como socia en el entramado corrupto, estaba la asesora de la dirección general del ICBF, Martha Tovar. A partir de allí se explica por qué entre el 2016 y 2022 las empresas vinculadas con Vergara, celebraron 66 contratos como operadores en programas para la niñez. Y aunque Tovar fue declarada insubsistente y la unión temporal “Mi Familia” fue sancionada, las víctimas de este nuevo robo fueron los niños y las niñas de Nariño.
Choque de versiones
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, ha publicado varios comunicados en los que señala estar cerrando filas contra la corrupción, que al igual que en todas las instituciones públicas se fortaleció y enquistó durante el gobierno de Duque (2018-2022). Ella denunció que:
“Se encontraron 220 contratos en manos de 59 operadores con el mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance (…) Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana. Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos”.
Según investigaciones independientes, el deslinde con la corrupción no existe, pues el mismo Otoniel Vergara continuaría robándose los recursos de la niñez, mediante nuevos contratos suscritos por cercanos suyos durante la actual administración. Este corrupto nariñense está presentando fundaciones de sus socios y familiares, para seguir adjudicándose contratos, es así que Samir Estacio Quiñones, primo de Vergara, habría recibido un nuevo contrato, bajo la fachada de la Fundación para la Paz, la Salud y la Educación del Pacífico.
De ser ciertas estás denuncias, no solo se confirmaría que la profunda corrupción que le roba derechos y recursos a los niños y niñas de Colombia, sigue campeándose dentro de la institución, sino que las medidas y la grandilocuencia efectista propias de este gobierno, no hablan con la verdad y no han sido capaces de frenar los vínculos ya detectados del robo y la estafa dentro del ICBF. Ni que decir de los aún no detectados.
