Himelda Ascanio
El genocidio contra el Movimiento Social no para, semana tras semana asesinan líderes sociales, en cualquiera de las expresiones o formas organizativas que se exprese dicho liderazgo; ser líder o defender los derechos de la gente, es estar contra el viejo régimen y por ende pone en riesgo la vida.
Esta es una realidad denunciada y evidenciada desde todas las instancias y organismos de Derecho Humanos, informes de plataformas (Colombia-Europa-EEUU), organizaciones no gubernamentales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en todos los informes, balances y análisis sobre la situación en Colombia, aparecen estas denuncias y estas alertas. El informe de CIDH sobre 2023, plantea haber verificado 126 asesinatos a defensores de derechos humanos en toda América Latina, 70 de ellos ocurridos en Colombia.
Al movimiento social y popular le apuntan desde varios flancos y con diferentes métodos. El Estado no sólo es responsable por su incapacidad de proteger y garantizar la vida de estas personas, sino también porque son sus Fuerzas Armadas quienes perpetran y actúan contra estos liderazgos, cosa que hacen en pleno uso desarrollo de sus actividades o en connivencia con el paramilitarismo.
En la mira de los medios
Las empresas de comunicación masiva, con su disfraz de medios de información, como buenos portavoces del viejo régimen aportan su gran dedo señalador para estigmatizar y marcar como posibles blancos de ataque a las organizaciones sociales y defensoras de derechos. Desde las cabinas de transmisión de radio y televisión, y sin ningún sentido ético, con plena consciencia marcan los blancos para que su aparato paramilitar dispare.
Las relaciones de estos emporios comunicativos con los emporios económicos, mafias y clanes (que al final vienen siendo lo mismo) son claras. Las grandes opinadores y falseadoras de la información, el falso periodismo fanático de la post-verdad y el paramilitarismo atrincherado detrás de una emisora o una revista, lanzan verdaderas campañas contra el movimiento social-popular y contra todo lo que signifique o promueva cambios en el país y vaya en contra de los intereses del viejo régimen y sus clanes mafiosos, de los cuales hacen parte algunas figuras de este periodismo asesino.
Les dispara la mafia
Según los informes publicados sobre DDHH en 2023; El top 3 de los departamentos donde asesinaron más lideres defensores de Derechos, coincide plenamente con los departamentos donde la connivencia entre Fuerzas Armadas y paramilitarismo ha funcionado en torno al narcotráfico y la minería, haciendo grandes daños a las comunidades y territorios. Cauca, Putumayo y Nariño, los 3 ubicados en el suroccidente colombiano.
Según el informe de la CIDH en el Cauca asesinaron 16 defensores de DDHH. En este departamento hasta el propio Gobierno Nacional denunció la alianza entre el Ejército colombiano y el EMC para permitir que estos últimos se instalaran en el Micay y lo llenaran de cultivos de coca. El segundo departamento donde más defensores asesinaron es Putumayo, fueron 9 en 2023 según el mismo informe; aquí la situación continúa a pesar de la supuesta negociación entre el gobierno y los Ex-Farc. Y el tercer departamento en este trágico podio, es Nariño, donde fueron 8 los defensores asesinados; allí también la connivencia y las relaciones entre el gobierno nacional y local, posa de estar adelantando acuerdos y tener relaciones con los grupos las llamadas disidencias.
Los acuerdos, rutas y ceses al fuego deben tener como principal objetivo la mejoría de condiciones para las poblaciones, como lo establece el acuerdo de Cese al Fuego con el ELN; de lo contrario, su propósito va a estar direccionado posiblemente a sacar ventaja de una parte sobre otra, maniobra en la que el gobierno ha mostrado habilidad. Por otro lado, el Estado colombiano que ha pedido perdón por varios crímenes cometidos, debe establecer claridad y contundencia en parar el genocidio, ya que sabe quiénes son los perpetradores, donde están y por qué lo hacen.
Asesinados de la semana
Josué Castellanos Pérez, era líder social y comunitario del sector de El Botalón en el departamento de Arauca; fue asesinado el 5 de marzo de 2024 en Tame, Arauca.
Dairo Yovani Aquite, era líder y autoridad ancestral del Resguardo Indígena de Santa Rosa ubicado en el municipio de Inzá, Cauca; fue asesinado el 5 de marzo de 2024 en Páez, Cauca.
Segundo Virgilio Imbachi, era líder social, actual presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Porvenir en el Municipio de Leiva, Nariño; fue asesinado el 7 de marzo de 2024 en Balboa, Cauca.
Deivi Junco Hernández, se desempeñaba como enlace de los programas de prosperidad social y como consejero de paz municipal; fue asesinado el 7 de marzo de 2024 en Lorica, Córdoba.
Luis Carlos Pineda, era firmante del acuerdo de paz quien realizaba actualmente su proceso de reincorporación en el departamento del Caquetá; fue asesinado el 9 de marzo de 2024 en El Doncello, Caquetá.
