Himelda Ascanio
A las denuncias hechas por las plataformas de Derechos Humanos (DDHH), se acaba de sumar un Informe de la Oficina de DDHH de la ONU, donde evidencia la continuidad del asesinato de líderes y lideresas populares, así como de defensores y defensoras de DDHH.
Este 28 de febrero, la Oficina de DDHH de la ONU presentó su Informe anual, en el que documenta la continuidad del asesinato de líderes y lideresas, así como el aumento de las masacres, que pasaron a ser 98 durante el 2023 -seis más que en 2022-, con 320 víctimas, junto a 105 asesinatos de defensores de DDHH. La representante de esta oficina de la ONU en Colombia, expresó que: “aunque en relación con el 2022 se registró una disminución del 9,5 por ciento en homicidios de personas defensoras verificados (…), sigue siendo la cifra más alta del mundo”.
El Informe llamó la atención por la vulneración de DDHH contra etnias y comunidades indígenas y afrodescendientes, ante la cual el Estado colombiano no logra adoptar medidas efectivas y profundas:
“Afectaron negativamente su autogobierno y su pervivencia física y cultural, incluyendo 23 casos de homicidio de autoridades tradicionales, guardias indígenas o guardias cimarronas, particularmente en contra del pueblo Nasa en Cauca, el pueblo Awá y Consejos Comunitarios (en Nariño y en Cauca), pueblo Barí (Norte de Santander) y el pueblo Hitnü (Arauca)”.
“Las personas líderes vinculadas a las Juntas de Acción Comunal (JAC) siguieron siendo las principales víctimas como resultado de la violencia, representando el 33 por ciento de los casos de homicidios verificados”.
El Informe analiza que ejercer el derecho a hacer veedurías y control político por parte de los líderes y lideresas comunitarias, se convierte en causante para ser asesinado o silenciado.
Según el Informe, el Cauca es el departamento con mayor nivel de violencia contra defensores de DDHH con 25 casos verificados, le siguen Nariño (14), Valle del Cauca (10), Putumayo (9), Norte de Santander (6) y Arauca (6). Puerto Asís, fue el municipio con el mayor número de casos con cinco, le siguieron Caldono, Tame y Tumaco con cuatro cada uno.
La Oficina de la ONU recomienda al Gobierno la instalación de “una mesa de trabajo, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, con plena participación de la sociedad civil, para construir un nuevo modelo de protección para personas defensoras”(*), que debe incluir una reforma a la Unidad Nacional de Protección (Unipep), además de implementar modelos de protección colectiva, con enfoques y medidas diferenciadas para mujeres y personas LGBTIQ+.
Asesinados esta semana
Ludivia Galindez Jiménez, era presidenta de Asojuntas de La Montañita, responsable del Programa para mujeres del Partido Comunista Colombiano; fue asesinada el 23 de febrero de 2024 en Florencia, Caquetá.
Abelardo Quintero Duque, era el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Mango, en la inspección de Santa Lucia del municipio de Puerto Guzmán; fue asesinado el 26 de febrero en Puerto Guzmán, Putumayo.
Eliécer Guevara Rojas, era docente de ciencias sociales en la Institución Educativa La Esperanza, además, hacía parte de la Asociación de Educadores del Cesar -ADUCESAR-, de la ciudad de Valledupar, Cesar; fue asesinado el 26 de febrero de 2024 en Valledupar.
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[*] Presentación en Bogotá, Popayán y Pasto del Informe Anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 2023. ONU, 28-02-2024.
