BRUTALIDAD POLICIAL, UNA CONDUCTA INSTITUCIONAL

Himelda Ascanio

Todas las recomendaciones hechas después del Estallido Social de 2021, por organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron la profunda transformación de la Policía colombiana, condenaron su criminal comportamiento y métodos para aplicar diversos tipos de violencia hacia las personas. Y ni que decir de su Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), que se convirtió en un escuadrón de la muerte. Hoy cosméticamente llamado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), cambiaron su nombre pero no su esencia y naturaleza. 

El ESMAD de la Policía fue creado mediante la Directiva Transitoria 0205 del 24 de febrero de 1999, de ahí que se tome este día para recordar la necesidad de acabar con la brutalidad policial en el Colombia y en el mundo. 

El comportamiento brutal no solo hace parte del repertorio de métodos policiales, sino que está instalado como una práctica constante y cotidiana de toda la institución; es decir, la represión desmedida, las violaciones, torturas, golpizas y sevicia, no se expresan únicamente en el entorno de la movilización ciudadana o la protesta social, sino que son una constante cotidiana contra la población que dicen “proteger”. 

Un análisis reciente, hecho desde el Observatorio de Violencia Policial de la ONG Temblores, investigó sobre casos de violencia policial entre 2020 y 2022, encontrando cifras y relaciones que dan cuenta de un terrible papel criminal contra el pueblo colombiano, especialmente contra las mujeres, LGTBIQ+, afrodescendientes e indígenas, jóvenes y civiles desarmados. 

Según datos revelados con fuente en Medicina Legal, hay miembros de la Policía constantemente vinculados en casos de violencia homicida, física y sexual. Con cifras como que entre 2020 y 2022, estuvieron involucrados en al menos 352 muertes. Un informe similar con análisis entre 2017 y 2019, revelaba que se habrían presentado 289 muertes a cargo de la Policía, por fuera del contexto de la protesta social.

Los llamados al Gobierno siguen siendo los mismos, Reforma a la Policía Nacional y el desmonte total del ESMAD, esto como parte de cambios profundos y no cosméticos como los hasta ahora ocurridos. En este contexto de crímenes cometidos por uno de los aparatos del Estado, se debe poner a las víctimas como protagonista de los cambios. Quitar muchas funciones que la Policía hoy tiene o las asume, sacarla del aparato de defensa y cambiar la doctrina con la que se forman sus agentes. 

El 18 de febrero de 2024, en el Resguardo Indígena de Ricaurte ubicado en el municipio de Páez, Cauca, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales.

Jackson Romaña Cuesta, era líder voluntario del Comité de Defensa Civil del Chocó e impulsor del deporte en la región; fue asesinado el 20 de febrero de 2024 en Quibdó, Chocó.

José Antonio Lozano Puentes, pertenecía a la Junta Directiva de Medianos y Pequeños Agricultores ‘El Barranquero’ en la vereda La Quisquina del municipio de Palmira; fue asesinado el 22 de febrero de 2024 en Palmira, Valle del Cauca.

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