EL LAWFARE A LA COLOMBIANA

Sergio Torres

Este viernes 16 de febrero reanudó labores el Congreso de la República, algo novedoso ya que se adelantó la fecha por cuenta de la modificación del Artículo 138 de la Constitución Política, firmado el 6 de julio de 2023, con el que adelantaron un mes el inicio de las sesiones ordinarias de esta corporación. Esta reanudación viene con investigaciones a bordo; el fantasma del Exsenador Mario Castaño y sus Marionetas, no sólo continua sino que asoma otros componentes. 

Este caso tiene enredados a varios Congresistas en ejercicio, la Corte Suprema no ha logrado garantizar su impunidad y es posible que tengan que verse obligados a determinar la detención de dichos casi honorables congresistas; como ocurrió en diciembre pasado con el Senador Ciro Ramírez, seguidor del expresidente Uribe, detenido por cobrar coimas en la contratación de obras, en el Quindío y Tolima. 

Si bien se espera la determinación judicial y se sabe que tratarán de mantener impunes a los implicados, el caso cobró mucha visibilidad y ya hubo detenciones, por lo que es muy posible que la justicia tenga que actuar de igual manera con los Senadores investigados. 

Los involucrados son Carlos Abraham Jiménez y Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, Samy Merheg y Miguel Ángel Barreto del Partido Conservador, y Juan Felipe Lemos del Partido de la U; a quienes se les procesa por conformar una red de corrupción en la contratación, teniendo como socio a Pierre García, director del Departamento de Prosperidad Social del Gobierno de Duque (2018-2022), con el que manipulaban la contratación pública.

El tema de fino cálculo político es que de ocurrir las detenciones de estos senadores corruptos y si aplican la sanción de Silla Vacía, las cuentas para las movidas dentro del Congreso cambiarían, pues la oposición quedaría resentida al perder 6 votos, a lo que se agrega el retiro de la curul que ocupaba Alex Char; es decir que, para la aprobación de las reformas que el presidente volverá a presentar, podría tener mejores posibilidades al encontrar una pequeña mayoría en la coalición de gobierno. 

Ahora, Si bien dicha coalición de Gobierno está pegada con mermelada, también aplica a la hora de un posible intento de golpe de Estado jurídico en el que el Congreso tendría un papel muy importante. Cabe recordar que Petro optó por intentar garantizar su gobernabilidad, armando coalición con congresistas, con una gran divergencia mental o ideológica, como los del Partido Verde y el Partido Liberal, e incluso con parte de los representantes del viejo régimen en el Partido de la U, coalición que no le ha servido de mucho y si pasa factura en la legitimidad del gobierno del cambio. 

Las maniobras en este sentido no se hacen esperar, por un lado la Corte Suprema tratará de dilatar el fallo contra estos senadores; y por otro lado, el gobierno esperará que la oposición se quede sin 6 votos para mandar a debate las reformas y aprovechar la pequeña ventaja. Tristemente, sino funcionan, Petro seguirá utilizando al pueblo arengándolo para que salga a manifestarse en las calles. Llamado que estaría muy bien si fuera continuado y con visos de protagonismo para la gente que lo eligió; y no lo que parece, “la vieja confiable” cuando las papas queman y la mermelada no endulza.

Reformas que son lo mínimo que puede ofrecer este gobierno, que prometió cambios que seguro no podrá cumplir y que tampoco quiso asumir. El tiempo corre y estaría muy bien que la gente que eligió el gobierno, que le entregó un mandato por lo cambios, empiece a definir y ser nuevamente protagónica. El Lawfare a la colombiana tiene sus grandes matices, una corrupción tan enorme como el odio de los que intentarían el golpe; a la vez, un pueblo que probó que resiste y se moviliza cuando le toca y una insurgencia armada que sigue en pie de lucha. No son ingredientes fáciles como para calcar la receta.

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