LAS MAFIATAS DE LA PROCURADORA DESEQUILIBRADA

Sergio Torres

Después del sombrío gobierno de Iván Duque (2018-2022), el país ha tenido que sufrir las consecuencias de las acciones de los alfiles que dejó enquistados en entidades de control. Es así como Margarita Cabello en la Procuraduría y Francisco Barbosa en la Fiscalía, se han destacado en su labor delictual, por fortuna el periodo de este último ya expira. 

Está demostrado que el objetivo de Margarita Cabello en la Procuraduría es buscar, inventar y hacer mucho ruido con posibles actos de corrupción que haya en el contexto del actual gobierno, sectores afines a este o de corte popular. Mientras ignora e incluso facilita los enormes robos ejecutados por sus copartidarios y miembros de su clan. La última jugada fue la sanción al canciller Álvaro Leyva por supuestos actos de corrupción en la contratación para elaboración de los pasaportes en Colombia.   

Lo grave de esta intencionalidad es que más allá de torpedear y frenar las labores que en materia de política internacional se vienen realizando o de atravesarse a políticas con contenido social, fundamentalmente en materia de paz; es la permisividad para que las mafias regionales sigan alimentando su poder corrupto. Así quedó demostrado recientemente cuando la Procuraduría emitió su sanción contra la Exsenadora Aida Merlano, caso que vincula directamente al clan Char; sin embargo, no desde esta entidad no se ha emitido ningún fallo en contra de este clan, más bien excarcelaron al más convicto entre los Char.

Hace pocos días se conoció una denuncia hecha por la senadora Esmeralda Hernández, según la cual desde la Procuraduría General de la Nación estarían generándose varios actos de corrupción en la contratación, pues durante el 2023 se habrían destinado más de 2.000 millones de pesos en contratar con amigos de Margarita Cabello, o lo que es igual, con personas pertenecientes a las mafias políticas a las cuales ella pertenece.

Entre los beneficiarios de los contratos se encuentran desde pagos de favores hasta familiares de exprocuradores, como Daniel Enrique Palis Taua, yerno de Alejandro Ordóñez, quien según la Senadora, habría tendría un contrato de más de 100 millones de Pesos. En lo denunciado habría un total de 2.045.545.238 de Pesos en contratos de gente, que no pasó por ningún concurso para ganar dichos contratos.

Así las cosas, si la Corte Suprema no hace alguna maniobra para evitar el nombramiento de la nueva Fiscal General de la Nación, en febrero debería estar lista la nueva dirección de la Fiscalía. En cambio, a la procuradora Margarita Cabello le quedaría todavía un largo año, en el cual obviamente seguirá con su labor en favor de la mafia. 

La búsqueda de caminos legales para frenar el accionar de este tipo de personajes está minada por instituciones y entidades atestadas de corrupción y mafias políticas. La fórmula para deshacerse de estos representantes del viejo régimen y enemigos de los cambios, no está en el establecimiento, debe llegar por vía del pueblo movilizado que reconoce perfectamente a sus adversarios y marcha contra ellos.

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