Himelda Ascanio

Hace una semana, cuando el presidente Petro denunció una ruptura institucional, se evidenció la agudización de la confrontación de entes de control como la Fiscalía y la Procuraduría contra el nuevo Gobierno. El llamado a la movilización hecho por Petro, es la respuesta a los indicios del golpe de Estado urdido desde el aparato judicial, por esto, no dejan nombrar la nueva Fiscal, para no entregar la principal punta de lanza de sus ataques al Gobierno.

Además de defender el Mandato Popular que el pueblo ganó en las calles y en las urnas, la movilización contra uno de los entes más corruptos y que más ha atacado a los sectores populares, es absolutamente justificada; esta Fiscalía es la responsable de la persecución a los líderes y lideresas sociales, como los manifestantes del Estallido Social de 2021, muchos todavía encarcelados y tratados como criminales, hasta impedir a toda costa que pudieran ser puestos en libertad.

Siguiendo un guion similar al diseñado en otros países, lo que se está orquestando desde el aparato judicial colombiano es la destitución del presidente; esto significaría desconocer y mandar al traste el sentir popular que tanto en el Estallido Social del 2021, como en las urnas en 2022, forjó por primera vez en la historia la posibilidad de un Gobierno de corte popular, al menos diferente de las tradicionales mafias políticas y de la oligarquía. Atreverse a un golpe de guerra jurídica, sería desatar un nuevo Estallido Social. 

A la movilización del pasado jueves 8 de febrero, las empresas de comunicación del viejo régimen quisieron darle matices de beligerancia que no tuvo; quisieron vender la idea de que fue una asonada contra los Magistrados responsables de esta maniobra para impedir el cambio de Fiscal. Lo hacen para tratar de desviar la realidad, donde las declaraciones de guerra al pueblo las está haciendo la mafia enquistada en la Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema. La asonada la está tendiendo el narcorrégimen contra el pueblo que exige cambios en Colombia. 

Las marchas y concentraciones no solamente fueron masivas y concretas en sus exigencias, fueron pacíficas y prudentes en las formas de protesta. Pero lo más significativo, es que se evidenció que el Mandato de Cambios sigue vigente y el pueblo sabe que se está orquestando su desconocimiento. Con ello tiene suficientes razones para prepararse y continuar en la justa defensa de la voluntad popular y el Gobierno que eligió. 

El gobierno por su parte, también debe tomar nota de lo que esto significa, pues ese respaldo debe ir acompañado de respuestas y decisiones. Está muy claro que ha empezado una nueva fase del proceso de confrontación entre el viejo régimen y los cambios que el pueblo exige. Aún no está en ciernes cual sea la deriva de las formas en que siga manifestándose, lo claro es que hay que estar preparados. El Mandato Popular debe ser respetado y defendido.      

Jhon Fredy Muchavisoy, era presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Dos Quebradas, jurisdicción del municipio de Puerto Asís, Putumayo; fue asesinado el 2 de febrero de 2024 en esta ciudad. 

Faber Rincón Pérez, era defensor de los derechos de los trabajadores de la industria petrolera a través de la organización Guardia Obrera; fue asesinado el 3 de febrero de 2024 en Yondó, Antioquia.

Lirnedy Soto, era tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera, Inspección de Arizona en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo; fue asesinado el 4 de febrero de 2024 en esta ciudad.

Aldinebin Ramos, cofundador de la Asociación LGBTIQ+ Chaparral Diversa; fue asesinado el 7 de febrero de 2024 en Ortega, Tolima.

El pasado 7 de febrero, sicarios sobre la Troncal de Oriente perpetraron una masacre en Fundación, Magdalena.

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