Himelda Ascanio
Pese a los múltiples llamados de la comunidad internacional y diferentes organizaciones de Derechos Humanos (DDHH), el Gobierno de Duque escala y exacerba el exterminio de líderes sociales, ex combatientes, y sigue dando trato de Guerra a la movilización social.
Las cifras dadas por diferentes organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) respecto al asesinato de líderes sociales, ex combatientes y masacres contra la población, todas tienen un rasgo en común la sistematicidad y aumento desaforado de estos crímenes.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, han asesinado 1.024 líderes sociales y 230 ex combatientes y solo en 2 años del Gobierno de Duque han asesinado 628 líderes y 140 ex combatientes (el 61 por ciento del total), además de perpetrar 132 masacres, 65 de ellas durante este año (el 49 por ciento) [1]. El 85 por ciento de los asesinatos de líderes se registra en 132 municipios de los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Córdoba [2]; paradójicamente estas zonas están asociadas a megaproyectos, agro negocios y cuentan con una alta militarización.
Llamados a sacar la violencia de la política
En la Conferencia Internacional sobre los 4 años del Acuerdo de Paz, los garantes José Luis Ponce Embajador de Cuba, Dag Nagoda Ministro Consejero de la Embajada de Noruega y el Enviado Especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, coincidieron en su preocupación por el incremento del asesinato de líderes y ex combatientes, la necesidad de la implementación integral del Acuerdo y su compromiso en la búsqueda de la paz para Colombia a través del diálogo [3].
Monseñor Darío Monsalve Arzobispo de la Diócesis de Cali, afirmó que “existe una venganza genocida contra la paz” ylas cifras le dan la razón [4]; en el mismo sentido el periodista Hollman Morris afirmó que, “cada asesinato de un líder social en el territorio, es un asesinato a la paz y la democracia, porque ellos son la base para la construcción de la paz en la región” [5].
Denuncias ante Cortes internacionales
La bancada alternativa del Congreso, Concejales y organizaciones defensoras de DDHH solicitaron audiencia en la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) y enviaron denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que realice las respectivas investigaciones por los crímenes del régimen contra la población.
En la comunicación a la Fiscalía de la CPI denuncian la comisión de delitos de Lesa Humanidad por parte de la Policía durante la protesta social de noviembre y diciembre de 2019, en el linchamiento perpetrado en la cárcel La Modelo en marzo de este año, y en las recientes protestas del 9 y 10 de septiembre [6].
En dicho documento afirman que desde que se posesionó Iván Duque, han muerto 57 personas por el accionar policial, han realizado 20 actos de tortura, 1.923 detenciones arbitrarias y 5 actos de violencia sexual [7].
Escalamiento de las agresiones
Piedad Córdoba ex Senadora opositora denunció que el 30 de noviembre en el Barrio Kennedy de Bogotá, uno de los carros encargados de su seguridad sufrió un atentado con arma de fuego; agregó además que viene siendo víctima de seguimientos y amenazas.
Andrés Maíz uno de los voceros del Movimiento de Los Sin Techo y de otras organizaciones sociales de Popayán, fue capturado el 28 de septiembre víctima de un montaje judicial, al ser acusado por Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de cometer actos vandálicos en las marchas realizadas en Popayán el 9 de septiembre.
Norbey Espinoza Herrera, ex combatiente, el 24 de septiembre en Urrao, Antioquia fue víctima de un atentado del que salió ileso.
Luis Alberto Naranjo</