Chavela Villamil
La utilización de medidas represivas y el ataque constante al eslabón primario del narcotráfico han sido la base de la política antidrogas norteamericana, método fallido ha significado grandes pérdidas, junto a la expansión del narcotráfico y la conversión de Colombia en una Narcorepública.
Durante 5 décadas han utilizado múltiples métodos en la lucha antidrogas, todos ellos han tenido como común denominador la coerción, la persecución despiadada de los cultivadores y la estigmatización de los narcoadictos; estos métodos han sido ineficaces y han dejado unos altos costos económicos, sociales, ambientales y humanos.
La larga Guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos a Colombia ha llevado a profundos cambios en el Estado, que el Comando Central del ELN los describe así:
«En Colombia, el narcotráfico ha financiado los ejércitos irregulares del paramilitarismo, para adelantar “la Guerra antisubversiva” y el Terrorismo de Estado, manteniendo el Genocidio en las últimas cuatro décadas, produciendo una simbiosis de intereses oligárquicos, donde el narcotráfico se ha legalizado en todas las instituciones estatales, generando una narcorepública» [1].
De fracaso en fracaso
La Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental (WHDPC, por sus siglas en inglés), recientemente dio a conocer un Informe sobre la política antidrogas norteamericana y su efectividad en Colombia, México y Centroamérica; esta Comisión es tajante al afirmar que “el Plan Colombia fue un fracaso en la lucha contra las drogas” [2].
En 1999 cuando se firmó al Plan Colombia existían 160.000 hectáreas (Ha) de coca, tras dos décadas de implementación de este Plan el área cultivada se incrementó considerablemente llegando en 2019 a 212.000 Ha cultivadas [3], consolidando al país como el principal productor de este narcótico, Colombia produce cerca del 70 por ciento de la cocaína mundial.
El Informe de la WHDPC afirma que la erradicación forzada y la fumigación aérea con Glifosato no sirven, al contrario causan más daño, por lo que se debe implementar la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, que debe ir acompañada de programas para el desarrollo de las zonas más afectadas por el empobrecimiento, la exclusión violenta y el narcotráfico.
El Gobierno boicotea la sustitución voluntaria
Uno de los puntos pactados dentro del Acuerdo de Paz de La Habana fue el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que busca que los campesinos cultivadores de coca sustituyan estos cultivos, contando con el apoyo integral del Estado a las comunidades cultivadoras por medio de programas de desarrollo en los territorios.
El principal problema que tiene el PNIS es el incumplimiento por parte del Estado, en la actualidad este programa está desfinanciado; según la Ley de Presupuesto para la vigencia 2020 este programa contaría con una asignación de 1,3 billones de pesos, lo que está muy por debajo del presupuesto requerido que son 2,1 billones [4].
El investigador Edwin De los ríos Jaramillo afirma que “el Gobierno de Iván Duque, ha reducido el PNIS a un apéndice de las estrategias de erradicación, desviando el centro de la política en la materia de los Derechos Humanos y la salud pública, esto es la vuelta al narcotráfico como dispositivo político para la represión y el control social” [5].
Mutación que ha creado serias problemáticas asociadas a la erradicación forzada, como el trasladado de estos cultivos a territorios afros e indígenas y a áreas protegidas ambientalmente como los Parques Naturales Nacionales, además de ampliar la conflictividad social y la pérdida de legitimidad estatal.
Soluciones sociales a un problema social
Si bien es cierto que el narcotráfico tiene un componente delictivo, este es mínimo en comparación al componente social que ataña toda la cadena productiva de las sustancias psicoactivas, y específicamente el caso de la cocaína donde el componente social es aún más alto.
En el cultivo de hoja de coca juega un papel trascendental la falta de inversión social y el abandono estatal que sufren muchas comunidades del país, al no existir alternativas económicas y ante la abundancia de necesidades básicas insatisfechas, sembrar coca se convierte en la única opción de sustento y el campesino se ve obligado a plantar cultivos de uso ilícito.
A la orfandad estatal de los territorios se suma la concepción reduccionista con la que los Gobiernos han aplicado la sustitución voluntaria, ha sido evidente la ausencia de integralidad estatal, el desconocimiento de las particularidades territoriales de las zonas con cultivos de uso ilícito, y la estigmatización del campesino cocalero.
El fenómeno del narcotráfico solo podrá ser superado si los métodos y mecanismos para combatirlos tienen en cuenta el contexto social que lo origina y nutre; además los procesos de sustitución deben respetar las comunidades, convertirlas en sujeto consciente y participante, a la par que se de apoyo integral, sostenibilidad y sustentabilidad de los proyectos productivos sustitutivos.
_____
[1] Carta abierta al Departamento de Estado, a la Fiscalía Federal de los Estados Unidos y al Gobierno colombiano