TERROR DE ESTADO CONTRA COMUNIDADES Y MANIFESTANTES

TERROR DE ESTADO CONTRA COMUNIDADES Y MANIFESTANTES

Himelda Ascanio

Iglesias y organizaciones de Defensoras de Derechos Humanos (DDH) documentan las prácticas genocidas de agentes estatales y narcoparamilitares, contra las comunidades para abrir campo a megaproyectos mineros, de infraestructura y agronegocios, castigo que también aplican a los manifestantes del Paro Nacional.

Iglesias, ONU-DDHH, DDH y Embajadas presentaron el 18 de noviembre el resultado de las Misiones Humanitarias (MH) realizadas en el Chocó y el occidente de Antioquia durante el 2021 [1]; las MH concluyen que esta región sigue teniendo un 70 por ciento de Necesidades Básicas Insatisfechas, padecen hambruna, aumento de suicidios en los jóvenes por la pérdida de la esperanza de vida; además está sometida a una crisis humanitaria por el incremento del asesinato de líderes sociales, amenazas de muerte y desplazamiento forzado, políticas públicas equivocadas e imposición de proyectos extractivistas y de infraestructura; la paz a esta región no llegó, son nulos los avances en el cumplimiento al Acuerdo de Paz firmado en 2016.

El Obispo de la diócesis de Quibdó dice que el Estado es el principal victimario en estos territorios, el Gobierno no puede continuar indiferente y debe solucionar las necesidades sociales, económicas y ambientales, la militarización es ineficaz y empeora la situación por  la connivencia de las Fuerzas Militares (FFMM) con los paramilitares [2]; Monseñor Athahualpa Hernández Obispo de la Iglesia Luterana, enfatiza que es necesario retomar la vía del diálogo y la negociación política con el ELN, pactar un cese al fuego bilateral que priorice la vida y los DDHH de las comunidades.

‘Tiros a la Vista’: castigo a quien protesta

El 26 de noviembre presentaron el Informe ‘Tiros a la vista’ realizado por Temblores ONG y Amnistía Internacional (AI), en el que detallan la criminalidad de la Policía en coordinación con la élite y su paramilitarismo urbano para reprimir a la protesta social, el cual tiene un componente de racismo estructural evidenciado en la sistematicidad de los ataques contra comunidades empobrecidas, afros e indígenas en Cali [3]. 

Del 28 de abril al 28 de julio en el Paro Nacional perpetraron 103 traumas oculares graves, en su mayoría las víctimas son jóvenes entre los 18 y 32 años y 8 son menores de edad; el Informe responsabiliza la Policía de 54 asesinatos perpetrados en manifestaciones entre 2019 y 2021, múltiples casos de detención arbitraria, agresión sexual, tortura y desaparición forzada constituidos en crímenes internacionales.

Erika Guevara Directora de AI afirma que el caso colombiano evidencia una operación deliberada de propinar “castigo”, la Policía sale a la calle a asesinar manifestantes utilizando armas letales y de fuego, los 103 traumas oculares son sobrevivientes a la intensión primera de asesinarlos; pero además el Estado violenta el derecho a la atención de salud especializada y psicosocial. Preocupa que los tribunales de justicia actúan como enemigos de la sociedad, beneficiando intereses políticos y económicos a cambio de la vulneración de los derechos de una inmensa mayoría excluida que es perseguida de manera desproporcionada. Además, las víctimas que se atreven a denunciar son hostigadas y amenazadas por los victimarios a quienes la Fiscalía o la Justicia Penal Militar no investiga perpetuando la impunidad [4]. 

Perseguidos por reclamar sus derechos

La familia Villalba Hernández víctima de desplazamiento forzado y despojo de tierras denunció que su finca No Hay Como Dios ubicada en Turbo, Antioquia, fue incinerada el 20 de noviembre; predio que fue restituido en marzo de 2020 después de varios años de proceso judicial contra el convicto exmagistrado Jorge Pretelt, esta zona es controlada por narcoparamilitares acaudillados por Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, hermano de Otoniel.

Jhon Alexander Fernández líder comunal de la Integración Social del Macizo Colombiano (Cima) y de la Fundación Estrella Orográfica, denunció el 18 noviembre amenazas de muerte contra él y su familia.

La Red de Derechos Humanos y Voluntariado en Primeros Auxilios de Nariño denunció el 22 de noviembre allanamientos y la captura ilegal de siete líderes juveniles entre ellos Juliana Higuera, Sergio Forero, Julián Baron e Iván Ayala, después de haber participado en la Primera Asamblea General Nacional de la Juventud Humana en Paipa y Sogamoso, Boyacá.

El periodista German Calvo sufrió amenazas de muerte por parte de narcoparamilitares el 23 noviembre en Purificación, Tolima, mientras cubría el evento político del candidato presidencial Gustavo Petro.

Ena Loperena responsable de Equidad y Género del cabildo Shekuruma Akusha de la Sierra Nevada y la Organización Wiwa Golkushe Tayrona, el 23 de noviembre fue amenazada de muerte.

Karla Risueño del equipo de DDHH de Juventud Rebelde de Boyacá y del Colectivo Mambú, el 26 de noviembre denunció amenazas que se agudizaronn después de haber participado en el Paro Nacional.

Sara Gómez Castellanos abogada, DDH y cofundadora de la Primera Línea Jurídica que ha denunciado las capturas ilegales, perfilamientos y agresiones físicas de la Policía contra más de 171 jóvenes durante el Paro Nacional, denunció el 26 de noviembre que la Fiscalía adelanta un montaje judicial en su contra, además de amenazas de muerte y seguimientos de los que ha sido objeto en los últimos meses.  

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[1] Informe de las Misiones Humanitarias realizadas en el Chocó y Antioquia. Pastoral Social, 18-11-2021.

[2] Iglesia: “El Estado es el victimario en Chocó y el occidente de Antioquia”. Caracol Radio, 18-11-2021.

[3] Tiros a la vista. Temblores ONG, Amnistía Internacional, 26-11-2021.

[4] No Murieron, los Mataron: la impunidad de los abusos policiales. María Jimena Duzán. Spotify, 25-11-2021.

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