NO ES UN PROBLEMA DE PLATA

NO ES UN PROBLEMA DE PLATA

Claudia Julieta Parra

Subsanar el déficit fiscal no está determinado exclusivamente por el incremento del recaudo -monto y volumen-, en esto juega un papel determinante la modificación de los patrones de consumo, la prelación y la destinación del Gasto Corriente (Burocracia, Guerra y pago de la Deuda Externa –DE–).

Recientemente el Congreso de la República aprobó en segundo debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023, por un monto de 405,6 billones de Pesos lo que representa un incremento del 15,1 por ciento con respecto al año anterior, y equivale al 27,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Las Reformas Tributarias son el mecanismo de ampliación y modificación del recaudo, pero el PGN es la hoja de ruta que le permite a un Gobierno realizar sus proyectos, máxime cuando este Gobierno ha sido categórico y enfático en que su prioridad será mitigar el déficit de Gasto Social y reducir los indicadores de pobreza y desigualdad.

Desde todo punto de vista es positivo que se incremente el PGN, sin embargo, resulta contradictorio que en vez de disminuir el Gasto Corriente éste se incremente considerablemente. Mientras el presupuesto destinado a inversión creció sólo 6,3 por ciento llegando a 74 billones, el monto destinado a Gastos de Funcionamiento aumentó 20,1 por ciento llegando a 253,6 billones, y se adjudicaron 77,99 billones al pago de la DE -19 por ciento del PGN aprobado-, lo que representa un incremento de 9,3 por ciento en el monto destinado a este pasivo.

La DE actualmente asciende a 176.085 millones de Dólares lo que equivale al 50,7 del PIB, y se convirtió en un círculo vicioso, ya que es un pasivo oneroso, cuyo monto está inferido por la constante devaluación de la divisa nacional, haciendo que este pasivo constantemente se incremente volviéndose impagable, y los montos destinados a la DE difícilmente logran tan siquiera amortizar los altos intereses de este pasivo.

En aras de favorecer el Gasto Social resulta contradictorio destinar una quinta parte del Presupuesto General de la Nación al pago de la Deuda Externa. En consonancia con el desarrollo social que plantea el Gobierno este monto se debería congelar, o en su defecto su incremento no debería superar el 2,2 por ciento que es la proyección de crecimiento para el próximo año, lo que permitiría liberar 5,9 billones de Pesos que se podrían anexar al Gasto Social.

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