Omaira Sáchica
La Guajira posee la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que contrasta con la miseria y depredación con que extinguen a los aborígenes Wayúu; porque para la élite dominante valen más los intereses de empresas multinacionales, que la vida del pueblo.
La Guajira es un departamento ubicado al norte del territorio nacional, ocupa una superficie de 20.848 kilómetros cuadrados, con una población de 880.560 habitantes, gran parte de estos pertenecen a la etnia binacional Wayúu, el 97,5 por ciento de esta etnia habita en La Guajira [1]; la riqueza mineral y natural de este departamento contrasta con la desigualdad creciente, su proporción de pobreza del 53,7 por ciento, pobreza extrema del 26,7 por ciento, y un índice de desigualdad GINI del 0,55 [2].
Desde 1970 las multinacionales carboneras se establecieron en La Guajira y en 1976 iniciaron la explotación de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que en 2019 produjo 26,3 millones de toneladas, pero solo aportó el 0,34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) [3], ¿por qué sostener una concesión que no aporta ingresos, pero si deja miseria humana y depredación ambiental?
Destruyen el medio ambiente por la codicia de las multinacionales
Las actividades propias de la minería han afectado el suelo del departamento, la cobertura vegetal ha sido manipulada en un 90 por ciento, que provoca la desaparición de la biodiversidad; además, la calidad del aire está altamente comprometida por las emisiones de CO2, afectando gravemente la salud de los Wuayúu [4].
La degradación del suelo y la tala indiscriminada de los escasos bosques, la contaminación de las vertientes y la monopolización del agua para los procedimientos mineros, han comprometido los acuíferos y los recursos hídricos de la región; además, El Cerrejón ha influido en la desviación y manipulación del curso de varios arroyos importantes como El Bruno, Tabaco, La Puente, entre otros, que empeora el ya precario acceso al agua potable por parte de los Wuayúu, causado por el terreno desértico de este departamento.
Empresas extranjeras no acatan las Cortes colombianas
La Corte Constitucional a través de las Sentencias SU-698/2018 y T-614/2019 protegió los derechos del pueblo Wayúu y ordenó a El Cerrejón adoptar medidas para proteger dicha comunidad, sobre todo en la regulación y reducción del material particulado presente en el aire, y el “acceso a un mínimo de agua potable suficiente para cubrir sus necesidades personales y domésticas, de conformidad con el principio de razonabilidad y la jurisprudencia constitucional” [5].
La Contraloría General advirtió que en el desvío del arroyo Bruno, la empresa Carbones de El Cerrejón no ha tomado las medidas adecuadas para la compensación del impacto ecológico, además consideró que el Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpoguajira, han tenido una gestión ineficiente, porque:
“Desconocer los derechos de las comunidades trae consigo una afectación o impacto a su cultura y una subvaloración de la relación espiritual que tiene la comunidad Wayúu, teniendo en cuenta que su interacción con la naturaleza no se da solo por estar al lado del arroyo, sino que existen interacciones mucho más allá de la distancia” [6].
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, acaba de afirmar: “hago un llamado a Colombia para que implemente las Directivas de su propia Corte Constitucional para proteger a la vulnerable comunidad Wayúu; recomiendo a Colombia que suspenda al menos algunas de sus operaciones en El Cerrejón, por sus daños medioambientales y a las minorías indígenas de la zona” [7].
Desde el pasado 31 de agosto los trabajadores de este compendio minero afiliados a Sintracarbón, iniciaron una huelga para evitar que la empresa imponga un nuevo turno laboral, lo que iría en detrimento de las condiciones sociales y de salud de los trabajadores [8]; a la fecha la huelga se sostiene y no existe aún la posibilidad de llegar a un a