Raúl Contreras
La violencia estructural de los de arriba generó la rebelión armada y tendrá que ser resuelta en un Acuerdo de Paz; el propósito de las mayorías es sacar la violencia de la política, de ahí que las últimas manifestaciones hayan sido por la Paz y por la Vida.
Gran revuelo ha causado el Fallo de la Corte Suprema de Justicia del pasado martes 22, que repudia la agresión sistemática que el Estado da a la protesta social, sentencia que evidencia que las autoridades la niegan como un derecho legítimo.
El Gobierno desconoce las decisiones judiciales
Este pronunciamiento de la Corte analiza lo sucedido en el Paro Nacional del 21 de noviembre 2019, no alcanzó a contemplar los hechos de brutalidad policial del 9 y 10 de septiembre de este año, agresiones aún más despiadadas hechas contra la población que salió a rechazar la crueldad de la Policía que torturó y asesinó a golpes al abogado Javier Ordoñez.
Dice la Corte que las Fuerzas Armadas (FFAA), en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), no es capaz de custodiar una protesta sin violar los derechos y las libertades de los ciudadanos, y que hace una intervención sistemática, violenta y arbitraria contra la protesta social. También critica que el Gobierno estigmatiza las manifestaciones y responde a ellas como si fueran una expresión criminal, por lo que plantea la necesidad de reformar la institución policial para poner fin al uso desproporcionado de la fuerza; por todo esto le ordenó al Ministerio de Defensa pedir perdón a las víctimas en un plazo de 48 horas.
El Ministro de Defensa Holmes Trujillo contrariando el dictamen de la Corte salió a revalidar la brutalidad policial, desconociendo el Fallo, conducta similar a cuando los jueces ordenaron la detención domiciliaria de Uribe; comportamientos dictatoriales que ya son costumbre del Gobierno de Duque.
Pasadas las 48 horas de plazo para pedir perdón, como medida de reparación frente a los excesos de las FFAA, el Ministro de Defensa no cumplió, bajo el falaz argumento de que ya había presentado unas disculpas el 11 de septiembre, 11 días antes que se emitiese el Fallo.
Con cinismo Holmes dijo que, “tenemos absoluta certeza que todos los derechos constitucionales contemplados y tutelados son respetados y acompañados por nosotros y por todos los miembros de la Fuerza Pública” [1], controvirtiendo y negando así lo proferido por la Corte.
La violencia de los de arriba
Este Fallo tiene gran significación, en tanto que la máxima instancia del poder judicial, devela una vez más la violencia estructural que ejercen los de arriba en contra de las mayorías nacionales, en contra de quienes protestan y reclaman por sus derechos, en contra de quienes se oponen al Gobierno, en contra de quienes promueven los cambios en el país.
Son tan evidentes estas realidades que la Corte misma señaló que “una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz” [2].
Motivos de la violencia estructural
Esa violencia sistemática de los de arriba para mantener sus privilegios y perpetuarse en el poder, es la misma que se expresó cuando el exterminio de la Unión Patriótica, del Movimiento A Luchar, del Frente Popular y de muchas organizaciones sociales y populares en los últimos años, que también se refleja a través del terrorismo de Estado y el paramilitarismo en las seis últimas décadas.
Es la misma violencia que hoy perpetran a través del recrudecimiento de las masacres, cuya responsabilidad elude este Gobierno y que en lo que va de este año ya llegan a la terrible cifra de 64. Misma violencia oligárquica que se ensaña contra lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de DDHH, que suma cerca de 1.100 asesinatos después de la firma de los Acuerdos de Paz de noviembre 2016, que también suma 230 ex combatientes y firmantes de la paz asesinados.
Es esa violencia de los de arriba, la que históricamente ha generado la rebelión armada, la insurgencia en el país y la que tiene que ser resuelta en un Acuerdo de Paz. Sacar la violencia de la política es un propósito de mayorías, de cambio y de futuro, en él coincidimos con las mayorías nacionales.
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[1] “Todos los derechos son respetados y acompañados por la Fuerza Pública”: Duque. El Espectador, 24-09-2020.[2] Sentencia STC7641-2020. Corte Suprema de Justicia, 22-09-2020.
1 Comentario
El quid de la cuestión es precisamente el relativo a la violencia estructural que caracteriza el ordenamiento económico-social y político colombiano y ello se explica en virtud de que. en términos de Filosofía Política Marxista-, el Estado es una especie de «máquina» para garantizar la dominación de una clase social por otra. En tal sentido – y por definición-, es perfectamente comprensible la máxima del jurista austriaco Hans Kelsen según la cual » El Derecho es una técnica de coacción social estrechamente ligada a un orden social que ella tiene por finalidad mantener». Se colige entonces que, difícilmente, el Establecimiento colombiano estará dispuesto a «sacar la violencia de la política», toda vez que la violencia es consustancial al sistema jurídico-político que le sirve de fundamento.