LA VENGANZA GENOCIDA CONTRA LA PAZ

LA VENGANZA GENOCIDA CONTRA LA PAZ

Himelda Ascanio

Monseñor Darío Monsalve desde hace dos años afirmó que hay «una venganza genocida contra los excombatientes para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios donde se enfoca, tenía o tiene influencia subversiva» [1].

En noviembre de 2016 el Estado colombiano firmó el Acuerdo para la Terminación del Conflicto con las otrora Farc, sin la voluntad política para resolver las raíces que lo originaron como el modelo económico, político, doctrina de seguridad y las relaciones de subordinación con los Estados Unidos.

Más de 13.000 combatientes llegaron a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización, transformados el 15 de agosto de 2017 en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr), para diciembre de 2018 solo 3.532 excombatientes habitaban estos espacios, pese a que el 95 por ciento estaban comprometidos con el Acuerdo no tuvieron garantías de seguridad, jurídicas, económicas ni logísticas [2].

ID el payaso asesino

Iván Duque llegó a la presidencia en agosto de 2018 con el propósito de “hacer trizas la paz” por esto desconoció y desvalijó la plata del Acuerdo, pero a su vez asesinó a 265 excombatientes de los cuales 11 eran mujeres; desde noviembre 2016 la cifra asciende a 323 asesinatos, 60 tentativas de asesinato y 20 desapariciones forzadas. 

En 70 asesinatos (22 por ciento): 21 fueron reacciones violentas a su participación en política, 28 por liderazgo comunale, 13 por sustitución de cultivos de uso ilícito, 4 por desarrollo de proyectos productivos que requieren de acceso a la tierra y 4 por la defensa de Derechos Humanos; sus edades oscilaban entre 35 y 54 años; el 57 por ciento de los 70 asesinatos se concentraron en: 8 en las sub regiones de Antioquia y sur de Córdoba, 12 en el norte del Caquetá y la zona Yarí-Ariari, 12 en el Cañón de Las Hermosas y aledaños, 10 en la Bota Caucana, sur de Caquetá y norte de Putumayo; el 50 por ciento de los excombatientes mostraban arraigo en el departamento en el que fueron ultimados.

De los 323 asesinados el 86 por ciento se declaraban personas mestizas, el 59 por ciento de las víctimas fueron sorprendidas en espacios públicos, 23 por ciento interceptadas en carreteras y un 17 por ciento atacadas en sus viviendas; el 59 por ciento de las ejecuciones ocurrieron en veredas, 33 por ciento en cabeceras municipales y 8 por ciento en ciudades; en el 96 por ciento de casos los victimarios usaron armas de fuego propiciando múltiples disparos en la cabeza, el tórax y/o la cara para asegurar que la víctima no sobreviviera.

Los excombatientes se ubican en 565 municipios, pero las estadísticas reflejan que los asesinatos han ocurrido en solo 98 de ellos, sin embargo, 20 municipios concentran el 53 por ciento del total de los asesinados; en la Retaguardia histórica de las Farc que va desde el valle del río Ariari en el oriente hasta las estribaciones del Páramo de las Hermosas y el Nevado del Huila al Occidente, y desde el Páramo de Sumapaz hasta las selvas del Caquetá han asesinado el 36 por ciento de los excombatientes; mientras que en el 68 por ciento de los municipios que tienen cultivos de uso ilícito no se registran estos asesinatos de excombatientes.

¿Quién da la orden de exterminio?

La Sala Plena de la Corte Constitucional el pasado 27 de enero emitió la Sentencia 7987084 en la que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, señala la responsabilidad del Gobierno por la omisión de acciones, planes y estrategias que ha permitido la violación masiva de los derechos fundamentales de los excombatientes comprometidos con lo firmado [3].

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 7 de marzo solicitó a la Unidad Especial de Investigación (UEI) para el desmantelamiento de las organizaciones criminales de la Fiscalía General, que entregue los resultados de las investigaciones adelantadas por los asesinatos de excombatientes, ya que la impunidad de estos crímenes ronda en el 98 por ciento.

Exterminio con sevicia

Juan Orlando Moreano Gobernador suplente del Resguardo Inda Sabaleta del pueblo Awa, John Faver Nastacuas y Carlos José García fueron las víctimas de la masacre perpetrada el 3 de julio en la vía hacia Tumaco, Nariño.

En Barranquilla, Atlántico, el 4 de julio se perpetró la masacre que dejó tres víctimas identificadas como Gregori Gustavo Lemus Ávila, Jesús Daniel Chamie Cuentas y Samuel David Méndez Ramírez.

Camilo Puni Bomba era comunero indígena de Guaitalá, Resguardo de Munchique Los Tigres y docente del Colegio Agrícola La Aurora y Wilmer Valencia comunero del Resguardo Canoas de la vereda Nacedero, fueron asesinados el 4 de julio en la vereda Tres Quebradas en Santander de Quilichao, Cauca.  

Ronald Rojas de 42 años fue un destacado dirigente estudiantil que se refugió en las Farc en 1998 luego que cuatro de sus compañeros fueran asesinados, era crítico del incumplimiento de los Acuerdos por parte del Gobierno, situación que le generó diferencias políticas con el Partido Comunes y junto a otros compañeros crearon la Mesa Autónoma de Reincorporación; el 4 de julio fue asesinado por un francotirador en la zona rural de Palermo, Huila.

Maicol Andrés Lozano Rojas era excombatiente articulado en el Etcr Héctor Ramírez de Agua Bonita, fue una de las tres de las víctimas que dejó la masacre perpetrada el 6 de julio en el sector El Triunfo y La Unión Peneya en la vereda Palma Arriba, municipio de La Montañita, Caquetá. 

Juan Andrés Córdoba Mosquera era excombatiente que hacía parte del Etcr El Vidrí en Vigía del Fuerte y posteriormente se integró a la Nueva Área de Reincorporación de Mandé, fue asesinado el 8 de julio en Urrao, Antioquia.

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[1] El Arzobispo de Cali, Monseñor Monsalve, acusa al presidente Duque de una «venganza genocida» contra la paz. Jesuitaslat, 09-07-2020.

[2] Ni solo coca ni solo disidencias: radiografía de los Exfarc asesinados. 070, 13-12 -2020. 

[3] Corte Constitucional declara que hay una violación masiva del Acuerdo de Paz. El Espectador 27-01-2022.

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