LA “SEGURIDAD” DE URIBE, EL MAYOR GENOCIDIO COMETIDO EN COLOMBIA

LA “SEGURIDAD” DE URIBE, EL MAYOR GENOCIDIO COMETIDO EN COLOMBIA

Himelda Ascanio

Uribe pagó recompensas a las tropas que presentaran más bajas, de ahí nació la práctica genocida de matar civiles y hacerlos pasar por guerrilleros, ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informa que mataron 6.402 en 8 años, un Genocidio mayor que el cometido contra la Unión Patriótica.

Durante el Gobierno de Álvaro Uribe aplicando su política de Seguridad Democrática, las Fuerzas Armadas (FFAA) de manera sistemática asesinaron población inocente para luego hacerlos pasar como “bajas en combate”, a este crimen de Estado se le ha denominado Falsos Positivos.  

Según el Informe que presentó la JEP entre 2002 y 2008 las FFAA serían responsables de 6.402 asesinatos de civiles (Falsos Positivos), que representa el 78 por ciento de estos crímenes, donde están involucradas 8 Divisiones del Ejército, la Primera, Segunda, Cuarta y Séptima concentran el 60 por ciento de estos asesinatos [1].

El 66 por ciento de las víctimas de los Falsos Positivos se concentraron en los departamentos de Antioquia, Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca.

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) afirma que, “las cifras reveladas en el Informe de la JEP confirman la hipótesis presentada por las organizaciones firmantes, relativa a la existencia de una política al interior de las FFAA que favoreció la recurrencia del fenómeno criminal, sin que se presentara ningún tipo de control, verificación o sanción de los responsables” [2].

Según la Cceeu el método de “abajo hacia arriba” adoptado por la JEP para revisar este Genocidio, hay que cambiarlo puesto que hay altos mandos que eluden su responsabilidad; además hay que esclarecer la impunidad de la Fiscalía que abarca a un 95 por ciento de los casos.

Jacqueline Castillo vocera y representante legal de las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), afirmó que las víctimas buscan conocer la verdad, que los altos mandos digan ¿Quién dio la orden?, sabemos que fue Uribe, pero él se niega y ataca a las víctimas ilegitimando los familiares con el cuento “de seguro, esos muchachos no estaban recogiendo café” [3].

Los desplazan para expoliar el oro

El 14 de febrero se registró el deslazamiento forzado de más de un centenar de familias, son 500 personas de las veredas El Quindío, Quebrada del Medio, Las Arañas y El Alto del Limón, y el 17 de febrero, cuando 300indígenas del pueblo Embera del corregimiento La Granja se desplazaron hacia Ituango, Antioquia. 

Isabel Cristina Zuleta líder de la organización Ríos Vivos afirma que, “el desplazamiento forzado en los cañones de El Inglés y Santa Lucía está ligado a la explotación minera que va desde Briceño hasta Ituango” [4].

Según Zuleta desde Medellín se están reconfigurando ejércitos de paramilitares, que ofrecen entre 15 millones de pesos y un pago mensual de un millón a desmovilizados de las AUC y jóvenes de familias empobrecidas [5].

A sangre y fuego caen los líderes

Orlando Manuel Chimá líder juvenil y comunero del Resguardo Los Almendros, fue asesinado el 14 de febrero en la vereda Piamonte de Cáceres en el Bajo Cauca de Antioquia; mientras había combates entre bandas y tropas del Ejército.

David Alejandro Bolaños González estudiante de Derecho de la Universidad del Cauca, el 15 de febrero durante las protestas estudiantiles que exigían Matricula Cero en el parque Caldas de Popayán, fue capturado arbitrariamente y golpeado por la Policía ocasionándole la fractura de su mandíbula.

La Alianza Colombia Libre de Fracking y el Comité para la defensa del Agua, la Vida y el Territorio (AguaWil), el 17 de febrero denunciaron amenazas de muerte contra varios jóvenes dedicados a la defensa de los derechos ambientales, que a través de acciones simbólicas rechazan la explotación de petróleo por fracturación hidráulica en Puerto Wilches, Santander.

El 17 de febrero en la vereda Tapartó en Andes, Antioquia, el Clan del golfo perpetró una masacre que dejó cinco víctimas fatales y un herido.

Alejandro Manugama Guardia Indígena del Resguardo Tahamy del Alto Andágueda en Bagadó, Chocó, fue asesinado el 17 de febrero en medio de disputas por una mina de oro; crimen que fue falsamente achacado al ELN.

José Berceli Pasiva ex combatiente del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal en Colinas, San José de Guaviare, fue atacado a tiros y el 18 de febrero murió en el hospital de Puerto Concordia, Meta.

Luz Aida Conchave Lana de 21 años, indígena Embera Dóbida pereció el 19 de febrero en Moamia, Alto Baudó, Chocó, su muerte se produjo en medio del fuego cruzado entre narcoparamilitares del Clan del Golfo y el ELN.

El 20 de febrero en el kilómetro 47 de la vía entre Maicao y Riohacha, La Guajira, perpetraron una masacre que cobró la vida tres trabajadores del Cementerio municipal.

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[1] La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos. JEP, 18-02-2021.

[2] JEP reconoce la magnitud de los “falsos positivos”. CCEEU, 18-02-2021.  

[3] Colombia: Las madres de los “falsos positivos” y su búsqueda de la verdad. Distintas Latitudes, 17-02-2021.

[4] Queremos que nos digan por qué esto pasa año tras año en Ituango: Isabel Zuleta. El Espectador, 18-02-21.

[5] En Ituango, ofrecerían 15 millones de pesos a desmovilizados AUC por volver a ser reclutados. W Radio, 16-02-2021.

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