LA NUEVA FASE DEL PARAMILITARISMO URBANO

LA NUEVA FASE DEL PARAMILITARISMO URBANO

Himelda Ascanio

El paramilitarismo colombiano creado hace 60 años bajo asesoría de Estados Unidos (EEUU), ha ejecutado diversas  fases del Genocidio contra el pueblo, en la actual crece públicamente en las grandes ciudades de la mano de los seguidores de Uribe.

Recientemente han aumentado las masacres, el asesinato selectivo y las acciones armadas por parte de civiles con total anuencia de la policía y cubrimiento publicitario por parte de las empresas de comunicación, uno de los casos más conocidos es el de Andrés Escobar quien organiza grupos armados de “autodefensa” en Cali, quien durante el Paro Nacional disparó a los manifestantes bajo la mirada cómplice de los policías que le cubrían la espalda, mientras la Fiscalía ‘mira para otro lado’.

Al norte de Cali, en Tuluá, incrementaron la decapitación de jóvenes: el 6 de octubre en el sector La Virgen encontraron la cabeza de Wilmer Mora Montoya, el 20 de junio desde una moto fue lanzada la cabeza de Santiago Ochoa en el callejón El Delirio del corregimiento Aguaclara, el 26 de julio fue decapitado Yeison Soto Gutiérrez en Andalucía, y en enero la cabeza de Manuel Fernando González Nieto fue dejada en un andén en Tuluá.

Además, prosigue la operación de Limpieza Política que durante este año cobra la vida de 136 líderes sociales, 41 excombatientes, 87 manifestantes del Paro Nacional y la perpetración de 74 masacres que dejan 267 víctimas fatales [1].

Los comandos de Limpieza Social y Política

En 1962 el General William Yarborough Comandante del Special Warfare Center de Fort Bragg en Carolina del Norte, EEUU, recomendó al Gobierno colombiano que “las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos”. Documentos desclasificados el pasado 27 de septiembre por el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EEUU, revelan el resultado de las recomendaciones de Yarborough, como una perfecta simbiosis entre narcoparamilitarismo y Fuerzas Armadas (FFAA) [2].

Tales documentos señalan que «las FFAA no han perseguido activamente a los grupos paramilitares”, el General Néstor Ramírez afirma que “estos eran delincuentes apolíticos y por lo tanto no amenazaron el orden constitucional a través de actividades subversivas”; el General Rito Alejo del Río Excomandante de la Brigada 17 del Ejército en Urabá ayudaba sistemáticamente con armamento y equipamiento a los narcoparamilitares, además ordenó a sus subalternos apoyarlos, hasta involucrarse en las masacres de Barrancabermeja, Santander el 16 de mayo de 1998 y la del Salado, Carmen de Bolívar, Bolívar, el 16 y el 21 de febrero del 2000, así como el General Jaime Humberto Uscátegui en la masacre de Mapiripán, Meta, en 1997. 

El 30 de abril a dos días de iniciado el Paro Nacional Álvaro Uribe escribió en cuenta en Twitter, “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad”, el 2 de mayo Carlos Maya Alcalde de Pereira a través de Twitter insistió en “crear un frente común para recuperar el orden y la seguridad ciudadana articulada entre civiles y FFAA”, el 9 de mayo Jorge Iván Ospina Alcalde de Cali propuso las Brigadas Organizadas Privadas y Diego Molano Ministro de Defensa planteó los Frentes de Seguridad Ciudadana.

En un conversatorio del pasado 6 de octubre, María Fernanda Cabal Senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, invitó a participar a Andrés Escobar, allí la Cabal justificó el accionar criminal e ilegal de este “empresario” asegurando que “solo defendió su barrio”.

La “Gente de Bien” que se sienten únicos con el derecho a armarse, buscan reactivar las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad (Convivir) creadas en el artículo 42 del Decreto Ley 356 de 1994, de las que Álvaro Uribe siendo Gobernador de Antioquia fue un férreo defensor y que sirvieron de semilla para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Daniel García Peña historiador y Excomisionado de Paz afirma que, “se encuentra en la vieja práctica de las élites colombianas, utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en connivencia con el Estado” [3].

Martha Nubia Bello, profesora de la Universidad Nacional asegura que “civiles armados ejerciendo justicia por cuenta propia son paramilitares o parapoliciales, no hay otra forma de llamarlos (…) no solo asesina a los opositores, sino que los intimida” [4].

Los silenciados de esta semana

Ruber Herney Dorado excombatiente en proceso de reincorporación que participaba en una cooperativa en El Bordo, fue asesinado el 9 de octubre en cercanías de Olaya en Balboa, Cauca.

La Corporación para el Desarrollo Regional que acompaña a las víctimas en la búsqueda de la verdad y garantías de no repetición, denunció que el 10 de octubre su oficina en Cali fue violentada, robaron dinero en efectivo, un computador de escritorio, tres computadores portátiles e información sensible.

Jhon Jairo Moreno Naranjo líder del Consejo Nacional de Reincorporación para el Suroccidente Colombiano y delegado del Partido Político Comunes ante la Mesa Nacional del Café, fue víctima de un atentado con arma de fuego el 12 de octubre en el Centro Histórico de Popayán, Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció que el 13 de octubre encapuchados dispararon indiscriminadamente contra la comunidad indígena, que se encuentra en el predio La Colombiana a unos kilómetros del Centro Comercial Terraplaza en Popayán.

El Cabildo de Corinto, Cauca, denunció que el 13 de octubre el Ejército ingresó a la vivienda de una familia campesina residenciada entre las veredas la Siberia y la Esther del corregimiento de Los Andes, propinaron una golpiza a Jhoser David Talaga de 18 años, causándole fracturas en las piernas y las manos.

Ana Maritza Ramírez periodista y corresponsal en Popayán de la Red de Medios Alternativos y Populares (Remap) y Giannina Dueñas defensora de Derechos Humanos, denunciaron que el 13 de octubre en el barrio La Pampa de Popayán, un individuo se les acercó y les advirtió “quieren que se repita la Noche de los lápices y las desapariciones forzadas”, el 5 de julio y el 3 de agosto la periodista había sido amenazada de muerte. 

María Estefanía Muñoz Villa excombatiente articulada en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Elvira, fue asesinada junto a su sobrina menor de edad el 14 de octubre en el sector La Raimunda de la vereda Mazamorrero en Buenos Aires, Cauca, María era compañera del excombatiente Yorbis Valencia asesinado el 25 de julio. 

María Lina Pedroza Isarama pertenecía al Resguardo Indígena de Puerto Alegre La Divisa Nauca, Comunidad Puerto Luis en el municipio Alto Baudó, Chocó, murió el 15 de octubre al pisar un artefacto explosivo mientras realizaba labores en el campo.

Jorge Eliécer Garzón Manrique excombatiente en proceso de reincorporación asesinado el 16 de octubre en el barrio Seis de Agosto de Florencia, Caquetá.

En la vereda La Primavera de Betania, Antioquia, el 17 de octubre perpetraron una masacre en que asesinaron a Alex Mendoza, Gerardo Úsuga, Carlos Carrasco y los hermanos Alejandro y Yeber Carrillo, los tres últimos de nacionalidad venezolana.

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[1] Equipo Investigación de la Revista Insurrección, 17-10-2021.

[2] Informes desclasificados de EEUU muestran relación de ejército y paras. El Tiempo, 10-10-2021.

[3] La Relación del Estado Colombiano con el Fenómeno Paramilitar: por el Esclarecimiento Histórico. Daniel García Peña, 5-01-2015.

[4] La sombra del paramilitarismo planea sobre las protestas de Colombia. El País de España, 04-06-2021.

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