INCREMENTO ABRUMADOR DE LAS VÍCTIMAS DEL “DESARROLLO”

INCREMENTO ABRUMADOR DE LAS VÍCTIMAS DEL “DESARROLLO”

Himelda Ascanio

Duque deja crisis humanitaria, involución del Estado de Derecho y la democracia, incremento de la desigualdad y la pobreza, y una ínfima implementación del Acuerdo de Paz, según el Informe redactado por más de 500 organizaciones sociales y Defensoras de Derechos Humanos (DDHH) [1].

El Informe denuncia el terrible Genocidio continuado contra el liderazgo social, que saltó de 116 asesinatos en 2016 a 309 en 2020, pasando por 171 en 2021, para un total de 859 bajo Duque; exterminio planificado que deja 1.313 líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, junto a la ejecución de 320 excombatientes, de ellos 245 bajo Duque; las masacres pasaron de 9 en 2016 a 91 en 2021, dejando un saldo total de 261 masacres con 1.114 víctimas fatales en los cuatro años.

Los homicidios pasaron de 12.298 en 2017 a 14.159 en 2021; el desplazamiento forzado lo incrementó un 675 por ciento, al pasar de 10.943 víctimas en 2016 a 73.974 en 2021; Duque también incrementó la judicialización y criminalización contra las organizaciones sociales para sofocar su protesta, pasando de 28 casos en 2018 a 58 en 2021.

Guerra para imponer el “desarrollo” neoliberal

El Informe señala que durante el 2021 perpetraron 1.472 violaciones a los DDHH, 460 lesiones físicas, 456 detenciones arbitrarias, 343 amenazas, 90 ejecuciones extrajudiciales, 46 torturas, 33 judicializaciones arbitrarias, 23 desapariciones forzadas, 16 casos de violencia sexual y 5 atentados; la Policía es responsable de 1.102 violaciones, los paramilitares de 286, la Fiscalía de 83 y el Ejército de 73.

Toda esta tragedia humanitaria es producto de la imposición del Plan Nacional de Desarrollo que con la Ley 1941 de 2018 creó las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (Zeii) y el 8 de agosto de 2019 engendró las Zonas Futuro en el Pacífico de Nariño, Sur de Córdoba y Bajo Cauca, Arauca, Parques Nacionales Naturales y el Catatumbo para despojar a las comunidades de estos territorios y abrir paso a la gran minería, megaproyectos y agronegocios; concentrando en ellas las Fuerzas de Tarea Conjuntas y los Comandos Conjuntos asesorados y comandados por las Brigadas de Asistencia de Fuerzas de Seguridad (Sfab) enviadas por Estados Unidos, que actúan a través de narcoparamilitares y los ejércitos privados de las empresas.

Incapaces de prevenir el Estallido Social

El inconformismo crece entre los jóvenes que al no ser escuchados encontraron en las calles la alternativa para exigir cambios ante el desastre que sufre el país, la respuesta del régimen sigue siendo dar trato de Guerra a la protesta social, junto a elevar las respuestas punitivas, como la Asistencia Militar legalizada con el Decreto 575 del 28-05-2021 y la Ley de Seguridad Ciudadana, que legalizó la pena de muerte con la excusa de la legítima defensa [2].

En octubre y noviembre en 2018 estudiantes de universidades públicas se movilizaron para exigir financiación para la educación superior, la arremetida policial dejó varios heridos; el 13 de diciembre en Popayán el Esmad le disparó al líder estudiantil Esteban Mosquera en la cara y perdió un ojo, posteriormente fue asesinado el 24 de agosto de 2021.

En abril de 2019 la Minga Indígena bloqueó la vía Panamericana por el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos, la que terminó con el asesinato del líder Deiner Ceferino Yunda; en noviembre diversos movimientos sociales convocaron al Paro Nacional 21N, luego el 21 de diciembre la policía militarizada del Esmad asesinó a Dilan Cruz estudiante de 17 años, dejando varios heridos con traumas oculares.

El 8 de septiembre de 2020 la Policía torturó y asesinó a Javier Ordóñez, miles de personas rechazaron este crimen en Bogotá y Soacha los días 9 y 10, protesta cruelmente reprimida que dejó 13 manifestantes asesinados y 305 heridos.

El 24 de febrero de 2021 en una manifestación estudiantil el Esmad le disparó en el ojo a Gareth Sella líder del movimiento de Escudos Azules; durante el  Paro Nacional iniciado el 28 de abril el régimen asesinó a 87 manifestantes, además de dejar 1.929 heridos, 103 con traumas oculares graves, 3.546 detenciones arbitrarias, 106 víctimas de violencias basadas en género, 471 desaparecidos, luego 276 fueron hallados de estos 23 encontrados sin vida en el río Cauca, otros desmembrados en las calles o incinerados en centros comerciales [3].

En seguida de este Paro Nacional de tres meses el régimen ha judicializado 267 integrantes de las Primeras Líneas en 57 operaciones militares que incluyeron 167 registros y allanamientos, a los que se suman las 23 capturas y 50 allanamientos que acaban de hacer el 14 y 16 junio en Bucaramanga, Cali, Yopal y Bogotá.

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[1] Hambre y Guerra: el legado del aprendiz. Pcdhdd, Cceeu y Alianza, 14-06-2022.

[2] Informe final de la Misión de Observación Internacional por garantías a la Protesta Social y contra la impunidad en Colombia, 7-10-2021.

[3] El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021. Defender la Libertad, 16-12-2021.

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