FALSEAN LAS ESTADÍSTICAS PARA OCULTAR LA MATANZA

FALSEAN LAS ESTADÍSTICAS PARA OCULTAR LA MATANZA

Himelda Ascanio

El Gobierno Duque mientras niega el Conflicto Interno y minimiza sus impactos, a través del contubernio entre narcoparamilitares y Fuerzas Armadas (FFAA) incrementa la violencia para eliminar a opositores, defensores de las comunidades y de los bienes comunes.

En el más reciente Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU, el Presidente Duque aseveró que durante el 2020 solo asesinaron 66 líderes sociales [1], cifra que dista considerablemente de la suministrada por otras entidades y organizaciones, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) reporta 133, la Procuraduría 182 e Indepaz 310.

Julieth de Rivero representante de la Acnudh al presentar el Informe de 2020 aclaró que “las cifras constituyen apenas una muestra de los casos ocurridos y no dan cuenta del universo completo”; los departamentos más afectados por el exterminio de líderes sociales son Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca [2].

Según la Acnudh el 2020 registró la cifra de masacres más alta desde 2014 con 76 casos y 292 víctimas fatales entre ellas 23 mujeres, 24 niños,sin sumar 5 masacres que están en proceso de verificación.

El Informe registra 449 violaciones contra periodistas, 42 casos donde están implicadas la Policía, el Ejército y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), donde asesinaron 73 personas, 38 en operaciones militares, 13 durante protestas del 8 y 9 de septiembre en Bogotá y cuatro cuando las víctimas estaban en custodia. 

Brutalidad policial sistemática e impune

La Ong Temblores reportó que la policía asesinó a 86 personas en el año 2020 de las cuales 24 están registradas con alguna condición de vulnerabilidad: Afrodescendientes, migrantes, indígenas o consumidores de drogas, 7.992 casos de violencia física y 30 casos de violencia sexual [3].

El codirector de Temblores afirma que “existe un andamiaje al momento de juzgar estos crímenes”, la Fiscalía General solo ha impuesto dos condenas desde 2017, lo que representa el 0,69 por ciento de los casos y la mayoría los remite a la Justicia Penal Militar [4] donde quedan en la más completa impunidad.

Este 24 de febrero en el marco de las protestas contra la brutalidad policial se registró un total de 5 personas detenidas, 20 lesionadas y 4 heridas de gravedad entre ellas Gareth Steven Sella de 24 años, artista que perdió la visión en su ojo izquierdo a causa de una bala marcadora utilizada por la policía militarizada del Esmad. 

A más militarización, más persecución y más exterminio 

El 21 de febrero en la vereda Puerto Rico, sector Alto Mira y Frontera los narcoparamilitares perpetraron una masacre que dejó 8 víctimas fatales entre campesinos e indígenas y también secuestraron a 4 más. Posteriormente hallaron 3 cadáveres en la vereda El Carmen y otros dos en El Paltar, corregimiento de Llorente, Tumaco, Nariño; crímenes cometidos con la presencia cercana del Batallón de Despliegue Rápido No 5 adscrito a Fudra 2 del Ejército [5].

Marcos Pai de 40 años, ex Gobernador del Resguardo Indígena Awá La Brava, fue asesinado el 21 de febrero en la vereda La Variante en Tumaco, Nariño.

Juan David Díaz Chamorro líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) Capítulo Sucre, el 22 de febrero fue amenazado de muerte junto a Sebastián Felipe Escobar Uribe abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). 

Miguel Yesid Daza líder campesino de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), el 23 de febrero fue capturado por el Ejército en la vereda Plan Brisas en Aguazul, Casanare, como parte del plan de criminalizar a los líderes sociales.

Jhon Albeiro Pai Pascal pertenecía al Resguardo Indígena Awá y se desempeñaba como Fiscal del Cabildo Piguambí Palangala en el corregimiento de Llorente en Tumaco, Nariño, fue asesinado el 24 de febrero.

El 25 de febrero en la vereda Nueva Granada en Peque, Antioquia, el enfrentamiento entre narcoparamilitares del Clan del Golfo y las FARCcobró la vida de Elisabeth Ortega Torres quien tenía 9 meses de embarazo; estos hechos generaron el desplazamiento de 114 personas y otras 200 más están en alto riesgo. 

La Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria el 25 de febrero emitió una alerta por amenazas de los narcoparamilitares contra las comunidades rurales y urbanas de Sácama, Salina, Támara y Aguazul en Casanare, y de Pajarito, Pisba y Paya en Boyacá. 

El Cabildo Indígena del Resguardo Paéz de Corinto – López Adentro de Caloto, denunció el secuestro de los comuneros Javier García Giraldo y Jaider Estiben Yuwe Yaqui el 26 de febrero.

Fuener Reinaldo Plazas González Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del corregimiento Chaparrera en Yopal, Casanare, ha liderado movilizaciones en rechazo a los daños ambientales e incumplimiento de acuerdos por Ecopetrol, el 26 de febrero fue judicializado injustificadamente.

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[1] 182 vs. 66: la diferencia entre cifras de Defensoría y Gobierno sobre asesinato de líderes sociales. Blu Radio, 22-02-2021.

[2] La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH destacó la cifra de masacres en 2020. Asuntos Legales, 24-02-2021.

[3] Policía habría asesinado a 86 personas en 2020, según ONG Temblores. Cable Noticias, 25-02-2021.

[4] Abusos del Esmad y economía bogotana. Red Más, 26-02-2021.

[5] Nueva masacre en zona rural de Tumaco, Nariño. Contagio Radio, 22-02-2021.

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