Hernando Martínez
Los colombianos lidiamos con un régimen que usa pulso firme para asesinar, desterrar y despojar a las mayorías nacionales, y corazón grande para exonerar a bancos y empresas de sus obligaciones; pulso firme contra Latinoamérica y corazón grande para instigar la intervención gringa.
El Plan Colombia impuesto por Estados Unidos, es presentado como parte de su Guerra contra las drogas, ha sido una nefasta campaña contrainsurgente, conducida desde el Comando Sur de EEUU, con el que aplica la estrategia de “quitar el agua al pez” y dar trato de “enemigo interno” a los movimientos populares que luchan por cambios, por medio de una Guerra sucia hecha través de grupos paramilitares.
Álvaro Uribe en sus dos mandatos (2002-2010) al Plan Colombia le dio el nombre publicitario de la Seguridad Democrática, que resultó en masacres, destierro y despojo de tierras; campaña de terror que dejó 3.374.270 víctimas, el mayor número habido en 70 años de Conflicto Interno [1], incluido el asesinato por parte del Ejército de más de 3.500 jóvenes, entre el 2006 y 2010, con operaciones denominadas Falsos Positivos.
El Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) adelantó Procesos de Paz con las FARC y el ELN, sin desmontar el Plan Colombia, ni la Doctrina Militar que mantiene activo el paramilitarismo. En marzo de 2016 en la Casa Blanca, Santos se congratuló con Barack Obama por los resultados del Plan Colombia [2] y en 2018 asoció a Colombia a la OTAN, la mayor alianza bélica que existe [3].
El Plan de Defensa y Seguridad del Gobierno de Duque define como amenaza tradicional el terrorismo y el crimen internacional, y una nueva amenaza “relacionada con la intención de afectar la integridad territorial, en el contexto de inestabilidad en países vecinos y la injerencia de potencias extra hemisféricas” [4]. Plan que no reconoce la existencia del Conflicto Armado, ni muestra disposición a resolverlo, pero prevé participar en teatros de Guerra Mundial que incluyen la agresión contra sus vecinos.
Extractivismo y enriquecer más a los súper ricos
El plan militar del régimen soporta el modelo económico, que le quita los recursos al Estado y los entrega a los ricos. Grava con IVA a productos de la canasta básica, mientras rebaja y quita impuestos a los grandes ricos y sus empresas.
El Gobierno de Uribe entregó miles de concesiones mineras a las grandes empresas. La ‘Locomotora minera’ de los dos periodos de Juan Manuel Santos terminó de abrir las puertas al saqueo de la gran minería en páramos y Parques Naturales Nacionales, que ha sido frenado parcialmente por la resistencia popular.
La restitución de tierras despojadas a los campesinos no avanza y por el contrario durante el Gobiernos de Santos miles de hectáreas en la Altillanura del Orinoco fueron otorgadas a grandes empresas. El Gobierno de Duque clausuró la restitución de tierras despojadas, y los programas agrarios, étnicos y territoriales acordados en el Proceso de Paz.
Sistema político corrupto y mafioso
Durante los 2 periodos presidenciales de Álvaro Uribe, la corrupción adquirió la forma de Parapolítica y Yidispolítica. La Parapolítica gangrenó al Congreso de la República, la Fiscalía, la Agencia de espionaje estatal (DAS) y las Fuerzas Armadas.
Durante el Gobierno de Santos la corrupción la enmascararon con sobornos a los que llamaron ‘mermelada’. Iván Duque ganó las elecciones de 2018 gracias a las presiones y dineros de los Carteles de narcotraficantes, fraude al que se le conoce como Ñeñepolítica.
Mienten, insultan y amenazan para polarizar
Las fuerzas de extrema derecha violenta que siguen a Uribe, con un discurso de odio lograron imponer en el Plebiscito de 2016 el No al Acuerdo de Paz de La Habana, luego con la renegociación lograron que el Sistema de Verdad y Justicia para la Paz no investigara a los ex Presidentes como máximos responsables y a los empresarios etiquetados como ‘terceros’.
Duque fustigó la medida de casa por cárcel para Álvaro Uribe que dictó la Corte Suprema de Justicia, argumentó que la Corte actuó contra un inocente y aspira a reformar la Justicia. El Centro Democrático propuso convocar una Asamblea Constituyente, para suprimir la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Al parecer este tercer Gobierno de Uribe -que en apariencia encabeza Duque-, parece estar perdiendo el apoyo de una parte de los partidos de la oligarquía. Los colombianos que queremos el fin del régimen que desangra la nación, no podemos olvidar que en 2018, cuando fuerzas progresistas encabezaron una plataforma para elegir un Gobierno que lidere los cambios para la paz, toda la derecha se unió alrededor de Duque como candidato de Uribe.
_____
[1] Pastrana y Uribe, el 70,13 por ciento del total de víctimas del conflicto armado. Revista Semana, 10-09-2016.[2] Santos y Obama celebran 15 años del Plan Colombia. Nodal, 4-02-2016.[3] Colombia formalizó su ingreso a la OTAN. France 24, 31-05-2018.[4] Política de Defensa y Seguridad (PDS) para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad. Ministerio de Defensa, 12-01-2019.
1 Comentario
Ante la cruda realidad, el pueblo colombiano deberà ampliar la perspectiva històrica para que se concrete la percepciòn segùn la cual «este tercer Gobierno de Uribe – que en apariencia encabeza Duque-, parece estar perdiendo el apoyo de una parte de los partidos de la oligarquìa». En todo caso, es recomendable un riguroso discernimiento con miras a una adecuada racionalizaciòn polìtica en torno a situaciones que dejan en evidencia la unidad de criterio y de acciòn de esa oligarquìa en relaciòn con su control y usufructo del aparato del Estado. Para ejemplificar tal unidad, basta un anàlisis crìtico de la elecciòn de los responsable de entes de control como la Procuradurìa General de la Naciòn, la Fiscalìa General de la Naciòn y la Contralorìa General de la Repùblica. En ese orden de ideas, en las pròximas semanas, el Senado de la Repùblica elegirà como responsable en la Procuradurìa a la hasta hace unos dìas Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco. Los ùnicos oponentes a esa elecciòn predeterminada serà la bancada de oposiciòn. Dicha elecciòn en un Senado de bolsillo no es fortuita toda vez que la «candidata» es muy cercana a poderosos clanes regionales de la Costa Atlàntica como los Name, Char y/o Gerlein, y su entorno familiar ha estado vinculado a condenados por «parapolìtica», como Mauricio Pimiento (Fundaciòn Paz y Reconciliaciòn -PARES-, 5 de agosto de 2020). En el caso de la Fiscalìa General de la Naciòn, su titular, Francisco Barbosa Delgado, fue elegido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de cinco deliberaciones fallidas (El Tiempo, 30 de enero de 2020). Llama la atenciòn en este caso que Barbosa Delgado fue condiscìpulo en la Universidad Sergio Arboleda del Presidente de la Repùblica, Ivàn Duque Màrquez, allì forjaron una estrecha amistad y el Fiscal llevaba «a tren» al Presidente en los deberes acadèmicos, segùn «las calumnias de la oposiciòn». Mucha «coincidencia» tal elecciòn. Para finalizar, la elecciòn de Carlos Felipe Còrdoba Larrarte como Contralor General de la Repùblica no desentona, toda vez que «El apoyo de las distintas bancadas polìticas fue determinante para que el ex-Auditor General fuera elegido como nueva cabeza del ente de control fiscal gracias a los 203 votos que recibiò tras el escrutinio en el pleno del Congreso» (Portafolio, 20 de agosto de 2018). Lo anterior, sin abundar en el nepotismo cruzado existente hasta hace unos dìas entre las màximas instancias de la Fiscalìa y la Contralorìa: Marcela Yepes, esposa del Contralor, Directora Ejecutiva de la Fiscalìa, y Walfa Tèllez, esposa del Fiscal, ejerciendo como Contralora Delegada (Revista Semana, 7 de agosto de 2020). Què manejo tan probo de la Adminstraciòn Pùblica en este paraìso e infierno a la misma vez con nombre de paìs!!!…