Himelda Ascanio
La sociedad colombiana se mantiene en las calles pacíficamente, exigiendo al Gobierno que desista de las políticas neoliberales, haga una verdadera de Paz donde cumpla con los Acuerdos de Paz y reinicie la Mesa de Diálogo con el ELN.
La respuesta del Gobierno a las multitudinarias movilizaciones y diversas expresiones de protesta que siguen en el país desde desde el 21 de noviembre, ha sido la represión, por medio de la policía militarizada del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
¿Quién ordenó el uso de la fuerza bruta?
Lorena Medina de la organización Defender la Libertad, manifestó que desde que comenzaron las protestas estudiantiles, «se han contabilizado 14 agresiones a órganos blandos, de las cuales tres de ellas han acabado con pérdidas de ojos” [1].
Los Senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, instauraron una denuncia en la Fiscalía General de la Nación, contra el General Óscar Atehortúa, Director de la Policía Nacional, el General Hoover Penilla, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y el General Jorge Luis Vargas, Director del ESMAD, por el exceso de fuerza ejecutado por el ESMAD [2].
Los senadores también denuncian, que se presentaron 831 casos de retenciones a ciudadanos y otros 25 casos de personas heridas, solamente entre el 21 y el 23 de noviembre.
Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el asesinato de Dylan Cruz Medina se trató de un homicidio, producido tras recibir un impacto en la cabeza con una munición Big Bag lanzada por una escopeta calibre 12, por un miembro del ESMAD.
El soldado Brandon Cely Páez de 21 años, adscrito a la Brigada 13 del Ejército Nacional, el 26 de noviembre a través de un vídeo declaró su apoyo al Paro Nacional; tras recibir señalamientos de sus superiores, amenazas de judicializarlo y matoneo de otros soldados, este soldado se suicidó.
Cristian Camilo Caicedo, el pasado 27 de noviembre participaba de las movilizaciones de Bogotá; en cercanías de la Calle 183 con Autopista Norte los manifestantes pacíficos fueron atacados por el ESMAD, lo que generó una estampida y Cristian cayó de un puente peatonal, originándole un trauma cráneo encefálico.
Represión y falsos positivos judiciales
Según el Informe presentado por Indepaz sobre líderes y defensores de DDHH, desde la posesión de Duque hasta el 26 de julio de 2019, han sido asesinados 106 campesinos ambientalistas comunales o impulsores del Plan de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (PNIS).
El 27 de noviembre fueron capturados 9 líderes reclamantes de tierras de la zona rural de Guacamayas, en Turbo, Antioquia; varias organizaciones sociales advierten que podría tratarse de un falso positivo judicial.
Nelly Osorno, Directora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), afirmó, “nos preocupa que se esté configurando un falso positivo judicial, una acción orquestada por empresarios y administradores de las fincas restituidas en retaliación de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia” [3].
La empresa Carbones del Cerrejón pretende desalojar a 25 familias indígenas del pueblo wayú, de un predio de 19 hectáreas de zona verde alrededor del arroyo Bruno, considerado el último vivo de La Guajira; además el líder Wayúu y defensor del arroyo Misael Socarrás, ha manifestado amenazas en su contra.
Continua el extermino del liderazgo social
Emiliano Chocué, guardia indígena del resguardo de Chimborazo, Morales, Cauca; fue asesinado el 18 de noviembre mientras realizaba labores de registro y control, mientras que José Santos Tombé resultó herido.
Walter Enrique Rodríguez de 48 años, Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Miguel, Taraza, y miembro de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC); el 19 de noviembre fue secuestrado en San Miguel y trasladado a la vereda La Esmeralda, donde sus captores lo asesinaron.
Hernán Antonio Bermúdez, dirigente del Concejo Comunitario de afrodescendientes El Eneal y líder de restitución de tierras en Riohacha, en la zona de Pelechua; fue asesinado el 24 de noviembre.
Bernardo de Jesús Chancí, Presidente de la JAC de la vereda San Agustín de Leones en Ituango, Antioquia, y apoyaba labores de sustitución de cultivos de uso ilícito; fue asesinado el 25 de noviembre.
Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles el 24 de noviembre dispararon contra unos 400 campesinos integrantes de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor), que se oponían a la erradicación forzada y le exigen al gobierno el cumplimiento del Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS).
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[1] Resumen Latinoamericano: Tras la muerte del estudiante Dilan